APATZINGÁN, Mich. (apro).- A un año de registrarse la masacre de esta ciudad, no se ha consignado a un solo culpable por los hechos de violencia del 6 de enero del 2015, en los que perdieron la vida nueve personas. Michoacán aparece en el informe preliminar de la visita que hizo a nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezada por su presidenta, Rose-Marie Belle Antonie. En el documento se destacan los casos de Apatzingán y Ecuandureo, como muestra de que en México ocurren ejecuciones extrajudiciales. De Apatzingán menciona la matanza del 6 de enero y destaca que 16 personas desarmadas fueron asesinadas por elementos de las fuerzas federales, aunque las autoridades se han defendido diciendo que fue un enfrentamiento entre civiles armados. El organismo internacional autónomo adscrito a la Organización de Estados Americanos señala que el 23 de mayo, en Ecuandureo, también se pretendió hacer creer que las muertes de civiles fueron resultado de un enfrentamiento. Tanto en Apatzingán como en Ecuandureo, los testimonios e indicios apuntan a ejecuciones extrajudiciales, pues se alteró la escena del crimen para presentar las cosas simulando que ocurrieron agresiones contra la fuerza pública. La CIDH apunta que hay irregularidades en las investigaciones. El 6 de enero de 2015, el entonces comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, habló de sólo nueve muertos y 44 detenidos; éstos últimos fueron liberados pocos días después por orden de un juez que no encontró elementos para procesarlos. Castillo detalló dos eventos ocurridos en las primeras horas de ese día, uno en la presidencia municipal y otro en la avenida Constitución; del primero, según el entonces gobernador de facto de Michoacán, había resultado un muerto, y del segundo ocho, y para ilustrar exhibió un video en el que bajaban de camionetas varias personas “armadas” (en realidad llevaban palos) para después retroceder corriendo. Esa mañana, policías federales que escoltaban varios vehículos asegurados en un operativo para la liberación de la presidencia municipal local, fueron alcanzados por decenas de hombres en varias camionetas sobre la avenida Constitución de 1814. De acuerdo con la versión de Castillo, los tripulantes de las camionetas comenzaron a disparar contra los uniformados, por lo que al repeler la agresión se dio muerte a nueve personas. Pero fue una verdadera masacre, dijeron a este corresponsal decenas de lugareños que observaron la refriega desde los comercios aledaños a la plaza municipal, y quienes proporcionaron declaraciones verbales, grabaciones, videos, en los que ninguno se ve que se haya registrado un enfrentamiento y sí que las armas “fueron plantadas a los muertos, después de su deceso”; cargadores y armas no compatibles, cartuchos de escopetas sin detonar y de calibres diferentes a las armas. (Proceso 18 de enero del 2015). La investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que participaron visitadores adjuntos, peritos en las materias de medicina forense, criminalística, criminología, planimetría y psicología, reveló serias inconsistencias. Según la CNDH, aproximadamente a las 07:46 horas, en la Avenida Constitución de 1814, entre Luis Moya y Plutarco Elías Calles, se registró un enfrentamiento entre personal de la Policía Federal y miembros de “autodefensas”, específicamente con los tripulantes de una camioneta RAM tipo pickup color blanco, que dio como resultado 9 personas fallecidas (7 en el lugar de los hechos, uno cuando era trasladado en ambulancia y uno que apareció fuera del Hospital General de Apatzingán). De las 9 personas fallecidas, 3 eran tripulantes de la camioneta RAM y 5 los tripulantes de una camioneta GMC Acadia color negra, mientras que otra resultó lesionada al interior de un restaurante y posteriormente apareció muerta afuera del Hospital General de Apatzingán. Los peritajes de la CNDH revelaron que por el excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía Federal perdieron la vida cinco personas, mientras que una más fue ejecutada, igual por policías. Los otros cuatro occisos perdieron la vida debido a la dilación en la solicitud de auxilio para la atención médica prehospitalaria, atribuible a personal paramédico de la Policía Federal, lo que provocó que sufrieran choque hipovolémico que derivó en su muerte. Se encontraron también irregularidades en la preservación del lugar de los hechos, al no embalar algunos de los indicios, evidencias o medios probatorios asegurados; omisiones en la realización de 10 necropsias; en la identidad y la asignación de nombres a dos cuerpos sin vida que se encontraron cerca de la camioneta GMC Acadia, toda vez que en la diligencia de levantamiento de cadáver un Ministerio Público y un perito en materia de criminalística invirtieron las lesiones que presentaron, lo cual no fue revisado y detectado posteriormente por personal del servicio médico forense, todo esto atribuible a personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Actualmente las autodefensas se han desmovilizado y el comisionado Alfredo Castillo se ha ido, pero el clima de inseguridad prevalece en Apatzingán y en la Tierra Caliente, y los enfrentamientos están de regreso en esa región, cuna de La Empresa, que luego cambió de nombre por La Familia Michoacana y finalmente por los Caballeros Templarios. Ahora se suman los presuntos cárteles los Troyanos, H3, los Viagras, y Cártel Jalisco Nueva Generación.