CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En una carta pública difundida a través de diversos medios informativos de Baja California, periodistas de esa entidad exigieron al gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid que se realice una investigación y auditoría a la Dirección de Comunicación, específicamente al responsable de la Coordinación e Imagen, Jorge Cornejo Manzo. La exigencia de los periodistas se da luego de que medios de comunicación de Baja California denunciaron que dicho funcionario se vale de “políticas de chantaje”, “manejo discrecional de los recursos públicos y contratos de publicidad, “para neutralizar revelaciones de la corrupción gubernamental” y “manipular la información que recibe la sociedad”. La carta de los reporteros inconformes se publicó un día después de que el gobierno del estado negara en un comunicado que sus funcionarios, o desde sus oficinas, se realizaran acciones contra la libertad de expresión. En esa inserción periodística, el gobierno del estado de Baja California se deslindó públicamente de los hechos que fueron denunciados en tres medios locales de comunicación: El Mexicano, Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) y El Informador, respecto la intención de atacar la libre expresión en Baja California, a partir del acoso a la moral a dos periodistas. En dos de esos medios, agrega la carta de los periodistas, hubo referencias específicas a funcionarios del gobierno del estado, entre ellos, el señor Jorge Alberto Cornejo Manzo, adscrito a la Dirección de Imagen y Publicidad. Los comunicadores acusan al gobernador Vega de Lamadrid de asumir una actitud pasiva y complaciente en relación con las publicaciones que han sido replicadas en el ámbito local, nacional e internacional. “El Gobernador no ordena una investigación formal de los actos que se imputan a los funcionarios a su cargo, como sería lógico para deslindar administrativa y legalmente a su gobierno, y en su caso, identificar y sancionar a colaboradores que han pretendido, con recursos públicos, iniciar campañas de desprestigio”, destacan los periodistas en la carta. Agregaron que las conductas de funcionarios del gobierno del estado, que han actuado con indicaciones, complacencia o ignorancia del gobernador, son inéditas en Baja California, y al ser contrarias a los principios del humanismo político que postula el Partido Acción Nacional, nunca se indujeron o permitieron, por los cinco mandatarios que previamente gobernaron el estado desde 1989. Por ello, solicitaron al gobernador Francisco Vega de Lamadrid que ordene una investigación exhaustiva a la Contraloría del Estado, y una auditoría financiera, para observar y analizar el manejo de los recursos públicos asignados a la Dirección de Comunicación, y de manera particular en la Dirección de Imagen y Publicidad. “Las acciones de dicha investigación y auditoría deben ser acompañadas como testigo social por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para asegurar sus conducción imparcial, la exhaustividad de sus pesquisas y la trasparencia de los resultados”, manifestaron. Los inconformes consideraron que sólo así será respaldado en los hechos el compromiso que públicamente ha planteado de forma reciente el mandatario estatal “a favor de la libertad de expresión”. Recordaron que en 2015 el gobierno encabezado por Francisco Vega de Lamadrid utilizó, para referirse a un medio y a una actitud, la siguiente frase: Por este medio, “hacemos Público nuestro rechazo a la política de chantaje ejercido...”. Esa expresión, indicaron los comunicadores, describe el actuar, actitud y comportamiento de uno de sus más cercanos colaboradores, Jorge Alberto Cornejo Manzo, quien ha sido señalado por directivos y periodistas de diversos medios de Baja California por servirse del manejo discrecional de los recursos públicos y contratos de publicidad, para pretender neutralizar las revelaciones de la corrupción gubernamental, y pretender manipular la información que recibe la sociedad a través de las empresas de comunicación en el Estado. Estos hechos, por su reiteración y notoriedad entre la comunidad periodística, ya son investigados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Agregaron que los actos referidos constituyen un ultraje a la vida democrática de Baja California, a los derechos fundamentales de libertad, y en consecuencia, atentan  -en palabras del Gobernador- “en contra del derecho de los bajacalifornianos para obtener de sus medios de comunicación información oportuna veraz y objetiva. “Solicitamos que el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, asuma su obligación de máximo garante de la seguridad y de los derechos humanos en el Estado, exija, vigile y sancione a cada uno de los miembros de su equipo de gobierno que hayan sido instigadores promotores o articuladores de los intentos de violar la libertad de expresión. “Que los funcionarios a su cargo sean congruentes en los hechos, y no sólo en el discurso, con el compromiso que el Ejecutivo ha manifestado de ser “…respetuoso de la política editorial basada en la ética y los principios de la actividad periodística”. “Asimismo pedimos acciones contundentes, ordenando  investigar, y tomar medidas respecto al terrorismo digital presuntamente auspiciado por colaboradores de su gobierno, traducido en espionaje online, ataques de malware, ciberacoso y campañas de difamación online, todas consideradas ‘amenazas digitales’ contra el periodismo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultual (UNESCO), en el informe presentado en agosto de 2016 por  la división de libertad de Expresión”. No hacerlo, implica complicidad política y una responsabilidad legal inexcusable, concluyeron los periodistas en la carta, concluyeron