CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Luego de tres años de exigencia de justicia para las víctimas del accidente del festival Aeroshow 2013 y a cuatro días de que termine la administración municipal, el Cabildo del ayuntamiento de Chihuahua inhabilitó a tres exfuncionarios municipales y amonestó a otros cuatro, excepto al exalcalde, Marco Adán Quezada Martínez. Las víctimas pidieron justicia por diferentes vías, penal y administrativa, pero el tema fue utilizado en las campañas que se registraron en ese lapso, a partir del 5 de octubre de 2013, cuatro días antes de que asumiera el cargo el presidente municipal, Javier Garfio Pacheco, mientras que el deterioro de las víctimas que resultaron con lesiones graves y su economía fue cada vez peor. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió hace dos años, la recomendación 12/2014, luego de que sólo encarcelaron al chofer de la troca monstruo, Francisco Velázquez Samaniego, quien aún permanece en el Cereso estatal número 1 en Chihuahua. El proceso penal contra tres funcionarios y dos empresarios, aún continúa con ellos en libertad y esta tarde, después de negarse a recibir los tres años las demandas administrativas de familiares de las nueve víctimas mortales y más de 50 de los casi 100 lesionados, inhabilitaron por cinco años para ejercer un puesto público a tres exfuncionarios y los otros cuatro fueron amonestados por escrito para que tomen en cuenta la recomendación de la CNDH. Los regidores del Partido Acción Nacional (PAN) y el regidor priista Xavier Chaires Duarte --quien era tesorero de la asociación Espectáculos Extremos del municipio de Chihuahua, coorganizadora del festival Aeroshow--, votaron en contra de la inhabilitación y amonestación de los funcionarios. El coordinador de la fracción edilicia del PAN, Fernando Yáñez Mata, dijo que votaron el proyecto en contra porque los siete funcionarios merecían la inhabilitación y enfrentar cargos penales. "Vemos que no existe, ni existió voluntad alguna de brindar justicia a las víctimas y aprobaron la sanción a servidores públicos de menor jerarquía. No podemos permitir que aquellos que tuvieron amplia responsabilidad por su cargo en la organización y planeación de dicho evento, el cual debieron desempeñar diligente y responsablmente, reciban únicamente amonestación cuando debió sancionarse penalmente”, dijo. Luego agregó: “Señor presidente municipal, hoy le decimos que en este lamentable sucedo nos quedó a deber, sale por la puerta trasera y defraudó la confianza de las familias de los afectados y los ciudadanos chihuahuenses. Los exfuncionarios amonestados son: Fernando Rodríguez García, ex secretario del ayuntamiento; Alonso Prieto, exdirector de Fomento Comercial y Turístico; Ildefonso Sepúlveda, extesorero municipal y Horacio Flores Chávez, exoficial mayor. Los inhabilitados por cinco años son Javier Torres Cardona, exsubsecretario de Gobernación municipal; Guillermo Ávila Olivas, exsubdirector de Bomberos y Protección Civil; José Manuel Domínguez Castillo, coordinador operativo de Protección Civil. Estos últimos son quienes tienen proceso penal, aunque el juez de Garantía, Octavio Rodríguez Gaytán, había exonerado a Domínguez Castillo, pero la defensa de las víctimas, Felipe Ponce, impugnó la decisión y el proceso continúa. La semana pasada, el Ministerio Público avisó al Tribunal Superior de Justicia que el caso en contra de otros funcionarios que no habían sido procesados, sobresee porque prescribieron los delitos. En ese paquete del caso sobreseído, se encuentra el exalcalde Marco Adán Quezada. El defensor de derechos humanos de las víctimas, Felipe Ponce, anunció que impugnará la decisión del Ministerio Público, porque no se trata sólo decir que les pagaron servicio médico o presumir que las apoyaron asistencialmente, sino de un derecho elemental por el acceso a la justicia y por garantizar con sanciones ejemplares, que no volverá a suceder una tragedia por negligencia de las autoridades, porque no fue sólo un accidente. "A lo largo del procedimiento de la demanda, ofrecimos exámenes periciales psiquiátricos, emitidos por la psiquiatra que los atiende, porque las víctimas aún tienen transtorno por síndrome de estrés postraumático. Las familias de víctimas mortales recibieron indignadas la noticia de la exoneración, porque les da impunidad a funcionarios", arremetió Felipe Ponce. El abogado de 53 víctimas, presentó 13 demandas ante el ayuntamiento, pero vivieron un calvario con la actual administración, primero para que aceptara las denuncias y posteriormente para que resolvieran. Sólo lo hicieron con la presión de la recomendación de la CNDH. "Se fueron dos años en pedir al alcalde que aceptaran las denuncias, el alcalde se negó en la mesa interinstitucional a atender a las víctimas y solucionar el tema Aeroshow, se perdió mucho tiempo. Las mesas fueron disfuncionales, desalentaron a las víctimas. Finalmente, después de casi dos años, se entrevistan con