CAMPECHE, Camp. (apro).- El líder del Movimiento Campesino Tierra y Libertad, Pedro Celestino May Can, denunció hoy ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del Estado (FGE) a esta última institución –y a quienes resulten responsables– por la privación ilegal de su libertad y abuso de autoridad de que fue víctima por parte de agentes ministeriales el pasado fin de semana. Su abogado, Edwin Torres, explicó que las denuncias ante la FGE fueron por la vía penal y administrativa y se interpusieron ante las vicefiscalías de Derechos Humanos y de Servidores Públicos, que es el órgano de control interno de la institución. Las denuncias son en contra de quienes resulten responsables, pero de entrada se señala a los agentes aprehensores y al MP que estuvo a cargo de la indagatoria y a los superiores implicados, “hasta donde llegue la responsabilidad”. May Can fue detenido el miércoles 23 junto con sus hijos Abner y Natanael, así como con otra mujer, Jaqueline Palomo, acusados de despojo de bien inmueble por un conflicto de tierras que libra desde hace algunos años contra los empresarios Carlos Mouriño Atanes y Rafael Selem Ferrer. El líder campesino, luego de su liberación, acusó al fiscal general Juan Manuel Herrera Campos de haberlos sometido a torturas psicológicas a él y sus dos hijos durante el tiempo que los mantuvo detenidos. Desde el sexenio del expresidente panista Felipe Calderón, el movimiento Tierra y Libertad inició un conflicto legal contra Mouriño Atanes, padre del fallecido exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, por la posesión de los terrenos del ejido Lerma, conurbado a esta capital, donde el influyente empresario español cristaliza su exclusivo proyecto inmobiliario Campeche Country Club. Para realizar su viejo sueño, el dueño del Grupo Energético del Sureste y del equipo de futbol español Celta de Vigo presuntamente hizo valer sus influencias en las dependencias federales para apropiarse de las tierras del ejido Lerma en las postrimerías del calderonismo. De ese modo se apoderó de 9 mil 685 hectáreas por las que pagó aproximadamente 40 centavos de pesos mexicanos por metro cuadrado, que revendió en 288 dólares. El ejido quedó reducido a sólo 400 hectáreas, luego de un juicio que dejó a salvo los derechos de ocho ejidatarios que se negaron a ceder o vender los terrenos. Según denuncias de los inconformes, el magnate también quiere apoderarse de ese terreno para construir un estadio de futbol. El ambicioso proyecto de Mouriño Atanes consta de una zona habitacional para personas de muy alto poder adquisitivo, campo de golf diseñado por Jack Niclaus, colegios, hospital y hasta playas artificiales, para cuya creación están extrayendo arena del lecho marino. Para evitar el despojo, los ocho ejidatarios decidieron regalar tierras circundantes al Country Club para que ahí se creara “una colonia proletaria”, que llevará por nombre Tierra y Justicia. Y fue así como repartieron 3 mil 250 lotes a personas humildes para que construyeran sus viviendas y con ello se depreciara el valor de los predios del club. Meses atrás, Celestino May Can denunció amenazas y atentados de muerte en su contra, así como el incendio premeditado de su rancho y la muerte de su ganado, de lo que responsabilizó directamente a Carlos Mouriño, y exigió al Congreso local y al exgobernador Fernando Ortega Bernés poner atención a su caso. Tiempo después apareció en escena Rafael Selem Ferrer, dueño de la empresa Campechana de Vehículos, para disputar a los ejidatarios una porción de las tierras. Argumentó que el gobierno del estado le entregó los terrenos para instalar una de sus agencias concesionarias de autos nuevos. La franja reclamada por ese empresario, cuya denuncia fue la que motivó la detención ilegal de Celestino May, es justamente el acceso a la colonia proletaria Tierra y Justicia, cercana a la lujosa entrada del Country Club. Por cierto, el predio en disputa no está delimitado. El sector donde se encuentran esos terrenos fue donado al gobierno estatal hace más de 30 años para desarrollar un parque industrial. No obstante, en las cláusulas de la donación estaba especificado que si luego de tres décadas no se realizaba el proyecto, como es el caso, esas tierras se reincorporarían al ejido. Hoy, antes de acudir a presentar sus denuncias, May Can recibió en el campamento de Tierra y Justicia la visita del obispo Francisco González, quien anunció que la iglesia que se construirá en Tierra y Justicia llevará por nombre "San Pedro", en agradecimiento al líder campesino que donó ahí un terreno para levantar el templo. mav