METEPEC, Edomex (apro).-El asesinato de Ángelo Martínez, de 21 años, quedó registrado por las cámaras del C4 instaladas en el centro de este municipio. El presunto homicida, Vicente Fierro Restrepo, está en prisión, pero junto con sus cómplices podría quedar en libertad ante la negativa de las autoridades para validar las pruebas de los afectados. La madrugada del 31 de diciembre de 2014, Ángelo acudió con sus amigos al bar La República, donde tuvieron una discusión con los agresores, quienes ya fuera del negocio sacaron un arma y los corretearon hasta el bar Bora Bora. En un intento por salvar la vida, Ángelo abordó un taxi que se encontraba en el lugar, pero supuestamente Vicente y Rodrigo Corbal Ruiz le dieron alcance e impidieron que abandonara la unidad. El vehículo ya no pudo continuar porque aparentemente César Fierro Chávez, padre de Vicente y dueño del bar La República, le cerró el paso con su camioneta, mientras Aarón Vega, uno de sus empleados, llevó un arma a Vicente y éste, presuntamente, disparó a quemarropa contra Ángelo. Perpetrado el homicidio, los agresores habrían subido a la camioneta del dueño de La República y huyeron. Mientras tanto, el operador del taxi arrojó el cuerpo sobre el asfalto y arrancó su unidad. No se logró la aprehensión de César Fierro Chávez y Aarón Vega, pero Vicente Fierro Restrepo y Rodrigo Corbal fueron detenidos tras una persecución y se encuentran sujetos a proceso, aunque muy pronto podrían quedar en libertad porque los agentes del Ministerio Público y jueces han desestimado todas las pruebas. Miguel Ángel Martínez, padre de Ángelo, denunció que los agentes del MP, Octavio Mendoza Chávez y Roberto Gutiérrez, no han querido solicitar y presentar las pruebas, entre ellas los videos del C4 –que muestran la persecución y el momento en que le dispararon a su hijo–, el video del bar La República  y la primera declaración de los asesinos cuando confiesan el crimen y detallan los hechos. Por considerar que no se respetó la cadena de custodia, la autoridad judicial desestimó las imágenes del C4, negó a los afectados la presentación de testigos presenciales y, por cuestiones del nuevo sistema de justicia adversarial, acusatorio y oral, no aceptó como prueba las declaraciones de los agresores ni del taxista ante el MP. Hasta ahora las autoridades no han podido encontrar el arma utilizada en el homicidio y tampoco la camioneta que bloqueó el paso al taxi y en la que huyeron los agresores. En el proceso sólo queda una prueba por desahogar: el testimonio del taxista, requerido ya en cinco ocasiones, todas fallidas porque, según las autoridades, es ilocalizable. El padre de Ángelo considera que las autoridades hacen lo imposible para evitar la comparecencia proporcionando datos que no coinciden, y advierte falta de voluntad al no recurrir al dueño del taxi para que especifique quién condujo la unidad el día del crimen de su hijo. Dice que en febrero de 2015 esa estrategia funcionó, pues se logró que el taxista rindiera su declaración ante el MP, aunque el fiscal pretendió ocultarla. En cada etapa las autoridades justifican que presentar estas pruebas podría resultar contraproducente, “y como uno no sabe de leyes”, dejaron correr los plazos para que ya no fuera posible retomarlas, apunta. Miguel Ángel Martínez asegura que los acusados le han ofrecido dinero a través del MP para desistirse y la Fiscalía intentó convencerlo de pugnar por el procedimiento abreviado para disminuir la pena a la mitad, pero rechazó ambas propuestas porque la familia del joven lo único que quiere es justicia. Sin ninguna prueba, arguyendo simple presunción, los magistrados Alejandro Naime González, Lucía Núñez Aguilar y Alejandro Edgar Rosales Estrada modificaron el dictamen de homicidio calificado a homicidio simple, con lo que decrece la gravedad de la falta, y aseguraron que a falta de los videos no puede probarse la premeditación, alevosía y ventaja con que actuaron los agresores. Además dijeron que Ángelo también pudo llevar un arma la noche de los hechos, aunque no existe ningún elemento que sustente su dicho. El padre de la víctima recurrió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) con el propósito de denunciar a los servidores públicos involucrados, pero lo remitieron a la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM), donde hasta el momento le han negado copia de expediente. Martínez advierte que detrás de estas anomalías existe la intención de la Procuraduría mexiquense y del Poder Judicial –cuyos titulares Alejandro Gómez y Sergio Medina le han negado audiencia– de proteger a los responsables del asesinato de su hijo porque “son gente de dinero”.