el presidente y el secretario del ayuntamiento para admitir las demandas (cuando llegaron a Chihuahua visitadores de la CNDH para dar seguimiento a la recomendación)", explicó Ponce. Recordó que hubo malentendidos entre las autoridades y las víctimas por los gastos médicos, porque el alcalde y otros funcionarios presumían que les daban atención médica y apoyos económicos esporádicos y discrecionales, lo que lastimó a la dignidad de las víctimas; "ellos no hubieran querido necesitar atención médica, por eso la principal exigencia es la justicia", dijo. En el caso de la recomendación, que tampoco han cumplido en su totalidad, Felipe Ponce dijo que no es un tema de sanciones sino de derechos humanos, de la dignidad de las personas y si las autoridades aceptaron la recomendación, deben cumplirla. "El caso del Aeroshow es tragedia histórica por magnitud, involucra directamente a la CNDH, que evidenció irregularidades que terminaron con la vida de nueve personas y dejaron lesionadas a casi 100. No tenemos en el país una experiencia en cómo manejar este tipo de denuncias, pero en el momento en que aceptan la recomendación, es obligatorio que la cumplan porque de otra manera, la haremos hasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero por lo pronto, un Tribunal Colegiado puede tomar el caso o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede atraerlo", explicó. Felipe Ponce advirtió que las autoridades le apuestan al olvido y eso no le conviene a los chihuahuenses, porque fueron omisiones de malos funcionarios que provocaron una tragedia y que, además de que quedarán impunes, prolongaron el dolor de las víctimas por intereses políticos. El abogado de José Domínguez, Humberto Carrillo, informó que impugnarán la resolución del Cabildo, que inhabilita a su cliente durante cinco años. Sin movimiento corporal y sin ingreso económico, una víctima Jesús Manuel Carmona Carmona es una de las víctimas más afectadas. A él le cayó la llanta del copiloto encima, alcanzó a sacar la cabeza y por eso salvó su vida. "Cambió mi vida y la de mi familia para mal, de por vida. Se me quebraron ocho costillas, me reconstruyeron la vejiga, me fracturé tres vértebras en sacro, la pelvis, me quitaron cuatro centímetros del pie izquierdo, entre otros daños físicos", dijo Jesús Manuel Carmona, quien actualmente tiene 44 años y dos hijos de 11 y 14. El padre de familia trabajaba en un rancho, cuidaba ganado y realizaba otros trabajos independientes, con lo que les daba un nivel de vida digno, a su familia. Ahora no tiene pensión ni trabajo, tampoco salud para buscar otro. La atención médica no le ha faltado, pero el deterioro económico y físico es cada vez más evidente. "Lo único que pedimos es justicia, no pedimos millones, pero sí una pensión justa, modesta. Me puedo mover con pasos cortos nada más y ahora menos, porque me acaban de hacer otra operación y me ordenaron no moverme nada", dijo Carmona, a quien lo intervendrán de nuevo, este mes. Felipe Ponce explicó que las familias que presenciaron la tragedia, tienen visiones, pesadillas y recuerdos recurrentes de lo que sucedió, que les genera angustia y en algunos casos paranoia, no quieren salir de sus casas. "Otras están en negación completamente; es un mecanismos de defensa psicológico involuntario para bloquear el recuerdo y se apartan en muchos casos. Por ejemplo, cuando acudimos a la Contraloría Jurídica para el desahogo de pruebas, las autoridades municipales, específicamente Protección Civil, ofreció como prueba los videos del evento. Algunas víctimas fueron al desahogo en las audiencias, hubo personas que tuvieron ataques de pánico, comenzaron a temblar y a llorar”, señaló. Además, “los videos que ofrecieron eran editados, sólo se observaba el momento en que se acomoda la troca monstruo y realiza primer salto; no se veía nada del segundo. Iban de manera individual porque son expedientes individuales, no era una prueba colectiva que se desahogaba, pero sólo el sonido del motor antes de brincar, cuando empieza a acelerar el piloto, les provocó ataques de pánico. En los últimos casos mejor apagaron las bocinas porque no era necesario escuchar el sonido", detalló el abogado. En el caso de quienes tienen hijos pequeños, dijo Ponce, se volvieron más aprehensivos por el temor de que les suceda algo. Las familias de víctimas mortales organizaron ayer una misa para conmemorar el aniversario luctuoso y al finalizar, elevaron una serie de globos en forma de rosario, al cielo. La tragedia ocurrió el 5 de octubre de 2013, luego de que Velázquez Samaniego perdió el control de la camioneta llamada Big Show. En un espectáculo extremo, cayó encima del público ubicado en una zona destinada a vehículos, murieron nueve personas y resultaron lesionadas cerca de cien, pero sólo han reconocido como víctimas a 56. Francisco Velázquez fue sentenciado a cinco años de prisión, sentencia que fue confirmada por el magistrado de la Primera Sala Penal, Jorge Abraham Ramírez.