CAMPECHE, Camp. (apro).- A dos días de concluir su periodo, la LXI Legislatura aprobó por la vía fast track las cuentas públicas del exgobernador Fernando Ortega Bernés, quien terminó su gestión el pasado martes 15, pero dejó un déficit financiero a su sucesor Alejandro Moreno Cárdenas. En sesión extraordinaria, a la que sólo asistieron 29 de los 34 diputados con los que se quedó la actual legislatura, la bancada priista mayoriteó la votación para aprobar la cuenta pública del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2015. De acuerdo con el dictamen aprobado, en el periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2015 el gobierno del estado reportó ingresos por 14 mil 518 millones 66 mil 695 pesos; y sus egresos hasta el 31 de agosto ascendieron a 15 mil 166 millones 842 mil 869. La deuda pública directa del gobierno que dejó Ortega Bernés es de 813 millones 102 mil 426 pesos. El gobierno saliente entregó las cuentas al Congreso en vísperas de su salida, pero según el dictamen la Auditoría Superior del Estado (ASE) en escasos días “auditó” 19 entidades, entre dependencias y organismos descentralizados, a los que emitió 21 recomendaciones, pero ninguna observación. En contra del dictamen habló el diputado Manuel Zavala Salazar, de Morena, quien calificó las cuentas como “maquilladas, trabajadas, orquestadas, pactadas...”. Luego, acusó a sus homólogos de ser omisos ante la corrupción que “a la vista de todos” imperó en el gobierno de Ortega Bernés, a quien los diputados priistas deben el cargo que están por terminar. La legislatura que se va, aseguró, no hizo nada por combatir la corrupción “ni sancionó a los funcionarios que robaron a diestra y siniestra”. José Manrique Mendoza, del PRI, le respondió que su discurso “repetitivo, torpe y agresivo” es inútil. “Aquí lo que cuenta son los votos; los discursos reiterativos y torpes no sirven para nada, porque no aportan nada. Votamos a favor del dictamen para que la ASE actúe, lo demás no importa”, le asestó. Al final, el dictamen de las comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y de Control Presupuestal y Contable fue aprobado con 19 votos a favor y 10 en contra. De éstos últimos, fueron los de Morena, PRD, PT y del PAN, aunque de esta bancada faltaron cuatro integrantes, entre ellos su coordinadora y presidenta estatal, Yolanda Valladares Valle. En el decreto correspondiente se anotó que “la calificación de la cuenta pública no exime a quien o quienes resulten relacionados con los procedimientos de determinación de responsabilidades que inicie la Auditoría Superior del Estado”. Finalmente, y después de dispensar más trámites, por mayoría de 27 votos a favor y dos en contra, se aprobaron también la adición de un último párrafo al Artículo 28 y un último párrafo al Artículo 29 de la Ley de Deuda Pública del Estado y sus Municipios. Promovida por el PRI, la iniciativa abrió un candado: “No requerirá autorización de la legislatura el trámite correspondiente a la afectación de fondos de aportaciones federales que correspondan a los municipios que sean susceptibles de afectación para garantizar obligaciones en caso de incumplimiento o servir como fuente pago de obligaciones”. El presidente de la Junta de Gobierno y Administración, Ramón Ochoa Peña, dijo que al concluir la legislatura cada diputado se llevará aproximadamente 400 mil pesos. Aclaró que no habrá bono y que la suma incluye la dieta final, parte proporcional del aguinaldo y el fondo de ahorro. Así terminará la LXI, con 34 de los 35 diputados con los que empezó, pues uno de ellos abandonó –junto con su suplente– la representación del sexto distrito, el de la zona rural de este municipio, para brincar a otro cargo público.