MÉXICO, D.F. (apro).- No fue el exceso de lluvia el único factor que provocó el derrame de más de 40 millones de litros de sulfato de cobre sobre los ríos Sonora y Bacanuchi el 6 de agosto de 2014; también las 55 irregularidades en las que incurrió la empresa Buenavista del Cobre (BDC) –filial del Grupo México– para maximizar las ganancias que sacaba de su mina de cobre en detrimento de sus obligaciones ambientales, según revela un estudio publicado este martes por el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER). De acuerdo con el amplio estudio, elaborado con base en solicitudes de información, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó estas irregularidades “en sucesivas inspecciones realizadas a BDC después de ocurrido el derrame” en la cuarta mina con mayor producción de cobre del mundo. “La autoridad ha encontrado a la minera responsable del incumplimiento de la normatividad ambiental aplicable y además ha demostrado que BDC ha sido negligente y ha obtenido beneficios económicos al disminuir sus costos por evadir el cumplimiento de las normas ambientales”, dice PODER. La Profepa multó a la empresa con 22 millones 959 mil pesos, clausuró parcialmente a la mina e implementó un fideicomiso con un fondo de 2 mil millones de pesos sin transparentar a la fecha los criterios metodológicos para ejercer dichos recursos. El día del derrame, la empresa de Germán Larrea Mota Velasco esperó más de 25 horas antes de advertir a las autoridades de lo que el gobierno federal calificó posteriormente de “peor desastre ambiental de la historia reciente de México”. En su informe, la organización observó que la contaminación de la mina puede provocar graves daños a la salud pública, por tanto las infracciones se consideran graves debido a las consecuencias al momento que el proceso productivo de la empresa emite partículas suspendidas, las cuales pueden irritar el sistema respiratorio o dañar los mecanismos de ventilación en los pulmones y generar desequilibrios ecológicos. Y evidenció que la mina no cuenta con un sistema adecuado de control y prevención de emisiones contaminantes, no realizó los exámenes y las muestras necesarias ni pudo acreditar que construyó unos bordos para aumentar la captación de líquidos, entre ellos del agua pluvial. Es más: hizo certificar a los transformadores que contenían residuos tóxicos por laboratorios no acreditados. A través de un informe denominado “Análisis de incumplimientos de la normatividad ambiental por parte de Buenavista del Cobre, S.A. de C.V.”, los integrantes de Poder documentaron las irregularidades cometidas por las autoridades ambientales e interpusieron seis recursos de amparo, a fin de que se garantice la  participación del gobierno federal en la  remediación del derrame, que las mineras respeten el medio ambiente y obligar a Buenavista del Cobre que repare el daño de forma integral. Finalmente, la asociación civil denuncia que no se han realizado los estudios para determinar la afectación real del derrame: la propia Profepa admitió que las actividades de limpieza sólo se realizaron en el arroyo Tinajas, pero no en los ríos Bacanuchi y Sonora. Tampoco cumplió con su compromiso de llevar a cabo un estudio hidrogeológico, cuyos resultados debían darse a conocer a finales de noviembre pasado.