XALAPA, Ver. (apro).- Alrededor de mil empleados de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) denunciaron que fueron despedidos sin previo aviso y sin que se les cubriera el adeudo por el trabajo que durante cinco meses realizaron para la Cruzada Nacional contra el Hambre en la entidad. Además, destacaron que con esa medida resultaron afectados cientos de Comités Comunitarios de los 212 municipios veracruzanos. Karla Mora, una de las empleadas despedidas, se quejó de que la Sedesol –cuya delegación federal está a cargo del priista Marcelo Montiel Montiel– dejó de pagar a los trabajadores desde hace cinco meses, y con el cese definitivo, añadió, la dependencia adeuda a cada promotor y empleado eventual entre 18 mil y 20 mil pesos. Blanca Dalia González, otra de las afectadas, precisó que el despido masivo ocurrió el último día de julio, pero los funcionarios federales no supieron explicarles cuándo podrían cobrar los pasivos pendientes. “Nos dijeron que concluía la relación laboral. El problema es que nos deben, incluso para los programas de la Cruzada (sic) muchos promotores pusieron de su bolsillo para huertos productivos, para comprar semillas o fertilizantes, y es la fecha en que no les han reembolsado”, se quejó otro. Entrevistados en un café de esta capital, alrededor de 15 exempleados de la Sedesol destacaron que el problema de los despidos se registró en toda la entidad. “Son cerca de mil colaboradores a quienes se les dio término de funciones por la falta de presupuesto para el vanagloriado programa estelar de Enrique Peña Nieto”, señaló uno de los exfuncionarios. Añadió: “Se afecta no sólo a nosotros como empleados, sino también a la beneficencia social, al avance que se había hecho en las comunidades, a los huertos, a los proyectos productivos de cría de borregos, entre otros”. En diciembre de 2014, sostuvo, fue la última vez que la dirección administrativa de la delegación de la Sedesol en Veracruz expidió pagos. “Nos dijeron que la relación laboral se iba a acabar por falta de presupuesto, además nos advirtieron que si tomábamos acciones (legales o de recurrir con la prensa a poner la queja), menos nos iban a pagar”. En julio pasado el senador Alejandro Encinas señaló que Veracruz era un ejemplo claro del “fracaso” de la Cruzada Nacional contra el Hambre por las constantes irregularidades detectadas, como el robo de tarjetas del programa 60 y la sustracción de recursos, además de la falsificación en la entrega de techos firmes y materiales para vivienda, el condicionamiento de apoyos a cambio de votos, y la propia corrupción. “Las distintas irregularidades en Veracruz dan cuenta de la discrecionalidad y de la corrupción con que se administran los recursos públicos de los programas sociales, pero también de la impunidad con que se hace. La Cruzada sólo persigue fines electoreros, por ello no importó el reciente sacrificio de 246 programas sociales, derivados de una “estructura programática” entregada a la cámara de diputados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”, destacó el exjefe de Gobierno en una visita que realizó al Congreso local En información difundida días atrás, el semanario Proceso dio a conocer en su edición número 2009 que en un recorrido que hicieron su corresponsal Verónica Espinosa y el fotoperiodista Rubén Espinosa por los municipios de Atzalan y Altotonga, se documentó que los funcionarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre solicitan “ayudas” a los más pobres y la propia Sedesol manipula las listas de beneficiados. Y, en el colmo, la dependencia “entrega” casas que son una completa caja de concreto. Ese, que fue uno de los últimos trabajos que entregó a la revista el fotorreportero Rubén Espinosa –asesinado el pasado 31 de julio en un departamento de la colonia Narvarte, en la ciudad de México, junto con cuatro mujeres–, demuestra que la Sedesol no concluyó obras de “techos firmes” en los municipios mencionados y sólo entregó los pies de casa. Incluso en la comunidad de Ahueyahualco, en Altotonga, Espinosa registró imágenes de una treintena de pies de casa, la mayoría de ellas en obra negra, que la dependencia federal ya daba por concluidas y certificadas ante notario público.