Congreso de Sonora derrocha 31 mdp en "súper asistentes"

martes, 29 de septiembre de 2015
HERMOSILLO, Son. (apro).- La LX Legislatura destinó más de 31.1 millones de pesos en pagos a los asistentes personales de cada uno de los 33 diputados que integraron el Congreso local de 2012 al 15 de septiembre pasado. La Dirección General de Administración del Congreso local informó que al 31 de agosto de este año, cada asistente recibió como liquidación 106 mil 868 pesos, en promedio, por los conceptos de dieta, indemnización de tres meses, compensación de 20 días por cada año trabajado y los proporcionales de aguinaldo, prima vacacional, bono navideño y ajuste de calendario. Según el reporte, los 33 asistentes devengaron un salario mensual de 20 mil pesos a razón de 16 mil de sueldo y 4 mil en compensaciones. Estos empleados recibieron un salario similar al de un jefe de departamento que labora en el Poder Ejecutivo, como se puede constatar en una comparación de partidas del capítulo 10000, de Servicios Personales. Cada año, la Cámara del Congreso local presupuesta en promedio 9.2 millones de pesos para que los diputados gocen de un asistente personal. Al cabo de tres años, esta cifra totaliza 27.6 millones de pesos que se suman a los 3.5 millones que se erogan en liquidaciones al finalizar cada legislatura. En este reporte financiero no se incluye el pago de "asesorías a terceros", que son los expertos contratados por los congresistas en cada uno de los grupos parlamentarios para legislar en temas especializados como energía sustentable, derechos humanos o el nuevo sistema penal, entre otros. Anualmente se dispone de una cantidad que oscila entre los 4 y 9 millones de pesos, para que los congresistas tengan un mayor conocimiento de campo sobre las materias que legislan. Diputados también cobran En el concepto de liquidaciones, cada uno de los 33 legisladores salientes cobró este 15 de septiembre un finiquito 136 mil 286 pesos --que corresponden a una quincena--, lo proporcional a aguinaldos, prima vacacional, bono navideño y ajuste de calendario. La Cámara del Congreso de Sonora es la sexta más cara en el país con un presupuesto de 312.8 millones de pesos, que dividido entre los 33 diputados representan un gasto legislativo per cápita anual de 9.4 millones de pesos, así como costo mensual de 789 mil 898 pesos. Derivado de lo anterior, en un trienio cada diputado de la LX Legislatura costó a los sonorenses 28.2 millones. En tanto, los diputados que rindieron protesta como parte de la LXI Legislatura y que estarán en el cargo hasta el 2018 no son ajenos a los problemas legales. Después de consultar archivos de distintas dependencias estatales se logró establecer que el diputado panista del IV Distrito de Nogales, José Armando Gutiérrez Jiménez, como Director de Imagen Urbana para el periodo de 2009-2012, fue inhabilitado por la administración de Ramón Guzmán para desempeñar cargo público durante 10, según el expediente OCEGN-A21-2012. No obstante, el señalado impugnó este resolutivo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y fue favorecido. En tanto, el legislador plurinominal de Nueva Alianza, Fermín Trujillo Fuentes, enfrenta un juicio en el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil, radicado en la Ciudad de México, bajo el expediente 199/2003. A este líder magisterial se le vinculó con el grupo cercano de Elba Esther Gordillo, exdirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien solía designar secretarios generales en las secciones 28 y 54 de Sonora. Bajo la lupa también se encuentra Luis Gerardo Serrato Castell, legislador por representación proporcional acusado de desvío de recursos cuando fungió como director del Centro SCT Sonora en el sexenio de Felipe Calderón. El señalamiento se derivó cuando ordenó la modernización de la carretera de cuatro carriles México 15 y el recurso lo orientó para favorecer la campaña de su hermano José Serrato Castell en 2012. La información consultada señala que la dependencia federal no lo llamó a rendir cuentas porque hubo negociación entre las cúpulas gobernantes. Finalmente, se encuentra Javier Dagnino Escoboza, del VI distrito local de Cananea, quien operó el espionaje telefónico contra los priistas en todo el sexenio de su cuñado el exgobernador, Guillermo Padrés y, especialmente, contra Claudia Pavlovich, actual gobernadora. El legislador dejó la dirección del C4 para ser candidato a diputado y se llevó equipo de la dependencia su uso particular.

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