ZACATECAS, Zac., (apro).- Tras ocho días de permanecer en plantón bloqueando el acceso a las instalaciones de la minera Peñasquito-Goldcorp en el municipio de Mazapil en demanda del cumplimiento de acuerdos que la empresa asumió con los pobladores y transportistas locales, la mañana de este martes los manifestantes fueron desalojados por fuerzas de seguridad estatales. El lunes, el director de asuntos corporativos y de seguridad de Goldcorp en Latinoamérica, Michael Harvey, había anunciado que la minera cerraría temporalmente las operaciones de Peñasquito, alegando la falta de condiciones para realizar sus actividades por el bloqueo de los camioneros e integrantes del Frente Popular de Lucha por Zacatecas y comunidades afectadas por la minería. El bloqueo comenzó el lunes 26 de septiembre, cuando un grupo de transportistas y ejidatarios instalaron camiones para cerrar los accesos de la minera y cruces carreteros, alegando que empresas foráneas (de Aguascalientes y Saltillo, entre otros) tienen la preferencia de la empresa para los contratos de transporte del mineral. Integrantes del Frente popular señalaron que la empresa ha incumplido con varios de los compromisos en materia social que asumió con ejidatarios y pobladores de Mazapil, y que se presentan daños a la salud por la explotación minera a cielo abierto. El domingo, personal de la Comisión estatal de derechos humanos y otras instancias pretendieron llevar víveres y provisiones a los trabajadores que permanecían en el interior de las instalaciones (un turno) pero no se les permitió el acceso. En respuesta, la empresa aseguró que el bloqueo era ilegal y que las demandas de los participantes en materia de contratos y del cumplimiento de compromisos en materia social y ambiental con la comunidad “se ha cumplido o están en proceso de cumplirse”, por lo que anunció que se tomarían medidas legales contra los manifestantes. Según el representante de Goldcorp, la empresa estaba perdiendo tres millones de dólares durante cada día del bloqueo, ganancia que en un porcentaje mayoritario, aseguró, “se queda en el país”, por lo que el lunes anunció la decisión tomada de cerrar temporalmente las operaciones y pidió “cumplir con el Estado de Derecho” pues según dijo, hay personas “que quieren tomar de rehén a Zacatecas”. El director de asuntos corporativos de la empresa canadiense anunció un plan de contingencia en materia ambiental, seguridad patrimonial e industrial, aunque descartó que haya daños ambientales o a la salud de la población. La empresa informó que da empleo a más de tres mil 500 personas de manera directa y que genera unos siete mil empleos indirectos, además de una derrama que estimo en 600 millones de dólares en servicios y bienes adquiridos a proveedores nacionales, esto el año pasado. También sostuvo que apoya “proyectos de educación, salud y desarrollo comunitario” en la zona. En respuesta a este anuncio y a las denuncias presentadas, horas después un juez ordenó levantar el bloqueo, lo que fue efectuado en las primeras horas del martes por efectivos de fuerzas del estado, con apoyo de agentes de tránsito e incluso de Policía Federal. El gobernador Alejandro Tello dijo que no cedería “a caprichos” de manifestantes y anunció que se investigará a los líderes que encabezaron el bloqueo.