Fiscalía se niega a vincular al crimen organizado en ejecución de normalistas, denuncia Vidulfo Rosales

jueves, 13 de octubre de 2016 · 21:53
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los dos normalistas de Ayotzinapa que fueron ejecutados la semana pasada, denunció que la Fiscalía General del estado (FGE) se niega a vincular con la delincuencia organizada a los cinco presuntos responsables del asesinato, pese a que existen indicios que así lo confirman. “No habrá justicia verdadera en este caso si no existe un reconocimiento pleno y castigo para las autoridades de los tres niveles y el Ejército que, por omisión o complicidad, permiten que las bandas delictivas operen impunemente en la capital y el resto de la entidad”, advirtió. En tanto, el juez de Control Celso Ubaldo de la Sancha dictó este jueves auto de vinculación a proceso contra cuatro de los cinco presuntos asesinos de cuatro personas, entre ellas los dos normalistas de Ayotzinapa. También autorizó la ampliación de dos a cuatro meses para el cierre de la instrucción procesal solicitada por el Ministerio Público del fuero común, que basa sus imputaciones en la declaración de dos testigos presenciales. La FGE presentó como pruebas periciales dos pistolas que supuestamente decomisó a los cinco presuntos asesinos durante su captura, aunque hasta el momento las autoridades ministeriales no han explicado la forma en que los detuvieron, en un tiempo récord de tres días después del múltiple crimen, ocurrido el pasado martes 4. En la audiencia realizada esta mañana en la primera sala de juicios orales ubicada en la sede del Poder Judicial, al sur de esta capital, estuvieron presentes el hermano de uno de los normalistas ejecutados, Jonathan Hernández Morales, y el padre de Marco Antonio Organista, el chofer de transporte público que también fue asesinado, quien expresó su desconfianza en el sistema de procuración e impartición de justicia. El hombre de mediana estatura y voz firme recordó a los presuntos criminales que dejaron en la orfandad a una niña, y viuda a una mujer. Luego expresó: “A pesar de que me quitaron a mi hijo, no les guardo rencor, yo no soy nadie para juzgar. Son unos jóvenes y seguramente andan haciendo males porque no tuvieron educación en su casa. Dejo todo en manos de Dios”. El juez de Control rechazó la propuesta planteada por el abogado de los normalistas, en el sentido de considerar que los presuntos homicidas actuaron con premeditación y alevosía. Y el agente del Ministerio Público no abordó la línea del crimen organizado y se limitó a señalar que se trató de un asalto cometido por delincuentes comunes, a quienes se atribuyeron otros nueve homicidios y atracos en esta capital. Vidulfo Rosales advirtió que durante los cuatro meses para cerrar las actuaciones procesales seguirá exigiendo que la FGE fortalezca la hipótesis de que los inculpados planearon el ataque contra las víctimas, y reprochó la omisión del gobierno frente al tema del crimen organizado. Asimismo, afirmó que existen indicios firmes que vinculan a los detenidos con la delincuencia organizada, y lamentó que la autoridad ministerial desestime esta línea que involucra no sólo a criminales, sino a autoridades de los tres niveles y al Ejército. El pasado lunes 10, Apro dio a conocer que Ismael Domínguez Ibáñez, José Antonio Solano Morales, Israel Millán Portillo, Carlos Pérez Navarro y un menor de edad –los cinco inculpados–, forman parte de una célula al servicio del grupo criminal Los Rojos, de acuerdo con información de fuentes oficiales. Las mismas fuentes señalaron que el jefe de esa banda es un sujeto identificado como La Niña, quien se encuentra prófugo, al igual que otros miembros de esa pandilla al servicio de la delincuencia organizada. Dicha información contrasta con la versión del gobierno de Héctor Astudillo Flores, que asegura que la ejecución de los estudiantes se trató de un asalto cometido por delincuentes comunes. Ayer, esta agencia también dio a conocer que desde hace dos meses el gobierno de Astudillo y el Ejército tienen identificados a los líderes de Los Rojos o Los Jefes, y también han documentado su modus operandi a través del sistema de video vigilancia controlado por militares en esta capital.

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