GUANAJUATO, Gto. (apro).- Luego de recibir el aval del Congreso para adquirir un préstamo por 4 mil 240 millones de pesos, el gobernador Miguel Márquez rechazó la petición de organismos empresariales, como Coparmex y Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para integrar un comité ciudadano que dé seguimiento a la aplicación de esos recursos. Según Márquez Márquez, “hay cientos de consejos de participación ciudadana” con los cuales trabaja el gobierno estatal, y no hace falta uno más para transparentar el ejercicio de estos recursos provenientes de la deuda. A fines de agosto, la Coparmex y el CCE propusieron al gobernador panista la creación de un comité ciudadano al considerar que de esa forma se “contribuirá a una mayor transparencia, tanto en la implementación de proyectos y programas, como en la evaluación de las metas que les darán plena justificación”. De entrada, los empresarios dijeron avalar los proyectos que serían financiados con el préstamo, pero apelaron al discurso del gobernador Márquez en materia de transparencia. Sin embargo, hoy Márquez Márquez frenó esta intención al considerar que “no es necesaria”. “(El crédito) lo vamos a usar con mucha transparencia, directamente en inversión productiva, social, cero gasto corriente, y sobre todo para seguir manteniendo el ritmo del crecimiento en el estado”, atajó. Luego argumentó que para la vigilancia de la aplicación del crédito ya existen varios órganos de fiscalización, el propio Congreso del estado, así como “autoridades competentes”. Según ofreció el mandatario, se informará públicamente del ejercicio de estos 4 mil 240 millones. “Ahí está la página, pueden entrar para ver”, aconsejó para enseguida insistir en que ya hay 200 consejos de participación en las distintas dependencias, y que por ello, ya existe la representación de la sociedad civil en la vigilancia de los recursos públicos. Incluso, dijo creer que al concluir esta administración “es muy probable que no dejemos más deuda que la que nos heredaron”. La solicitud del Ejecutivo estatal fue presentada al Congreso a principios de agosto. Luego de un mes, y en periodo extraordinario, los diputados locales aprobaron dieron luz verde a la petición de más deuda. El gobierno argumentó que el empréstito servirá para infraestructura y gasto social, y que por otra parte evitará el aumento de impuestos y se vean comprometidas las finanzas del estado. También se dijo que la entidad ocupa los lugares 16 y 18 en endeudamiento público y en deuda directa del gobierno, respectivamente. La distribución del crédito autorizado, de acuerdo con el compromiso del gobierno estatal, sería: 860 millones de pesos para infraestructura en salud, particularmente la modernización del hospital regional de León, que se encuentra rebasado en su capacidad y servicios; 130 millones para un sistema de movilidad urbano que incluye a municipios del corredor industrial, y cien millones para “fortalecimiento del sistema de seguridad”, aunque hay un crédito previo del actual gobierno para el polémico sistema de seguridad denominado “Escudo”. Otros 200 millones se aplicarían en el eje metropolitano de León; 250 millones para caminos rurales; 200 más a creación de empleos y, la mayor asignación, de 2 mil 500 millones, se destinaría a un rubro denominado “infraestructura para la reconstrucción del tejido social”, aunque el gobierno estatal ha asumido en estos tres años que se brinda la seguridad suficiente a los guanajuatenses y que éstos viven con tranquilidad, empleos y servicios. Incluso el gobernador explicó hoy que este último rubro implica “recuperar áreas que por ahí los delincuentes tienen tomadas, ¿no?, áreas comunes. Cambiar mucho la vida de las colonias”.