MONTERREY, NL. (proceso.com.mx).-  “Por un error” el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, había aplicado una multa pequeña a los funcionarios implicados en el desvío de recursos relacionado con la compra y reparto de un lote de 200 mil cobertores, caso conocido en Nuevo León como “Cobijagate”. Por eso ahora, como una manera de subsanar la “falla” y luego de la presión que ejercieron medios de comunicación, líderes sociales y la clase política local, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado determinó incrementar la sanción en contra del ya cesado Rogelio Benavides Pintos, responsable del presunto desvío y operador político del Bronco. De esta forma, la sanción que había sido fijada el 15 de septiembre en contra Benavides, quien era subsecretario de Administración, pasó de 7 mil 300 pesos (100 días de salario mínimo) a 274 mil pesos (90 días del que era su salario). Junto a este ex funcionario también se le aplicó un castigo pecuniario a quien es actualmente director de Adquisiciones, Gonzalo padilla Orozco, por 244 mil pesos, señala el Gobierno del estado en un comunicado difundido este sábado. El tesorero Carlos garza Ibarra explicó que los abogados del Gobierno Estatal detectaron la equivocación que ahora es subsanada. “Por una interpretación errónea e involuntaria, el 15 de septiembre se dio a conocer que la sanción sería de 100 días de salario mínimo. Sin embargo, al avanzar el trámite legal, nuestros abogados precisaron que la cantidad que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos es de 90 días de la percepción diaria de los funcionarios mencionados”, dijo el funcionario. El escándalo del cobijagate surgió después de que en diciembre pasado, Benavides adquiriera 200 mil cobijas a la empresa Comercializadora Mirof SA de CV, que fueron repartidas entre personas necesitadas de la zona rural de la entidad. El periódico El Norte detectó que las prendas habían sido adquiridas en tres veces su valor, información que ocasionó el cese de Benavides Pintos, amigo del gobernador nuevoleonés. Luego de más de ocho meses de supuesta investigación, la Subprocuraduría de Combate a la Corrupción, que encabeza Ernesto Canales, decidió imponer la sanción de 7 mil 300 pesos que fue considerada “risible” por líderes de opinión de la localidad. El zar anticorrupción, dijo que no hubo dolo en la adquisición, por eso no hubo delito qué perseguir. Durante dos semanas tanto Canales como El Bronco dijeron que la sanción era la que establecía la ley, aunque ahora, por los reproches masivos, parece que determinaron cambiar el monto del castigo.