CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Aparte del incremento en los índices de violencia, el mandatario Javier Corral ha encarado en sus primeros 12 días de gobierno las movilizaciones y reclamos de choferes del sistema Vivebús, quienes ayer casi paralizaron la ciudad, al tiempo que líderes de la sección 8 del SNTE tomaron las instalaciones de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), así como los regionales, a la par que suspendieron clases en 96 secundarias técnicas de la entidad. Choferes pertenecientes a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), liderados por Jorge El Rojo Meraz, dieron a conocer que el paro que realizaron fue por un adeudo de salario a 251 operadores y personal administrativo, a quienes les deben desde una semana y media hasta tres semanas. El problema de pago de salario y prestaciones se arrastra desde el cambio de sistema de transporte, en agosto de 2012, y en esta ocasión no sólo pararon el transporte, sino cerraron las principales arterias de la ciudad con los camiones urbanos. Sin embargo, los funcionarios de la Dirección de Vialidad advirtieron a los inconformes, desde hace más de una semana, que el gobierno no tiene la obligación de pagarles, sino los concesionarios, pero iniciaron negociaciones para solucionar el problema, toda vez que recibieron la administración estatal en quiebra financiera. El adeudo es de poco más de 500 mil pesos. El líder de la CTM en Chihuahua y quien presidió la primera empresa administradora del Vivebús, Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC), Francisco El Güero Lozoya, dio a conocer anoche que las autoridades les informaron en una reunión que no habría negociación si no levantaban el paro que mantenían los operadores. Lozoya explicó que de los concesionarios de la CTM, 322 estaban afectados por el paro porque los choferes lo habían organizado sin el aval de los patrones, y anunció que en el transcurso de la noche interpondrían una denuncia contra los inconformes, por obstrucción de vías de comunicación y secuestro de camiones, con el fin de que el gobierno actuara con la fuerza pública. El secretario de Gobierno, César Jáuregui Robles, en un video transmitido anoche después de la reunión con los concesionarios, advirtió que el gobierno estaba siendo víctima de un chantaje cuyo origen son los adeudos que reclaman los transportistas en colusión de intereses y corrupción política de la anterior administración. “El Estado va a defender el interés público por encima de intereses parciales o de grupo”, dijo y reconoció que los trabajadores tienen derecho a un ingreso y al salario, pero insistió en que las autoridades estatales no son las responsables de dichos adeudos. También dijo que con quienes generaron la corrupción política en la administración anterior, un grupo de concesionarios de la CTM, le apuesta a socavar el diseño del nuevo sistema de transporte colectivo, que les impidió seguir disponiendo de ingresos. “Las deficiencias del transporte público en la ciudad de Chihuahua han sido públicas y notorias, y este grupo se coludió para colapsar el sistema que planteaba una mejora, y ahora resulta que quienes fueron copartícipes del colapso del sistema de transporte, quieren también colapsar a la ciudad”, asentó Jáuregui, para enseguida señalar que este problema ha sido heredado y, a doce días de que asumió el nuevo gobierno, se busca crear un ambiente de desestabilización. Francisco Lozoya explicó esa misma noche que las autoridades les dijeron que si no se levantaba el paro, no habría negociación, y los concesionarios pidieron el uso de la fuerza pública para desalojarlos, pero el gobierno sólo podía actuar si había una demanda. “Al principio algunos choferes sí querían trabajar, pero ya los incitaron y están confabulados a no salir a trabajar, hay algunos que no tiene razón de ser de que se manifiesten, ya les pagaron. Nuestro compromiso es con el usuario y con la ciudadanía, no tenemos necesidad de venir a boicotear al gobierno ni a ningún partido. Se habla de requisa, pero no sería justo. Hay términos y detalles que el gobierno puede determinar si quita las concesiones, ahorita nos están mencionando como si fuéramos responsables, ellos dicen que no tienen control de sistema de transporte”, señaló Lozoya, quien anteriormente fue demandado, junto con las autoridades estatales pasadas, por presunto mal uso de los recursos. Y es que cuando la CTC quebró, dos años después de su operación (en mayo de 2014), el gobierno asumió la administración de la vía troncal y parte de las rutas alimentadoras, a través de la empresa estatal Operadora Vivebús, mientras que la otra parte de las rutas quedó en manos de los concesionarios. Francisco Lozoya dijo que las rutas de Operadora Vivebús no tienen dinero para movilizar ni 50 unidades, mismas que tienen varadas desde hace meses, porque les falta una llanta o balatas, etcétera, por lo que la CTM está dispuesta a retomar el negocio y pagarles a los choferes. Anoche anunció que denunciarían para que las autoridades pudieran actuar y levantar el paro. “Vamos a poner la denuncia lo más rápido posible, andan amenazando a operadores que sí quieren trabajar”. Este miércoles, cerca de las 3:00 horas, la Fiscalía del Estado y Seguridad Pública Municipal desalojaron las calles bloqueadas, con la presencia de una visitadora de la Comisión de Derechos Humanos y del notario público 24, Eugenio García. Con 75 elementos desarmados de todas las divisiones de la Policía Estatal, 75 agentes municipales, 23 agentes de vialidad y 18 de transporte, se procedió a retirar 17 vehículos, a los operadores que se encontraban en el plantón y se detuvo al chofer César Adrián Zubiate, de 37 años, por poner resistencia, razón por la que fue