HERMOSILLO, Son. (apro).- Iveth Dagnino de Padrés, titular del DIF y esposa del gobernador Guillermo Padrés; Carlos Navarro Sugich, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y 40 servidores públicos del gobierno estatal serán citados por la Procuraduría General de la República (PGR) para rendir su declaración sobre la compraventa de niños en la entidad. El representante civil de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob), Juan Manuel Estrada Juárez, explicó que en dos denuncias penales se solicita la atracción del caso por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) o la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra). El denunciante resaltó que por tratarse de un caso “atípico”, la compraventa masiva de niños, es necesario que una autoridad federal analice lo ocurrido en la entidad porque hasta ahora el caso se ha investigado de manera “parcial” y “a modo” contra quienes violaron la ley. “Al haber exonerado a los padres que compraron a los niños se sienta un precedente que podría llamarse el caso Sonora porque un traficante cualquiera defenderá que trata bien a los niños, pese a que en cualquier caso está cometiendo un delito y será exonerado”, señaló. La denuncia penal fue interpuesta ante la PGR por la presunta omisión criminal en la que incurrió la primera dama, como presidenta del Sistema DIF Sonora, donde se originó el ilícito, el procurador sonorense, personal del Hospital Infantil del Estado, y de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor, que en total suman más de 40 funcionarios estatales que integran una red de trata de personas. “Se solicitó acción contra todos estos servidores públicos porque no actuaron solos después de varios señalamientos ciudadanos”, acusó. La omisión La procuraduría local tardó tres meses y medio para emprender acción penal contra José Manuel Hernández López y Vladimir Arzate Carbajal, exsubprocurador de la Defensa del Menor del DIF Sonora, identificados como cabecillas de esta red de contrabando de menores, debido a que desde el 8 de mayo anterior un grupo de supuestos padres adoptivos realizaron una manifestación por fuera del Sistema DIF Sonora para exigir la entrega de los pequeños por quienes habían pagado cantidades de dinero que iban de los 100 mil a los 180 mil pesos, pero si los interesados provenían de los Estados Unidos la cuota se elevaba hasta los 20 mil dólares, unos 300 mil pesos al tipo de cambio de esa fecha. Fue hasta el 27 de agosto último cuando la Procuraduría giró 16 órdenes de aprehensión, sin que hasta ahora haya resultados oficiales de las pesquisas. Según datos oficiales del Sistema DIF Sonora sólo en 2012 y 2013 estuvieron en riesgo de ser víctimas de esta red de tráfico infantil unos 132 niños, quienes fueron clasificados como Hijos de Madres Toxicómanas (HMT). Pese a todo, el pasado 2 de septiembre la Procuraduría exoneró a 14 “padres adoptivos” y les devolvió nueve niños obtenidos de manera ilegal, bajo el precepto internacional que “se debía privilegiar el interés superior del menor”.