SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).- Activistas y organizaciones feministas del estado cuestionaron este lunes la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) emitida por el gobierno federal para siete municipios de la entidad, y la calificaron de “incompleta, discriminatoria e insuficiente”. Luego de que la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), declaró la AVG el pasado viernes 18, pero sólo para San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Villaflores, Tonalá, Chiapa de Corzo y Tapachula, las feministas protestaron contra esa visión “reduccionista” de la violencia feminicida en la entidad. En el marco del Primer Congreso Feminista en Chiapas, que inició este lunes y culminará el próximo viernes 25, decenas de activistas, mujeres indígenas, organizaciones sociales, campesinas y feministas advirtieron que impugnarán la Declaratoria limitada. Las agrupaciones, colectivos y redes integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas – peticionarios formales de la AVG desde el 25 de noviembre de 2013– se dieron cita en el Congreso Feminista para analizar la Declaratoria, y concluyeron que no responde a la demanda interpuesta. Exigieron que se reconozca que en Chiapas existe “un contexto de violencia sistemática contra las mujeres, marcado por altos niveles de impunidad y permisibilidad social que han perturbado la paz social en Chiapas, debido a factores estructurales que generan desigualdad y pobreza”. Señalaron que en una primera solicitud el gobierno federal rechazó emitir la Declaratoria en 2014, por lo que un año después tuvieron que tramitar un recurso de amparo para exigir al gobierno federal la emisión de la AVG, y fue así como este 2016 se hizo la Declaratoria, pero sólo para siete municipios chiapanecos, cuando la problemática es generalizada en los 122 municipios del estado. Martha Figueroa Mier y Mercedes Olivera Bustamante, a nombre de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, manifestaron su preocupación por lo “incompleto y limitado de la resolución, el informe parcial y superficial, con contenidos atrasados o inexactos”. Y aun con la impugnación que harán ante el gobierno federal, exigieron a las autoridades estatales que acaten a la brevedad la resolución, considerando las recomendaciones de organismos internacionales de derechos de las mujeres en la materia. Asimismo, pidieron al gobierno de Manuel Velasco Coello que nombre de inmediato a una coordinadora con capacidad de vinculación y decisión para conformar el Grupo señalado en la notificación, para su efectiva instrumentación. Demandaron que lo relativo al seguimiento de casos de violencia feminicida sea para todos los señalados y documentados en la solicitud de 2012 y 2013, pero también para las víctimas, ofendidas y testigos de los casos tratados de 2014 a la presente fecha. Y exigieron desplegar ya las acciones establecidas en el informe que emitió el consejo, así como destinar los recursos necesarios para su cumplimiento y que se atiendan las causas estructurales de la violencia feminicida en Chiapas “y no se utilice la declaratoria de AVG como un instrumento político con fines electorales”. “Como Campaña nos pronunciamos indicando que esta resolución es incompleta, discriminatoria e insuficiente; que no da cumplimiento cabal y, por lo tanto, las autoridades incurren en desacato al mandato federal del amparo; que la Campaña se reitera en alerta permanente y ciudadana para seguir realizando acciones de corto, mediano y largo plazo para prevenir la violencia feminicida”, destacó Figueroa Mier. Entre las organizaciones que integran la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas están, entre otras, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), la Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Casa Gandhi, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, y Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana (CIAM).