Sólo uno de cada 10 delitos se denuncia en NL, revela el Observatorio ciudadano estatal

miércoles, 2 de noviembre de 2016
MONTERREY, NL (apro).- Apenas una víctima de cada 10 presenta una denuncia penal por delitos cometidos en la entidad, debido a la desconfianza que tiene la población en las autoridades, señala un estudio realizado por diversos organismos privados. La inseguridad que se padece en la entidad en tiempos del gobernador Jaime Rodríguez Calderón ha provocado que, en ocasiones, los empresarios se abstengan de invertir aquí, pues el aumento hasta de 30% de los índices delictivos afecta la inyección de recursos y la generación de empleos, expuso el Observatorio Ciudadano de Nuevo León. Con base en cifras oficiales, en esta 52 muestra presentada por el Observatorio –que pone de relieve datos de delitos de alto impacto en los lapsos de enero a septiembre del 2015 y los mismos meses de 2016– se advierte que la “cifra negra” en la entidad está estancada y ha disminuido poco en los últimos seis años. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción en Seguridad Pública (Envipe), levantada por el Inegi el año pasado, 92.9% de las personas no denunciaba delitos y, en los primeros nueve meses de 2016, apenas lo hace el 92.8%. De 2010 hasta ahora la cifra ha bajado en apenas 2.1 puntos. “De acuerdo con el análisis del mismo Inegi, en 60% de los casos los ciudadanos declaran que no presentan una denuncia por causas atribuibles a la autoridad, tal como lo es la pérdida de tiempo, desconfianza, trámites largos y difíciles, por actitud hostil o por miedo a extorsiones a la víctima durante el trámite”, señalaron hoy los organismos intermedios al presentar el análisis basado en cifras presentadas por la Procuraduría estatal. Los incidentes de abuso de autoridad impactan negativamente la confianza de la ciudadanía en sus autoridades, como lo evidencian las denuncias al alza por este delito, señalaron. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer, según el estudio, que ha recibido este año 165 quejas de este tipo, principalmente de corporaciones policiacas de los municipios metropolitanos de Apodaca, Escobedo, Juárez, Monterrey, San Pedro y Santa Catarina. Al presentar las cifras de delitos de alto impacto, se destacó que prácticamente todos se incrementaron en los lapsos referidos. Así, el homicidio doloso pasó de 345 a 511 denuncias; secuestro, de 17 a 19, con lo que el estado, por este delito, pasó del sitio 14 al 11 a nivel nacional, y la extorsión subió de 357 denuncias a 446; violación, de 470 a 516. El robo a negocio pasó de 2 mil 99 a 3 mil 654, lo que representa un incremento de 74.1%; en robo a casa habitación, las querellas se incrementaron de 2 mil 143 a 2 mil 578, con lo que Nuevo León pasó a nivel nacional del lugar 18 al 13. El robo a persona subió de mil 921 a 2 mil 365; el de vehículo, de 2 mil 325 a 3 mil 113, lo que representa un promedio de 346 unidades hurtadas al mes. Todo este tipo de robos, con el agravante de la violencia, subió de 2 mil 920 a 4 mil 656. El robo a banco tiene, en 2016, 38 denuncias, en comparación con las seis que hubo en el 2015. Los representantes de los empresarios señalaron que el incremento de los robos con violencia señala la posibilidad de que las bandas del crimen organizado se involucren en este tipo de delitos, cuando anteriormente se ocupaban de traficar con drogas. Junto con la inseguridad que se percibe en las calles de la entidad, señalaron que la Federación ha incumplido a Nuevo León con la aportación de recursos para concluir la construcción del penal en el municipio de Mina, que inició en el pasado sexenio de Rodrigo Medina y que está actualmente abandonado, con apenas la barda perimetral edificada. La construcción de estas instalaciones ayudará a despresurizar los reclusorios de la entidad, en particular en el del Topo Chico, donde en el año se han registrado por lo menos tres riñas sangrientas. El último incidente se registró esta mañana durante un cateo que resultó en 20 policías lesionados, dos de ellos de consideración por una confrontación con los internos. El estudio es respaldado por los organismos Centro de Integración Ciudadana (CIC) y el Consejo Cívico, con apoyo de Caintra, Canaco y Coparmex de Nuevo León.