CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, por la deficiencia en la seguridad y en la atención a las adicciones en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de esa entidad, que derivó en la muerte de 13 internos. A través de un comunicado, la Comisión dio a conocer que atrajo el caso el 18 de enero de 2016, tras la publicación de diversas notas periodísticas los días 20, 21, 22 y 27 de noviembre de 2015, que dieron cuenta de una posible epidemia de hepatitis en el penal, por lo que inició un expediente en el que se constató que la autoridad penitenciaria omitió sus obligaciones de brindar una vigilancia adecuada, lo que permitió el ingreso y consumo de sustancias ilícitas, poniendo en riesgo la estabilidad del centro y la salud de la población. “La CNDH destacó que independientemente de que en octubre y noviembre de 2015 empezaron a realizarse revisiones en módulos para la detección de sustancias ilícitas, no se logró decomisarlas, además de que, entre noviembre de 2015 y enero de 2016 se documentaron casos de ictericia por hepatitis tóxica, que derivó en la muerte de 13 personas”. Igualmente, se detalló que la deficiencia en la seguridad y control por parte del personal de seguridad y custodia, se originó ante la falta de detención de sustancias nocivas desde su ingreso al Cereso y su posterior distribución, por no contar con equipo detector de sustancias ilícitas, entre otras causas. “Ello se corroboró por la misma autoridad, la cual señaló que al implementarse revisiones exhaustivas se detectó a visitantes ingresando dichas sustancias, así como a un interno que vendía heroína e instrumentos punzocortantes ‘hechizos’ como jeringas”, señala. También advirtió que el ingreso de heroína y su distribución evidenció el inadecuado e insuficiente tratamiento de la población con adicciones, facilitando su uso y abuso en condiciones de insalubridad, “lo que provocó cuadros de hepatitis tóxica y vulneró el derecho a la protección de la salud de las personas privadas de la libertad, observándose además que el número de personas incluidas en el programa de desintoxicación voluntaria que opera en el lugar es reducido”. La CNDH evidenció que las autoridades penitenciarias incumplieron con garantizar y proteger la seguridad e integridad personal de los internos, al no detectar oportunamente factores de riesgo y carecer de los elementos para instrumentar medidas de control e inhibir el consumo de sustancias ilícitas, además de la falta de clasificación y separación adecuada. “La autoridad penitenciaria descuidó el fortalecer las acciones propias en torno a la seguridad del Cereso, considerando que los internos están bajo la custodia del Estado, lo que permitió la introducción y consumo de sustancias ilícitas, así como la fabricación de jeringas ‘hechizas’”, menciona. Entre los puntos de la recomendación de la CNDH están el realizar gestiones que permitan fortalecer una política de atención integral a personas privadas de la libertad con problemas de adicciones, así como replantear en el Cereso las estrategias del programa de atención a personas adictas que ahí opera, también reforzar las áreas de seguridad y custodia, dotando de equipo tecnológico de escaneo corporal y clasificar la población penitenciaria, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 constitucional, la normatividad específica y estándares nacionales e internacionales de la materia.