TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) denunciaron la obstrucción de las autoridades para aplicar el Protocolo de Estambul en casos de tortura en la entidad. En una carta pública, destacaron que dos expertos independientes en la aplicación del Protocolo de Estambul, integrantes del CCTI, acompañados por integrantes del Frayba, realizarían trabajo de defensa, documentación y aplicación del Protocolo a 11 personas internas en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) de San Cristóbal de las Casas, Cintalapa y Playas de Catazajá. Las personas a las que se aplicaría el Protocolo de Estambul son en su mayoría indígenas –dos de ellas mujeres– que padecen diferentes niveles de deterioro en su salud física y mental por falta de atención médica y psicológica, incluso hay dos con problemas de salud graves que requieren una valoración y atención urgente, adecuada e imparcial. Con antelación el Frayba solicitó por escrito a las autoridades penitenciarias el ingreso de los peritos independientes a las cárceles correspondientes, y que se garantizaran las condiciones necesarias para las entrevistas médicas y psicológicas, sin embargo, las autoridades en todo momento dieron respuestas lentas y confusas e incluso argumentaron actividades deportivas en los centros penitenciarios, lo cual fue desmentido por los afectados. A pesar de las gestiones que se realizaron con varias autoridades competentes a la solicitud presentada, la respuesta siempre fue evasiva y ninguna autoridad se hizo responsable de dar una respuesta adecuada y hasta las mismas autoridades se contradecían, siempre con la intención de obstruir el trabajo de documentación. Eso, según los activistas, evidencia una vez más cómo el Estado mexicano se niega a dar salida a esas denuncias, ignorando las recomendaciones hechas por instancias nacionales e internacionales respecto de la investigación de calidad en casos de tortura. En su momento, el Relator sobre Tortura de las Naciones Unidas, Juan Méndez, manifestó su preocupación porque “los expertos independientes capacitados en aplicar el Protocolo son escasos y enfrentan obstáculos para acceder a las víctimas privadas de libertad”. En el contexto en el que se discute el Proyecto de Ley General sobre Tortura, las autoridades del estado de Chiapas dejaron ir la oportunidad de mostrar su interés para investigar hechos de tortura en personas privadas de su libertad y abonar por una mayor credibilidad en la protección de los derechos humanos de las personas sobrevivientes de tortura. “Es importante mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene conocimiento de la situación en la que se encuentran varias de las personas detenidas que los peritos independientes visitarían, por lo que en las reuniones que tendrán integrantes del Frayba con las y los comisionados de la CIDH, durante su visita in loco que realizarán a México, se informará de la situación de indefensión en que se encuentran las víctimas de tortura en Chiapas”, se lee en la carta. “Lamentamos que el gobierno de Manuel Velasco Coello, a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el comisario general Jorge Luis Llaven Abarca, realicen actos de obstrucción a la defensa de los derechos humanos”, subrayaron los activistas. Asimismo, urgieron al gobierno de Manuel Velasco Coello que se brinden todas las facilidades para que en fechas posteriores los peritos independientes, en compañía de integrantes del Frayba, puedan realizar las acciones de documentación y defensa de los derechos humanos, así como la aplicación del Protocolo de Estambul.