puesto a disposición de un juez calificador. Durante el día, unidades de la Policía Federal escoltaron a las unidades del Vivebús para evitar más bloqueos y que se suspenda el servicio. Esta mañana, el dirigente nacional de la CTM, Doroteo Zapata, rechazó el bloqueo y desalojo como solución al problema de transporte, y advirtió que Javier Corral quiere llevar al extremo esa situación, por lo que sus agremiados irían a un paro estatal. Javier Corral señaló que pondrán fin al chantaje y a la corresponsabilidad de una parte de los concesionarios de la CTM, pero aclaró que no son todos los que participaron en el paro. “Tampoco podemos decir que son todos los concesionarios de la CTM, pero sí la mayoría que siempre ha apostado por el fracaso de este sistema de transporte colectivo”. Y advirtió: “A nosotros no nos van a tratar como a César Duarte, nosotros somos un gobierno legítimo porque tenemos todo el apoyo del pueblo y a nosotros no nos van a tratar como bandidos ni como corruptos. Los transportistas deben medirle muy bien el agua a los camotes. No vamos a permitir ni un solo chantaje de nadie. Este gobierno tiene la fuerza y la legitimidad del pueblo de Chihuahua, nos debemos al pueblo y vamos a proteger los derechos de la gente. “Nosotros no vamos a responder a las obligaciones que tienen los concesionarios con los choferes. No somos ni patrón subsidiario ni sustituto. El gobierno de Chihuahua lo que va a hacer es asumir el control del transporte y lo vamos a hacer junto con los que quieran trabajar en el esquema que hemos decidido, y vamos a abrir la posibilidad a otros particulares que quieran hacerlo y que quieran hacerlo conforme a la ley (...) vamos a corregir desde la forma de pago, ya que ahora ni siquiera de la captura del pago de transporte se le entera al gobierno y quieren que pague el sueldo de los choferes”, abundó. Luego anunció que interpondrán denuncias contra quienes estén identificados como participantes en el paro. “El derecho a la libre manifestación no puede violar otros derechos humanos fundamentales en nombre de ninguna libertad, de ningún derecho humano se deben violar otros derechos, somos respetuosos de las manifestaciones, de las críticas contra el gobierno, pero no pueden violar derechos de terceros. Llegó un punto en el que nos están retando”, indicó, luego de que ayer el caos vial provocó enojo de la gente y un par de mujeres golpeó y rompió documentos de un adulto mayor que se dirigía al IMSS porque iban a operar a su esposa. Suspenden clases Los docentes administrativos que forman parte del comité ejecutivo de la sección 8 del SNTE tomaron desde el martes las instalaciones de los SEECH en la ciudad de Chihuahua, así como las oficinas regionales de Juárez, Delicias, Camargo, Cuauhtémoc, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Casas Grandes, Parral, San Juanito, Madera, Guachochi, Saucillo, Jiménez y Meoqui. Y hoy suspendieron clases en las 96 secundarias técnicas y acudieron a las instalaciones de la Secretaría de Educación y Deporte, con el fin de entrevistarse con el secretario Pablo Cuarón Galindo. La secretaria de la sección 8, Rosa María Hernández Madero, dio a conocer que las demandas son: pago de homologación salarial que está pendiente desde el 1 de septiembre de 2015 pero no habían reclamado, en diferentes rubros; pago de reconocimiento a pensionados y jubilados, bono de maestros; pago pendiente del bono de recuperación de pensionados y jubilados que ganan menos de una plaza administrativa, y pago de becas para hijos de trabajadores de nivel medio superior del 1 de enero a la fecha. Además, segundo cumplimiento de Carrera Administrativa para concluir la etapa número 21 y reconocimiento de la prestación de exención de pago en el sistema de homologados. El gobernador dio a conocer que su administración está lista para pagar los 6 millones de pesos que le corresponden al gobierno estatal, de los 65 millones que les deben en total, ya que 59 millones corresponde entregarlos a la Federación. Las autoridades estatales solicitaron mil 800 millones de deuda para pagar salarios y aguinaldos de los trabajadores del Estado de octubre, noviembre y diciembre, porque la administración pasada agotó el Presupuesto de Egresos destinado a ese rubro, así como la bursatilización de 6 mil millones de pesos que tramitaron al finalizar la gestión duartista. El director ejecutivo de los SEECH, Manuel Arias Delgado, informó esta mañana que el jueves pasado establecieron una mesa de negociación con el comité directivo de la sección 8, porque piden los 50 espacios de mandos medios de SEECH, que ocupan actualmente. “Están suspendidas las negociaciones porque abandonaron la mesa el jueves pasado, piden ocupar todos los espacios de mandos medios. La postura de SEECH no es extrema, no es radical, ellos presentaron un listado de 50 personas (...) quiero pensar que no las están imponiendo. En ese análisis, debo confesar que encontré personas con perfil adecuado, independientemente de que sean o no propuestos por los dirigentes del sindicato, pero otros no. Al viejo estilo asumen papel de prolongación de poder de la parte sindical, tienen 20 o 25 años siendo funcionarios, de SEECH pasan al sindicato, es un vínculo insano”, señaló el funcionario. En el caso de Ciudad Juárez, los inconformes tomaron las instalaciones de la representación del gobierno estatal, en donde hay papelería importante, como el Registro Público de la Propiedad, Registro Civil, entre otros, por lo que las autoridades pidieron resguardar la documentación y los maestros se negaron. Esta tarde accedieron a permanecer en manifestación al exterior del edificio. Hasta el momento no llegaron a un acuerdo en la entidad y amenazan con más suspensiones de clases en otros planteles.