Exfuncionaria que pasó 2.5 años en la cárcel, exhibe nuevas irregularidades en Tesorería de Duarte

miércoles, 23 de noviembre de 2016
XALAPA, Ver. (apro).- Durante el sexenio de Javier Duarte, Veracruz fue “un paraíso” para el “emplacamiento” de vehículos robados, comprados indebidamente o regenteados por “coyotes”, ligados con bandas de ladrones de vehículos, afirmó Rafael Hernández Matías, abogado de Deyanira Hernández García, exjefa del departamento de Autorización de Crédito de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), quien sufrió tortura y pasó dos años y medio en prisión acusada injustamente de un presunto fraude por un millón 800 mil pesos. El litigante señaló que Tomas Ruiz González, extitular de la Sefiplan; José Ramón Cárdeno Shaadi, exsecretario particular del gobernador Duarte y exfuncionario menor de la Sefiplan; y Arturo Cárdenas Mateos, exsubprocurador de Asuntos Contenciosos de la Subprocuraduría Fiscal, tejieron una red eficaz para “emplacar” vehículos con reporte de robo, empadronar vehículos sin el pago de la tenencia y desviar los ingresos y egresos de la dependencia, entre otras irregularidades. En ese contexto, dice Hernández Matías, su cliente fue “utilizada” para caer en prisión. Una vez que el padrón vehicular de la Tesorería se encontraba “muy sucio”, exponen Deyanira Hernández y Rafael Hernández, los altos funcionarios de Duarte buscaron “chivos expiatorios” para desmantelar “al menos en la televisión y en la prensa”, una red de corrupción y fraude. En aquel entonces, el slogan de los servidores públicos de la administración del priista, Javier Duarte era “yo soy honesto”. Antier, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de Veracruz para apremiarlo a “resolver” el recurso de impugnación de una víctima (Deyanira Hernández) por haber acreditado violaciones a los derechos humanos a la libertad, la integridad y seguridad personales de una mujer por hechos consistentes en detención arbitraria, retención ilegal e incomunicación atribuibles a tres agentes policiales de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), según data el expediente 51/2016, dirigida al fiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras. La CNDH sostiene que hubo violaciones al debido proceso por parte de servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJ), actual Fiscalía General del Estado y quien aletargó e hizo omisiones al expediente CNDH/2/2014/235/RI. “Se pide reparar el daño a la víctima de forma integral mediante atención médica y psicológica, así como la compensación que corresponda en términos de la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz”. De acuerdo con el acta circunstanciada DAM-0100/2013 de la CEDH de fecha 30 de enero, la exservidora pública fue torturada por elementos de la PGJE para que se declarara culpable del probable quebranto. En entrevista, Deyanira Hernández asegura que fue muy doloroso estar más de 30 meses en prisión por un delito que no cometió y que además perdió su casa, se quedó sin trabajo y se perdió gran parte de la educación de su hija: “en la cárcel me lamí mis heridas, es una frustración en la que te preguntas, ¿Por qué yo?”, señala. En la investigación ministerial 137/2012 de la extinta Procuraduría General de Justicia (PGE) a la que tuvo acceso el reportero, se consignan las agresiones a Deyanira para que ante elementos de la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) se declarara culpable de fraude. “Tiene que declarar, de lo contrario se cae todo… Si el superior jerárquico se molesta (sic), se la va a cargar su madre”, le dijeron los agentes policiacos. Posteriormente la golpearon, uno de los elementos de la AVI decía al momento de golpearla: “Así me gusta que chillen las viejas”. Además le dieron toques eléctricos tanto en los pezones como en el abdomen y partes íntimas. Al momento de la tortura se encontraba vendada”. La detención de la exfuncionaria de la Sefiplan ocurrió en diciembre del 2012, cuatro años después, el apoderado legal de la víctima, Rafael Hernández, delinea cómo buscarán el resarcimiento del daño: reclamar los salarios caídos estos cuatro años que ascienden a 960 mil pesos, promediando un salario de 20 mil pesos mensuales, más tasar, como “reparación del daño” el tiempo que no vio a su hija, reclamar daños y prejuicios, los gastos de fianzas y garantías depositados, indemnización por abuso de autoridad, lesiones y tortura. “En este gobierno no sólo se robaron el dinero, se robaron la felicidad de una niña, durante los dos años, 7 meses de prisión que Deyanira estuvo reclusa y que cuando la sacamos con fianza, apenas hoy la CNDH nos asiste la razón”, expone Rafael Hernández. Deyanira Hernández lamenta que hoy con el sexenio de Duarte terminando y varios funcionados prófugos de la justicia por el quebranto financiero o con la protección del gobierno federal, ella no tiene empleo, ni acceso a la seguridad social, quedó estigmatizada con ser una exconvicta de Pacho Viejo, y que además hoy tiene que lidiar con la pérdida de su casa por un remate bancario. “Hoy me siento como Juana la baratera, vivo de la venta de collares y pulseras, que las aprendí a hacer en la cárcel, mientras Tomas Ruiz que se jactó con la prensa de romper una red de corrupción, él siga con alto cargo (extitular de Obras Públicas) sabía que no cometí delito alguno”. El apoderado legal señala que logró sacar a Deyanira Hernández de la cárcel porque los argumentos de la Procuraduría y los testimoniales de la Sefiplan “eran muy pobres”, entregaron como mayor prueba una “captura de pantalla” de tenencias vehiculares pagadas y nada más. “Mi cliente solo tenía acceso a las claves de Sefiplan para consulta, no para hacer movimientos, ni tampoco manejaba dinero, pero hay otros involucrados como Víctor Dávila y Elsa Acosta, quienes pisaron unos días la cárcel y salieron libres”, expone. Mientras Dávila y Acosta ya estaban libres, Deyanira se encontraba maltrecha en un hospital donde estuvo dos días, bajo observación médica y con exámenes hepáticos, para calcular los estragos de la tortura. “Ya con meses recluida y con el dolor de haber pasado navidad, año nuevo y los Reyes de mi hija encerrada, pague una inserción en el Diario de Xalapa para enviarle una carta a la esposa de Duarte, Karime Macías, pedirle que en su dolor de madre me entendiera la injusticia que estaba pasando…jamás se molestó en contestarme o en enviar a alguien a revisar mi caso”. “La detuvieron sin una orden de aprehensión, dentro de un inmueble propiedad del gobierno del estado, la esposaron sin una orden de presentación, y durante 24 horas la trajeron desaparecida dando vueltas entre las instalaciones de la AVI y la Procuraduría de Justicia”, expone Julián Hernández, hermano de la exfuncionaria pública en el gobierno de Javier Duarte. Deyanira, junto con los otros empleados estatales fue involucrada por el entonces titular de la Sefiplan, Tomás Ruiz González, en un fraude de un millón 800 mil pesos cometido en perjuicio de la dependencia a su cargo. El presunto fraude consistió, explicó Ruiz en una rueda de prensa dada en ese entonces, en “condonar” multas o eliminar adeudos de tenencias atrasadas a cambio de “mordidas”. En el auto de formal prisión que recibió Deyanira Hernández y como colofón al entramado de irregularidades, la juez que la encarceló fue Beatriz Rivera, la misma que aprobó los desaseos en la investigación ministerial del asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez. Dos años después, Rivera será propuesta como magistrada del Poder Judicial del Estado, a sugerencia de Javier Duarte.

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