IGUALA, Gro. (apro).- Integrantes del grupo denominado “Los Otros Desaparecidos” denunciaron ante los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la gravedad de los nombramientos en Seguridad Pública que hizo el presidente municipal priista, Esteban Albarrán Mendoza. Durante una reunión realizada este miércoles en la iglesia de la colonia San Gerardo, las víctimas, que han registrado 350 desaparecidos previo a la masacre de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se enfocaron en denunciar dos puntos que calificaron como críticos: El nombramiento de un triunvirato en el área de Seguridad de personajes vinculados al narco y la inacción de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación, argumentando que todo ello representa un mensaje macabro para la sociedad que inhibe la denuncia, indicaron. Cerca del mediodía, los comisionados de la CIDH, encabezados por Rose Marie Belle Antoine, arribaron a la iglesia, que ha sido el lugar de reuniones del grupo de familiares de desaparecidos conformado tras la tragedia de Iguala. Al respecto, familiares de las víctimas informaron que de noviembre pasado a mayo han registrado 350 casos de personas desparecidas, de las cuales 290 han concluido en denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR). Esto luego de que los familiares salieron a buscar a sus desaparecidos en los cerros de la periferia de esta ciudad donde encontraron 104 cuerpos en fosas clandestinas, de los cuales la dependencia federal ha identificado 11 cuerpos tras análisis de ADN. De esos cadáveres, sólo siete han sido entregados a sus familiares y la mayoría corresponden a personas originarias del puerto de Acapulco y los municipios de Teloloapan, Iguala y Huitzuco que fueron desparecidas antes de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Al respecto, la presidenta de la CIDH calificó esta tragedia como el parteaguas que explica que el caso de los normalistas no es aislado, sino un patrón de tortura y desaparición sistemática de hace muchos años en la entidad. Rose Marie dijo que es preocupante que los familiares de las víctimas, en su búsqueda de justicia y verdad, sólo hayan encontrado “miedo y desconfianza” en el sistema de gobierno que debería protegerlos. También, calificó como grave el hecho de que los familiares de los otros desaparecidos declaren que no tienen confianza en las autoridades municipales que entraron en funciones este día. Ello debido a que los responsables designados en el área de Seguridad estuvieron operando antes de la tragedia de Iguala y son señalados por sus presuntos nexos con el narco, en el periodo de mayor incidencia delictiva en el cual la desaparición forzada era una cosa común. Posteriormente, los miembros de la organización le dieron un recorrido a los comisionados de la CIDH por la zona donde ellos encontraron, por voluntad propia, las primeras fosas que se ubicaron en el predio denominado La Laguna, en las inmediaciones de la colonia Loma del Zapatero. Luego, los comisionados de la CIDH se retiraron de la ciudad, protegidos por un impresionante operativo policiaco, dejando la promesa de que van a documentar la historia de las víctimas de la tragedia que tiene hundida a la entidad en una crisis política, de inseguridad y violencia.