XALAPA, Ver. (apro).- A Gabriel Deantes Ramos, exsecretario del Trabajo y exsubsecretario de Finanzas y Planeación durante el gobierno de Javier Duarte, le fueron embargadas cuatro propiedades al ser imputado por el delito de enriquecimiento ilícito. La resolución fue dictada en la Sala de Juicios Orales Tres, ubicado a un costado del penal de Pacho Viejo en el municipio de Coatepec, y al igual que a Arturo Bermúdez Capitán Tormenta, a Gabriel Deantes le fue prohibido salir del país, y deberá depositar una fianza de un millón de pesos. Además, deberá acudir cada 15 días a firmar, como medida cautelar, al penal de Pacho Viejo. Gabriel Deantes, quien presumió todo el sexenio ser “compadre de Javier Duarte” y a quien sus detractores en el PRI y otros partidos políticos lo ubican como “mapache electoral”, acudió al desarrollo de su proceso penal sin querer mediar palabra con los medios de comunicación. Aunque no fueron dadas a conocer las propiedades embargadas a Deantes Ramos, la clase política del PRI le exhibió dos residencias en el fraccionamiento Las Ánimas, una plaza comercial y una residencia en Monte Magno, así como un condominio en la avenida Xalapa de la capital del estado. Gabriel Deantes Ramos había sido despedido en el 2013 como subsecretario de Sefiplan por “traicionar la confianza del gobernador” –según consignó un comunicado oficial–, y un año después fue rehabilitado como secretario de Trabajo y Previsión Social. El comunicado en aquel entonces consignaba que Deantes estaba sujeto a una “investigación” sobre sus bienes muebles e inmuebles, aunque dicha querella la Fiscalía General del Estado (FGE) la había mantenido en total secrecía. De los funcionarios más cercanos a Duarte ya resultaron imputados su exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y el extitular de la STPS, Gabriel Deantes. Además, continúan sin ser citados a declarar, porque gozan de fuero constitucional, el exsubsecretario de Desarrollo Social, Vicente Benítez González; el exsecretario particular de Javier Duarte, Juan Manuel del Castillo; el extesorero estatal Tareck Abdalá Saad, y el exvocero del gobierno y exsecretario de Desarrollo Social, Alberto Silva. Benítez y del Castillo son diputados locales que recién tomaron protesta en el Congreso local, y Abdalá y Silva son legisladores federales en funciones.