COLIMA, Col. (apro).- Directivos del ejido Luis Echeverría Álvarez, del municipio de Armería, denunciaron que las autoridades agrarias de la entidad han actuado con indolencia frente a un conflicto generado por un error de la antigua Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), mismo que podría derivar en la pérdida de una superficie de casi 30 hectáreas de tierras de playa. Antonio Jaime Navarrete Estrada, presidente del comisariado ejidal, advirtió que en los próximos días podría ejecutarse una sentencia del Tribunal Unitario Agrario que despojaría de la tierra a los campesinos, sin que las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Registro Agrario Nacional  (RAN) ni la Procuraduría Agraria (PA) hayan actuado para concluir las negociaciones del programa Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), cuyos trámites fueron iniciados desde 2012. Constituido en 1978 con una dotación de 234 hectáreas, de las que se entregaron 131 de manera parcial y con demora de tres años, el ejido continúa a la espera de la posesión de las 103 hectáreas faltantes. Pero esa no es la única irregularidad. Navarrete Estrada dijo que además de no haber recibido la dotación completa, en 2002 la SRA (hoy Sedatu) “cometió un error que nos generó a los ejidatarios el conflicto, pues de manera indebida excluyó del plano definitivo de nuestra dotación un predio de casi 30 hectáreas, que actualmente estamos en riesgo de perder”. El ejidatario narró que en 2006, aprovechándose del error de la dependencia gubernamental, el pequeño propietario José Cortez Vargas reclamó esa superficie mediante un juicio de nulidad, que ganó después de varias etapas procesales. Más tarde, en 2010 y 2012, las autoridades judiciales intentaron ejecutar la sentencia, pero en ambas ocasiones los campesinos impidieron las diligencias y ganaron tiempo mediante la interposición de juicios de amparo. De acuerdo con el dirigente campesino, la enajenación de esas 30 hectáreas en favor del pequeño propietario podría desatar un conflicto en el ejido. Y es que, desde hace varios años, la mayor parte de esa superficie fue vendida a un grupo de particulares, por lo que estos últimos podrían desencadenar una serie de demandas contra los ejidatarios. Por ese motivo, expuso Navarrete, los ejidatarios iniciaron los trámites para ingresar este asunto al programa Cosomer, de la Sedatu, en busca de que ésta aporte recursos para resolverlo y, con ello, se preserve la paz entre el núcleo agrario y los particulares. Además, expresó su preocupación porque después de casi 10 años de iniciado el conflicto, el problema no ha sido resuelto. En cambio, dijo, “estamos viendo la intromisión ilegal de algunos funcionarios que podrían entorpecer la solución en demérito de los intereses de los ejidatarios”. Antonio Jaime Navarrete Estrada, presidente del comisariado ejidal Luis Echeverría Álvarez, denunció que las gestiones de la delegación estatal de la Sedatu no han tenido la agilidad que el caso amerita. Y es que, dijo, les han negado información, mientras que la subdelegada jurídica de esta dependencia y el delegado del RAN han participado en reuniones con particulares que tienen la posesión de algunas de las tierras en litigio. Esos encuentros han sido a espaldas de los miembros del ejido “a quienes deberían defender”. Navarrete Estrada refirió que ante la negativa del pequeño propietario de recibir 18 millones de pesos que ofrece a nivel central la Sedatu para resolver el conflicto, se hace necesario que esa cantidad sea depositada en el Tribunal Unitario Agrario para que el ejido esté en condiciones de pagar a los particulares que podrían perder los terrenos. Demandó que la nueva titular de la Sedatu, Rosario Robles, autorice que esa cantidad sea depositada en el Tribunal para poner fin al conflicto. “No existe otra alternativa, porque nos encontramos ante el riesgo inminente de que se ejecute la sentencia sin que exista el pago anticipado del Cosomer, por lo que si ocurre de esta manera se perdería la esencia del programa”, alertó. La apoderada legal del ejido, Irma Leticia Rivera Acevedo, aseguró que en lugar de buscar la solución del conflicto, las autoridades agrarias estatales han obstaculizado el procedimiento. Entonces, advirtió que de no resolver el conflicto, incrementarán las medidas en su lucha social. “Hacemos un llamado a las autoridades centrales del sector agrario en la Ciudad de México para agilizar el procedimiento para la solución de este conflicto y hacemos responsables a los funcionarios agrarios del estado que han entorpecido los avances de las negociaciones, lo que ha generado el riesgo de que puedan ocurrir hechos lamentables”, concluyó.