HERMOSILLO, Son. (apro).- La Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE) exoneró a 14 “padres adoptivos” implicados en la red de tráfico de menores que operaba desde 2012 en esta entidad. La Fiscalía local informó que se desistió de toda acción penal contra los jefes de familia bajo la figura legal del “Interés Superior del Menor”, consignado en tratados internacionales para defensa de los derechos de los niños y porque “los menores no estarán mejor que con quienes ha conocido siempre como padres”. El procurador sonorense Carlos Navarro detalló que los tres menores recuperados por la autoridad ya fueron regresados a los “padres adoptivos”, en tanto se conozca la identidad de los padres biológicos, que hasta momento no se ha encontrado alguno. “Los exonerados vivirán con el temor de que los verdaderos padres toquen a sus puertas un día y exijan que les sean devueltos sus pequeños”, subrayó. A los menores que fueron asegurados por la Fiscalía se les tomó muestras de ADN que serán contrastadas con quienes presuman ser progenitores de los pequeños. El fiscal exhortó al resto de “padres adoptivos” que se acerquen a la autoridad para documentar y definir los alcances de la red de tráfico de menores que operó los últimos tres años en Sonora. Además abundó que la Procuraduría, con el apoyo de la Interpol, emitió una alerta en 189 países a fin de aprehender a Vladimir Arzate Carbajal, exsubprocurador de la Defensa del Menor del DIF Sonora, inculpado confeso y cabecilla de la red de compraventa de al menos 13 menores y su cómplice, José Manuel Hernández López. DIF le quitó siete hijos Alertada por la red de tráfico de menores que opera entidad, Blanca Azucena Gámez Paredes interpuso una denuncia ante la PGJE porque en septiembre de 2012 el Sistema DIF Sonora le arrebató siete hijos. La afectada señaló que el director del albergue infantil Unacari, Julián Arce, agilizó deliberadamente los trámites para declarar en “abandono” a los pequeños y obtener de inmediato la patria potestad de los infantes, a fin de otorgarlos en adopción. Se trata de Pablo, de 4 años de edad; Ángel, de 5; David, de 7; Manuel, de 9; Deyanira, de 10; Jazmín, de 12, y Viviana, de 13 años. “No me dan muchas esperanzas por mis hijos, tal vez el viernes me digan dónde tengo que llevar los papeles para poder pelearlos y que también me digan en qué manos quedaron”, lamentó la denunciante. En relación con las niñas, le informaron a la mujer que se encuentran en distintos albergues infantiles de Ciudad Obregón, a unos 270 kilómetros al sur de esta capital, y le recordaron que desde hace tres años perdió la patria potestad de las menores. Desde que el Sistema DIF Sonora separó a los niños de la madre, se bloqueó toda visita y, según el director Arce, “los menores fueron dados en adopción”. La madre de familia afectada admitió su adicción al consumo de “crystal”, pero aclaró que ya se rehabilitó. Además expuso que por motivo de su adicción la paraestatal debió dejar a un familiar bajo resguardo de sus menores, como lo ordena el protocolo de cuidados infantiles. Sin embargo, los funcionarios presionaron a la mujer al punto de firmar hojas en blanco, con los membretes del Sistema DIF Sonora, que supone que fueron utilizadas para otorgar en adopción a sus pequeños. El funcionario que llevó el caso de los siete menores fue Vladimir Arzate Carbajal, exsubprocurador de la Defensa del Menor del DIF Sonora.