OAXACA, Oax. (apro).- El gobierno de Gabino Cué desacató una orden judicial al negar el traslado e internamiento en penales de Oaxaca a cuatro maestros de la Sección 22 que se encuentran recluidos en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, desde octubre pasado. Con el argumento de que los centros de internamiento del estado se encuentran a su “máxima capacidad”, el director de Reinserción Social Heriberto Antonio García rechazó la orden del juez Quinto de Distrito, con lo que viola los derechos humanos y las garantías individuales de Othón Nazariega Segura, Efraín Picazo Pérez, Roberto Abel Jiménez García y Juan Carlos Orozco Matus. “Los centros de internamiento del estado se encuentran a su máxima capacidad, ya que cuentan con mayor número de internos de los que tiene capacidad para albergar, presentándose una situación grave de hacinamiento por la falta de espacios para acoger a más internos. De autorizarse más ingresos, esta autoridad penitenciaria vulneraría los derechos fundamentales de la población penitenciaria”, justificó el expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El gobierno de Cué rechazó el traslado de los detenidos, pese a que en noviembre pasado el Poder Judicial de la Federación concedió un amparo a los cuatro maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que sigan su proceso penal en reclusorios de Oaxaca, fallo que fue reforzado el 16 de diciembre por el juez Quinto de Distrito José Luis Evaristo Villegas. Los cuatro mentores fueron aprehendidos en operativos simultáneos el pasado 28 de octubre y sometidos a actos de tortura, aislamiento, incomunicación y la negación a una debida defensa en el penal mexiquense. A los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional se les acusa de diversos delitos, entre ellos la toma de la Junta Distrital en Tehuantepec y de instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos, como la refinería Antonio Dovalí en Salina Cruz y el Centro de Distribución y Almacenamiento El Tule, en la capital del estado. También se les acusa de vandalismo contra las instalaciones de la Octava Región Militar en esta ciudad y el robo de 10 mil libros de texto gratuito, propiedad de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Liz Antonia Hernández Montaño y Juana García Ramírez, esposas de Othón Nazariega y Roberto Abel Jiménez, exigieron al gobierno de Gabino Cué que acate la resolución judicial federal y deje de violar los derechos humanos de los detenidos.