MÉXICO, D.F. (apro).- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC (Cemda) exigió la liberación del abogado Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, integrante del Instituto de Derecho Ambiental (Idea AC), detenido el pasado 22 de julio, acusado de los presuntos delitos de secuestro consumado, despojo, robo calificado, daños en propiedad ajena y lesiones graves. A través de un comunicado, el Cemda calificó de ilegal y arbitraria la detención de Mosqueda, y denunció “acciones de criminalización, intimidación y descrédito de las actividades de defensores de derechos humanos y ambientales” por parte de los gobiernos de Colima y Jalisco. Subrayó que la intención de ambos gobiernos para criminalizar y desprestigiar a Idea AC se ha hecho evidente a raíz de que esta organización brinda asesoría legal a la comunidad indígena nahua del ejido de Ayotitlán, en el municipio de Cuatitlán, Jalisco, que ha denunciado actividades de tala ilegal en su territorio y la contaminación de un río por parte de la empresa minera Peña Colorada. Idea AC, agregó, “ha defendido a miembros de la comunidad por delitos fabricados en su contra”. De acuerdo con el Centro, las acciones de desprestigio orquestadas por Colima y Jalisco contra Idea AC han incluido “sembrar división dentro de la comunidad y desconfianza hacia esta organización”, y están dirigidas a abogados miembros, entre ellos Raquel Gutiérrez Nájera, Pedro León Corrales y Carlos Valentín Veyna Martínez. Detalló que la Comunidad Indígena Nahua de Ayotitlán asesorada por Idea AC, que se ubica en el corazón de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán –colindante con el estado de Colima–, ha tenido conflictos con el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, porque una parte de la mina de hierro se encuentra dentro de las tierras del ejido. Tras la asesoría de la organización a los indígenas, en 2013, un juez ordenó la suspensión de los permisos y concesiones a la empresa minera, por lo que quedó prohibido que ésta entrara a la comunidad, y otorgó la libre circulación del ejido y sus miembros sobre sus tierras. No obstante, el pasado 22 de julio, cuando 500 pobladores de Ayotitlán realizaban un recorrido en las tierras para asegurarse de que la compañía estaba cumpliendo con la suspensión ordenada por el juzgado, arribó al lugar la policía estatal, que “actuó violentamente contra ellos, golpeando incluso a ancianos y niños”. Según el Cemda, el operativo fue encabezado por el procurador de Justicia del estado de Colima (PGJE), Marcos Santana Montes, y fueron detenidos 33 indígenas nahuas, así como Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez. Una semana después un juez penal de Colima ordenó la liberación de los 33 indígenas bajo fianza y negó ese derecho a Eduardo Mosqueda, a quien dictó auto de formal prisión. “Negarle la libertar a Eduardo Mosqueda, aun cuando fue arrestado bajo los mismos hechos y acusaciones que los 33 indígenas nahuas, fue la primera señal de hostigamiento a Idea AC”, señaló la fundadora de la asociación, Raquel Gutiérrez Nájera, en entrevista con sin embargo. Subrayó que las instancias responsables del hostigamiento e intimidación a Idea AC son las secretarías generales de Gobierno de los estados de Colima y Jalisco, encabezadas por Rafael Gutiérrez Villalobos y Roberto López Lara, respectivamente, así como la Procuraduría General de Justicia del estado de Colima a cargo de Marcos Santana Montes y la Dirección General de Asuntos Agrarios de Jalisco que lidera Mario Vladimir Avilés Márquez. En un llamado a los responsables, Raquel Gutiérrez se pronunció por la liberación de Eduardo Mosqueda, “porque no es posible que 33 nahuas salgan libres y Eduardo se quede, cuando fue acusado por los mismos delitos. Es un delito fabricado por la empresa y el gobierno del estado de Colima”, dijo. Destacó que el hostigamiento a Idea AC “da testimonio de cómo el derecho penal se usa para criminalizar movimientos o a defensores de derechos humanos y ambientales en nuestro país, lo que es una lástima, porque para lo que debería de servir es para sancionar los proyectos que lesionan los bienes ambientales y jurídicos como la vida, la salud, la propiedad, etcétera”. El Cemda se sumó a la petición e indicó en su comunicado que “las acciones de intimidación y hostigamiento [...] fundamentan el temor de que se fabriquen nuevos delitos y detenciones en contra de los abogados y abogadas de la asociación civil, por lo que extienden “un llamado para que las autoridades correspondientes atiendan a esta delicada situación y cumplan de inmediato con la obligación que tiene el Estado mexicano de proteger a los defensores ambientales”.