Policías violaron derechos de excandidata al ser detenida: CDHEC

martes, 11 de octubre de 2016
COLIMA, Col. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) determinó que agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) violaron los derechos de Meyly Pastora Beltrán Rolón, excandidata panista a diputada local, cuando la detuvieron en mayo pasado mientras videogrababa un operativo policial en el centro de la ciudad. Luego de cuatro meses y medio de investigaciones, el organismo concluyó que los servidores públicos violaron los derechos a la libertad, integridad y seguridad personales, así como a la inviolabilidad del domicilio de la mujer, dado que la detención se produjo de manera injustificada y sin orden judicial en el interior de un negocio de su propiedad. Los anteriores hechos motivaron el envío de la recomendación 04/2016 al secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Castaño Suárez, y al director de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Juan Ramón Bachomo Munguía, en la cual la CDHEC solicita garantizar la reparación del daño a la afectada, quien requiere una cirugía, pues como consecuencia de los malos tratos recibidos durante la detención, sufrió daños derivados de una antigua fractura de la clavícula izquierda. El costo de la operación y el tratamiento de recuperación, de acuerdo con un presupuesto presentado por la víctima, es de 109 mil pesos, ante lo que el organismo humanitario planteó que éste “sea solventado por el Sector Salud Público o en su defecto el Estado se haga cargo de la liquidez de acuerdo con la evidencia presentada por la agraviada”. Difundida a través del sitio web de la CDHEC y signada por su presidente, Sabino Hermilo Flores Arias, la recomendación insta a los funcionarios a dar a conocer los protocolos de actuación e investigación, así como los nuevos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los que se tienen que ceñir los agentes de la Policía Estatal Preventiva, en especial el trato digno hacia los ciudadanos, la previa identificación de los agentes y los motivos legales en que se funde la posible detención, salvaguardando en todo momento los derechos humanos. También propone intensificar los cursos de capacitación a los agentes de la PEP para que eviten realizar detenciones arbitrarias que no cuenten con una orden de detención o aprehensión, ni se encuentren en el supuesto de flagrancia en la comisión de un delito, en especial cuando se ejecuta en propiedades privadas con acceso al público, y protejan los derechos humanos a la integridad personal y trato digno de los detenidos cuando éstos se encuentren bajo su resguardo. Conforme a las indagatorias del organismo humanitario, la detención de Meyly Pastora Beltrán, abogada litigante, se efectúo a las 14:15 del 26 de mayo pasado en el interior del establecimiento comercial denominado Bongalu, ubicado en el centro de esta capital. “Los agentes de la Policía Estatal Preventiva –expuso la Comisión de Derechos Humanos– se encontraban en el jardín Núñez en esta ciudad (revisando a dos jóvenes), cuando se dieron cuenta que estaban siendo videograbados por una mujer, por lo que acudieron con ella a solicitarle sus datos, pero después uno de los oficiales sacó su teléfono celular para videograbar a la mujer acercándole el dispositivo móvil a escasos cuarenta centímetros de su cara, en actitud intimidatoria”. Lo anterior, de acuerdo con la CDHEC, “ocasionó que la agraviada le sujetara el teléfono logrando desposeer de dicho aparato al agente por un instante, y a pesar de la insistencia de la quejosa porque se lo recibiera de vuelta, el policía ordenó que detuvieran a la agraviada, procediendo dos mujeres policías a la detención, ante lo que ellos apreciaron se trataba de la comisión flagrante de un delito de robo”. Añadió: “La sujetaron y, ante la oposición de la quejosa a ser detenida, fue esposada, y cuando se encontraba en el piso fue cargada en peso, interviniendo un policía del sexo masculino, hasta subirla a la patrulla, lo que ocasionó que le lastimaran una fractura antigua aun sin soldar del hombro izquierdo, puesto que la asegurada refería dolor; posteriormente, al ser trasladada a los separos, la agraviada refiere que los agentes policiacos la amenazaron y humillaron”. El ombudsman razonó que si bien es cierto que con los medios de prueba se evidencia que el accionar de la quejosa al desposeer al agente de su dispositivo móvil fue motivado por el propósito de evitar que la siguiera videograbando, como una reacción a la actitud ilegítima del policía —puesto que los agentes policiacos no se encuentran facultados para videograbar a los ciudadanos, pues mientras que los particulares pueden hacer todo lo que no les está prohibido por la ley, en cambio toda autoridad debe sujetarse al principio de legalidad, lo que implica que no pueden realizar conducta alguna que no les faculte la ley—, contrario a ello la agraviada se encontraba videograbando a funcionarios públicos sin obstruir sus funciones”. En su testimonio ante el organismo de derechos humanos, Meyly Pastora Beltrán narró que durante su detención y traslado a las oficinas de la PEP sufrió burlas por parte de los agentes, denigrantes de su persona. “Se burlaban sobre si era niño o niña, si era lesbiana, que no tengo valor como persona, que nadie iba venir a ayudarme y que no me iban a poder ayudar, que solamente la sociedad protectora de animales me iba a querer porque era una perra”. El acoso y hostigamiento fue realizado por elementos masculinos y femeninos, quienes también le tocaron de forma impropia los senos. “Me los apretaban, me decían que así les gustaban, ‘machitas’, para dominarlas y quitarles lo cabronas. Hacían alusión a que me hacía falta que me dieran una buena ‘cogida’ y en eso se dirige a una de sus compañeras preguntándole que si ella me la quería dar, para que se me quitara lo amargada”. La afectada prosiguió: “Entre pellizcos en mis brazos, golpes propiciados a mi persona, jalones de mi pelo, patadas y tocamientos indebidos en mi pecho, dijeron que iban a llamar a Greenpeace para ver si ellos hacían algo por mí en conjunto de la sociedad protectora de animales. (…) Aterrada por la situación quedé paralizada del dolor y miedo, me echaron orines y después agua, me dejaron media hora en el sol, a ver si así se me quitaba lo ‘machito’. Creyeron que yo estaba inconsciente, pero yo estaba consciente de todo lo que pasaba. Trajeron un aparato tipo tasser, que desprende descargas eléctricas para someter personas, y me lo pusieran en la oreja burlándose, amenazándome con que lo iban a utilizar para reanimarme. Me amenazaron con que me iban a hacer pedacitos y me iban a desaparecer (…) Sufrí de violencia física, psicológica y fui víctima de tortura por los elementos adscritos a la Policía de Seguridad Pública”. No obstante, en su recomendación la CDHEC no sugirió investigar la presunta responsabilidad ni someter a proceso a los autores directos de las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el asunto.  

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