Vinculan a proceso a otro excolaborador de Rodrigo Medina por caso KIA

lunes, 31 de octubre de 2016 · 20:47
MONTERREY, NL (apro).- El excoordinador general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Económico, Alberto Salinas Guerra, fue vinculado hoy a proceso por ejercicio indebido o abandono de funciones, por el pago millonario a un despacho de abogados que prestó sus servicios a la empresa armadora surcoreana KIA. El gobierno estatal reveló que durante la audiencia de imputación, celebrada en el Palacio de Justicia de Monterrey, el juez de control Miguel Ángel Eufracio Rodríguez se convenció de que quien fuera funcionario en el sexenio de Medina de la Cruz realizó acciones ilícitas que no estaban en sus facultades. En la audiencia se estableció que el ahora acusado firmó, entre 2014 y 2015, cinco contratos de prestación de servicios por 28 millones 420 mil pesos de recursos estatales, que le fueron saldados al reconocido despacho de abogados Santos-Elizondo, con el fin de que prestara sus servicios a la armadora de automóviles establecida en el municipio de Pesquería. El excoordinador autorizó 12 órdenes de pago para el bufete de asesores jurídicos, expuso la Fiscalía Anticorrupción al presentar los cargos. El juez explicó la manera en la que Salinas Guerra incurrió en un delito al firmar las órdenes sin autorización “No estaba facultado para realizar esos contratos y esas autorizaciones de pago, ya que, precisamente, esos contratos y autorizaciones de pago eran facultad exclusiva del secretario de Economía y no eran delegables esas facultades”, expuso. También consideró que, con las autorizaciones para el pago, se comprometieron recursos por un funcionario que no estaba facultado para entregarlos, hechos que, de acuerdo con la ley, representan ejercicio indebido de funciones, en este caso, de Salinas Guerra en su labor de coordinador general de Administración y Finanzas, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico. Como medida cautelar, el ahora imputado deberá comparecer en el juzgado cada 15 días para estampar su huella dactilar. El juez determinó que el 16 de enero próximo fuera cerrada la investigación, tras lo cual determinará si el imputado es sometido a juicio oral por los delitos que se le acusan.