CAMPECHE, Camp. (apro).- Representantes de comunidades mayas acusaron a las instancias federales de sabotear, con afán de favorecer los intereses de la trasnacional Monsanto, la consulta indígena en torno a la siembra de transgénicos que la Suprema Corte ordenó efectuar en la región. Los inconformes reprocharon la negligencia y omisión de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). También pusieron en tela de juicio a la Procuraduría General de la República (PGR) y Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En un nuevo manifiesto signado por representantes de 35 localidades mayas del municipio de Hopelchén, cuya lucha contra los transgénicos es ya reconocida en el plano internacional, expresaron su “rechazo e inconformidad por la desinformación y confrontación que generan las autoridades federales” al pretender apresurar la consulta y dividir a las 36 comunidades que participan en el movimiento. En ese sentido, señalaron que el lunes 14, en la localidad de Dzibalchén, se llevaron a cabo “en unas cuantas horas las fases ‘Deliberativa’ y ‘Consultiva’ de la consulta indígena”. En la junta sólo se permitió participar a 40 hombres, liderados por sembradores de soya, siendo que la comunidad tiene más de 3 mil 500 habitantes, la mayoría de los cuales está en contra de los transgénicos. “En esta sesión tomaron una decisión que, si bien es respetable, no puede equipararse a una consulta previa, libre e informada a un pueblo indígena”, destacaron. “La Cibiogem y la CDI vuelven a buscar a los pequeños grupos de simpatizantes de la soya transgénica y, violando los plazos, las fechas y las fases que se habían acordado en la reunión efectuada el 15 de octubre en la cabecera municipal de Hopelchén con representantes debidamente nombrados de 34 comunidades mayas, vuelven a repetir la misma estrategia de división impulsada previamente en la comunidad de Iturbide”, denunciaron. También añadieron que ahí, en Iturbide, “avalaron que un grupo reducido de soyeros, en una simulación de consulta y a nombre de la población, aceptara la siembra de soya genéticamente modificada”. Luego comentaron que por ello ese proceso en Iturbide ya fue impugnado por el comisario, “con el respaldo de una asamblea comunitaria mayoritaria (tres veces más numerosa que los firmantes de la simulada y fallida “consulta”), pero la trampa dejó a su paso situaciones de confrontación y violencia, como la acaecida el 15 de octubre, en donde un reducido grupo de soyeros increpó y amenazó de muerte a los representantes de las demás comunidades y a sus asesores”, resaltaron. No obstante, dijeron que las 35 comunidades participantes en el movimiento acordaron continuar en el proceso de consulta “de manera ordenada, en diálogo y discusión directa con las autoridades federales encargadas de llevarla a cabo por mandato de la Suprema Corte, pese al ambiente enrarecido que han generado las autoridades encargadas de verificar el cumplimiento de la sentencia. Y acusaron directamente a autoridades de “Cibiogem y CDI, así como Sagarpa y Senasica, que han sido negligentes e incluso cómplices de la siembra ilegal de soya transgénica, cuyo permiso fue cancelado por la SCJN desde noviembre de 2015”, insistieron. Además, recordaron que no obstante esa prohibición, se ha documentado que en Hopelchén continúa la siembra de soya transgénica de manera ilegal, lo cual ha sido denunciado “oportunamente, incluso con datos georeferenciados, sin que a la fecha las autoridades responsables hayan impuesto alguna sanción”. “Esta omisión ha significado la siembra y cosecha ilegal de por lo menos mil hectáreas de soya genéticamente modificada en el municipio de Hopelchén, con lo cual la consulta, en lugar de ser un verdadero proceso de diálogo, está convirtiéndose en una simulación”, sostuvieron. Incluso añadieron que en esa simulación es cómplice la PGR, “que ha pretendido cerrar las carpetas de investigación abiertas con motivo de las denuncias penales presentadas por la siembra ilegal de soya GM, lo que significa que la impartición de justicia es dispareja”. Asimismo, recordaron a las autoridades involucradas que, “con base en los estándares internacionales, la consulta debió haber sido previa a la liberación de este permiso a la empresa Monsanto y que este carácter de previa vuelve a ser violado por su negligencia en prevenir y sancionar la siembra de soya transgénica”. Además, reiteraron, “las sesiones deben ser libres, la información clara, plural y no tendenciosa, culturalmente accesible; el diálogo y los acuerdos de buena fe”. Lo anterior, con la finalidad de llegar a un acuerdo que ponga fin “al conflicto que ellas mismas iniciaron al imponer la decisión de sembrar transgénicos, deforestar nuestra selva, contaminar nuestra agua, afectar nuestra salud y dañar miles de las colmenas de abajas de las cuales vivimos las comunidades mayas de Campeche”. Igual señalaron que “a través de la consulta estamos logrando proteger el derecho y el respeto al territorio que resguardamos las comunidades mayas, pero también la autonomía, la participación, la identidad cultural para evitar ser desplazados de las selvas que hemos cuidado y manejado desde hace miles de años”. “La consulta previa, como parte de nuestro derecho a la autodeterminación, representa para nosotros una garantía importante para la supervivencia de nuestros pueblos”, acotaron. También subrayaron que “es tan grave esta conducta de las autoridades, y son tan graves estos hechos e impactos, que diversos representantes comunitarios hemos sido invitados y hemos decidido participar en eventos en México y en varias partes del mundo, informando en múltiples foros internacionales las violaciones a los derechos de los hombres y las mujeres mayas, y en especial el derecho que como pueblo originario tenemos de decidir el tipo de desarrollo que queremos”. Por último, felicitaron a sus hermanos mayas en Yucatán, donde en días recientes su gobierno estatal decretó a la entidad zona libre de transgénicos, y enseguida advirtieron que no cejarán en su lucha para que se imponga esa misma declaratoria a toda la península.