CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por la inhumación irregular de 119 cadáveres en Tetelcingo, Morelos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Fiscalía General del estado (FGE) que investigue a los funcionarios que habilitaron terrenos particulares como fosas comunes en esa comunidad del municipio de Cuautla. De igual manera, pidió al gobernador Graco Ramírez “brindar la reparación integral del daño, que contemple atención médica y psicológica” a cuatro familias de víctimas –ya identificadas– que fueron enviadas a las fosas de Tetelcingo, y que en un plazo de seis meses “se recabe información respecto de los terrenos donde se advierta o presuma que están siendo utilizados como panteones de manera irregular”, para su resguardo y preservación. Asimismo, que programe con la FGE acciones apegadas a un protocolo de tratamiento de restos para su identificación. Durante la presentación de la recomendación 48/2016, que instruye al titular de la FGE, Javier Pérez Durón, a dar una disculpa pública a esas cuatro familias, el segundo visitador general de la CNDH, Enrique Guadarrama, sostuvo que correspondió a esa dependencia habilitar las fosas. Sobre las mínimas responsabilidades que se atribuyeron al gobernador en el asunto, pese a que estuvo enterado y recibió una recomendación previa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, además de que se le señaló de posibles vínculos con el crimen organizado, Guadarrama dijo que involucrar más allá a Graco Ramírez “rebasa el trabajo de investigación jurídico con el enfoque de derechos humanos que le compete a la CNDH”. Respecto de los cuestionamientos que le hicieron reporteros por no pedir a una instancia independiente la investigación de quienes estuvieron involucrados en la habilitación de las fosas y, contrario a ello, se dejó la responsabilidad a la FGE, señalada como responsable en la recomendación, el visitador destacó que se tiene que investigar a todos a los mandos superiores e inferiores. “Todos deben pasar por el tamiz si hay responsabilidades penales o administrativas”, dijo. Recordó que la Procuraduría General de la República (PGR) colabora en un grupo de trabajo coordinado por la FGE para la identificación de los cuerpos que fueron rescatados de las fosas, junto con peritos de la Policía Federal y los coadyuvantes de las víctimas. La recomendación de la CNDH hace un análisis detallado de la condición de los 119 cadáveres inhumados el 28 de marzo de 2014, de los cuales dos fueron recuperados por sus familiares en diciembre de 2015. En las posteriores exhumaciones de mayo y junio de este año se registraron 117 cuerpos y 12 bolsas con restos humanos diversos. De la exhumación, el documento refiere que se realizó fuera de los protocolos establecidos, además de que “se abrieron 47 carpetas de investigación, nueve de ellas para cuerpos que no contaban con carpetas de investigación ni dato alguno de identificación, 23 cadáveres que tenían etiqueta con datos ilegibles y 12 para partes de cuerpos que fueron localizados en bolsas dentro de otras que contenían cadáveres”. La CNDH consideró indignante que las fosas en las que fueron depositados l19 cadáveres tuvieran dimensiones de seis por tres metros, con una profundidad de 3.5 metros, medida “destinada para tres cuerpos”, además de que el terreno no estaba regularizado para ser usado como panteón. Tras señalar que el 25 de noviembre de 2015 la CNDH atrajo la investigación, el documento refiere que al solicitar información a la FGE sobre los 119 cuerpos inhumados en 2014, la dependencia le entregó 99 carpetas de investigación. Del análisis de esas carpetas, el organismo de derechos humanos detectó que había 21 cuerpos que estaban identificados, pero que no hubo acciones contundentes por parte de las autoridades para localizar a sus deudos. Otras irregularidades detectadas tienen que ver con que “la mayoría de las carpetas de investigación no tiene su respectiva constancia en la que se establezca que el cuerpo de la persona no fue identificado (63), ni el acuerdo en el que se solicita la inhumación al Registro Civil a través de la Coordinación de Servicios Periciales (30), ni su respectiva fijación fotográfica, además de que durante la inhumación del 28 de marzo no hay constancia de que el Ministerio Público responsable estuviera presente para dar fe y llevar un control para clasificar por sexo y edad los cadáveres”. A ello se suma que en seis casos los permisos de inhumación se otorgaron después de que los cuerpos ya habían sido depositados en las fosas el 28 de marzo de 2014; en 67 no cuentan con informe de genética; en 33 casos se señala la hora de inicio de investigación 60 minutos antes de la hora del levantamiento del cadáver, en tanto que en otros 35 la determinación de la no identificación del cadáver es extemporánea De las 99 carpetas de investigación, 44 correspondían a muertes violentas en las que no hay señales de haberse investigado las causas de su muerte ni la identidad de las víctimas, en tanto que en 15 ni siquiera se realizó la necropsia de ley. Además de las dos recomendaciones giradas al gobernador Graco Ramírez, la CNDH solicitó a la FGE incluir en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el estado de Morelos a los familiares directos de las cuatro víctimas identificadas, “para que tengan acceso al fondo destinado a la reparación del daño”. Asimismo, concluir las carpetas de investigación que se encuentran abiertas; integrar aquellas que motivaron la recomendación; impartir cursos de capacitación a funcionarios de la FGE “sobre identificación, manejo y conservación de cadáveres, y sobre procesamientos de cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos”; agregar chapas metálicas de identificación a los cadáveres que se inhumen como desconocidos, y concluir las carpetas de investigación con números ilegibles con los que se identificó a los cadáveres. Al ayuntamiento de Cuautla se le instruyó a crear y aprobar un reglamento de panteones, verificar que las concesiones que el ayuntamiento otorgue a los particulares para prestar el servicio público de panteones cumplan con los requisitos de ley, y coordinarse con el gobierno del estado para la ubicación de otras fosas irregulares en el municipio. De acuerdo con Guadarrama, el caso de las fosas de Tetelcingo “pone en evidencia la necesidad de que se establezcan en todo el país protocolos y normas de actuación unificadas, conforme a estándares internacionales, para el cuidado, preservación y manejo de restos humanos”. Urge contar con un banco genético de datos, un registro nacional que permita esclarecer los casos de desaparición, así como “revisar el marco normativo aplicable a los panteones y lugares de inhumación en nuestro país, y lo mecanismos para vigilar su cumplimento y sanciones para los infractores”, concluyó.