CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobierno de Héctor Astudillo Flores se adjudicó de manera irregular, mediante un acuerdo interno de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), más de 15 millones por concepto de multas impuestas a contribuyentes que no pagaron impuestos de 2015 a la fecha. El acuerdo que no tiene sustento jurídico fue impuesto desde 2006 durante la administración del exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo donde se plantea que el 50% de las multas por Recaudación y Fiscalización serán repartidas entre el personal de la Sefina “para estimular a los notificadores y ejecutores fiscales”. De esta forma, las finanzas del estado dejan de percibir una cantidad millonaria de recursos que son distribuidas presuntamente entre trabajadores, sin vigilancia alguna. Documentos oficiales de la dependencia indican que de 2012 a la fecha, el gobierno estatal recaudó por concepto de multas fiscales la cantidad de 97 millones 953 mil 598 pesos. De esta cantidad acumulada en cinco años, las autoridades estatales se han repartido de manera unilateral 48 millones 676 mil 799 pesos, es decir, un promedio anual de 9 millones 735 mil pesos presuntamente para repartirlos entre los recaudadores fiscales. No obstante, en el desglose general se observa que en lo que va de este año, la cantidad recaudada por multas disminuyó una quinta parte de lo acumulado en años anteriores. Al respecto, el informe oficial señala que en 2012, la recaudación fue de 28 millones 107 mil 557 pesos; en 2013, 17 millones 188 mil 771 pesos; 2014, 21 millones 307 mil 950; 2015, 25 millones 351 mil 664 y de enero a agosto de este año, 5 millones 397 mil 656 pesos. A escala nacional no existe antecedente público de un acuerdo como el que se aplica de manera unilateral y sin vigilancia alguna en Guerrero donde la opacidad, el manejo irregular de los recursos públicos y los actos de corrupción han caracterizado la administración de los gobernantes en turno. En octubre Apro dio a conocer que el proyecto de presupuesto de Egresos que envió Astudillo al Congreso plantea un aumento en el gasto corriente burocrático, así como un “pacto de impunidad” para beneficiar a sus antecesores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez porque compromete las participaciones federales del próximo año destinadas a inversión social para solventar un desvío de más de seis mil millones pesos y contempla un donativo de 47 millones de pesos para la fundación Teletón, entre otros excesos. Además, en el proyecto de Ley de Ingresos, el gobernador Astudillo ordena exentar del pago de impuestos a médicos y arrendadores, a pesar de que la Constitución prohíbe este tipo de privilegios fiscales para sectores sociales.