El fiscal de Morelos debe reparar el daño a un funcionario que fue inhabilitado

miércoles, 6 de enero de 2016 · 14:35
MÉXICO, D.F., (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 54/2015 al fiscal General de Morelos Javier Pérez Durón por el caso de un funcionario a quien había sancionado con 12 años de inhabilitación y la sanción fue revocada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). El organismo solicita en su recomendación que se actualice correctamente el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública y se anote o inscriba que el TCA declaró la nulidad “lisa y llana” de la sanción de inhabilitación que había sido impuesta al servidor público y se entregue a éste un documento oficial en el que conste todo ello. El 11 de octubre de 2011, la subdirectora de Control de la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Morelos remitió al agente del Ministerio Público Visitador en turno (MPV) el acta administrativa en la que se desprendían presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos de esa institución, entre ellos la víctima. El 1 de marzo de 2012, el área determinó la inhabilitación temporal del agraviado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, por 12 años. La víctima impugnó la sanción ante el TCA, que emitió sentencia definitiva el 4 de septiembre de 2012 en su favor. El TCA declaró la nulidad lisa y llana de la sanción de inhabilitación pero fue omitida su cancelación, lo que causaba agravio a la víctima. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) determinó violaciones a los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica y a una adecuada protección judicial, en su modalidad de obstaculización a la impartición de justicia. Sin embargo, el 23 de septiembre de 2013 el agraviado interpuso un recurso de impugnación contra esa resolución al considerar que la CEDH no incluyó la responsabilidad de los funcionarios implicados en los hechos, ni el derecho que le asistía para la reparación del daño. Consideró que las autoridades responsables violentaron su derecho a la propia imagen y al honor en los ámbitos personal y profesional. Al atender el caso, la CNDH concluyó que su homóloga de Morelos dejó de lado aspectos sobre la reparación del daño y el esquema de responsabilidades de los servidores públicos señalados por la víctima. El órgano nacional consideró que “la Comisión Estatal, al determinar que en el caso existieron violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y a una adecuada protección judicial, contaba con evidencias suficientes para requerir medidas para la reparación de daño y el inicio de los procedimientos de investigación administrativa correspondientes”. Por ello, solicitó al Fiscal General, como medida de satisfacción y para los efectos de reparación del daño, que instruya a que se actualice “correctamente” el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública y se anote que el TCA declaró la nulidad lisa y llana de la sanción de inhabilitación de 12 años que le había sido impuesta. Además, pidió que se entregue al agraviado un documento oficial en que conste lo anterior y se remitan las pruebas que acrediten el cumplimiento de esta medida. También le solicitó colaborar con el organismo en la queja que promueva ante la Secretaría de la Contraloría de Morelos para iniciar los procedimientos administrativos de investigación y de responsabilidades contra los servidores públicos que incurrieron en violaciones a los derechos humanos de la víctima, a quien deberá inscribirse en el Registro Nacional de Víctimas para que tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas.

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