VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- El gobierno de Arturo Núñez negó desatar una persecución política en contra del excandidato a la gubernatura, el priista Jesús Alí de la Torre, luego de la inhabilitación de ocho exfuncionarios que trabajaron en su administración cuando fungió como alcalde del municipio Centro, por irregularidades en el manejo de un préstamo de 460 millones de pesos. La semana pasada, el contralor de ese ayuntamiento, Jesús Pedrero del Águila, anunció la inhabilitación de los ocho exservidores públicos tras detectarse diversas irregularidades en el uso de un empréstitos por 460 millones de pesos autorizados por el Congreso del Estado en mayo de 2010. Entre los inhabilitados para ocupar cargos públicos, se encuentra el propio Muñoz Caldera por un periodo de seis años tres meses, quien al inicio del gobierno de Alí fungió como director de Obras Públicas. Además, fueron sancionados Guillermo Alfonso Baeza Barrera, sustituto de Muñoz Caldera en Obras Públicas; el exdirector de Finanzas, Alfredo Aristóteles Peralta Alfany y la exsubdirectora de Contabilidad, Maritza Balcázar de la Rosa. También el excontralor municipal, Óscar Azcona Priego y su sustituto, Alexis García Reyes, así como el extitular de Programación, Abraham González Santos y su relevo en el cargo, Raúl Palomera González. De acuerdo con el contralor Pedrero del Águila, dichos exfuncionarios no tuvieron un desempeño óptimo del servicio público encomendado, “incumpliendo sus obligaciones de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, eficiencia y eficacia que deben ser observadas por todo servidor público”. Y en el desahogo de los procedimientos de responsabilidad administrativa, los exservidores públicos argumentaron en su defensa que “en ningún caso desvirtuaron las irregularidades detectadas”. El funcionario aclaró que estos procedimientos y sanciones son de carácter administrativo, pero que corresponderá a las instancias competentes, “llevar a cabo los procesos de carácter resarcitorios”, entre ellos, la Secretaria de la Función Pública, Contraloría y Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE). Aunque no se mencionó el nombre del exalcalde Jesús Alí, la presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Neyda García Martínez, anunció que podría ser sancionado por el OSFE. El pasado 29 de junio, la propia diputada perredista reveló la existencia de un faltante de 50 millones de pesos en efectivo y maquinaria, detectado por el OSFE al empréstito de 460 millones de pesos. Jesús Alí leyó este lunes un posicionamiento en el que acusó al gobierno de Arturo Núñez Jiménez de querer cerrarle el paso rumbo a las elecciones del 2018 y responsabilizó al mandatario de cualquier cosa que pueda pasarle a él, su familia o equipo de trabajo. Aseguró que la inhabilitación de ocho de sus exfuncionarios cuando ocupó la alcaldía de Centro no tiene sustento legal ni técnico, y lamentó que se hayan reabierto expedientes ya juzgados por las instancias correspondientes. Los tabasqueños, dijo, ahora no sólo tienen que cuidarse de la delincuencia, desatada e incontrolable, sino también de la persecución política y actitudes revanchistas del gobernador Arturo Núñez. Pretenden combatirnos y hacernos a un lado, usando todo tipo de artimañas, señaló y denunció que ha recibido amenazas para amedrentarlo, generarle temor y desprestigiarlo. El secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda, rechazó las imputaciones de Alí de la Torre. Sostuvo que desde que perdió la gubernatura en 2012 ante Arturo Núñez, el gobierno ha sido respetuoso de sus actividades y de decir lo que le plazca, y que en el caso de la decisión de la Contraloría de Centro, no les corresponde determinar los tiempos ni el procedimiento anunciado. “En este gobierno no se persigue políticamente a nadie”, puntualizó y añadió que las acusaciones de Alí seguramente las hizo “en función de ganarse algunas simpatías”, en su búsqueda de nuevo de la gubernatura en 2018. “A lo mejor por esta vía está en su lógica de llamar la atención de sus simpatizantes”, señaló y agregó que si de alguna dependencia hay “un reclamo específico” en contra del ex alcalde, las instancias jurisdiccionales determinarán el procedimiento y él tendrá oportunidad de defenderse. Sobre las supuestas amenazas del gobierno, Ojeda Zubieta dijo que no aceptan que se les responsabilice de ello, y reiteró que la administración de Arturo Núñez está comprometida con la seguridad de todos los tabasqueños, no en particular de la de Jesús Alí de la Torre. Por su lado, la secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI, Gloria Herrera de la Cerna, dejó en claro que el tricolor no defenderá al ex alcalde Jesús Alí si se le finca responsabilidad penal por mal uso de los 460 millones de pesos del empréstito. "No se trata de defender por defender, pero tampoco se trata que sea una cacería de brujas. Si las autoridades tienen cómo sustentar lo que están señalando nosotros vamos a ser respetuosos, sean priistas o no, tenemos que respetar y cuando hay un delito pues se tiene que aplicar la ley", indicó.