CUERNAVACA, Mor. (apro).- El 2016 se convirtió en el año más violento para las mujeres del estado en lo que va del gobierno del perredista Graco Ramírez, pues a estas alturas ya suman 53 los feminicidios. De acuerdo con la coordinadora del Comité contra el Feminicidio en Morelos (Cocofem), Ixlol Preciado Bahena, la situación es todavía más grave porque desde el 10 de agosto de 2015 se declaró en la entidad la Alerta de Violencia de Género (AVG), pero hasta ahora “no se han registrado cambios” y se ve reflejado en el número de feminicidios, por lo que podemos afirmar que la AVG ha sido un fracaso por la inacción de las autoridades, apunta. Según la activista, ni el gobierno del estado ni los ocho municipios que conforman el polígono territorial donde debería operar la AVG han hecho nada para prevenir la violencia. En el caso de los ayuntamientos, “ninguno tiene idea de lo que tiene que hacer, ponen como responsables del asunto a personas que no tienen ninguna experiencia y menos preparación para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza. No le invierten, porque no les interesa”, reprocha. Y parece que el gobierno de Morelos considera que lo que tiene que hacer es “reuniones y actos para la fotografía, pero en realidad no hace nada para realmente cambiar el curso en la entidad. Morelos vive una situación verdaderamente grave”, subraya Preciado Bahena. Destaca, asimismo, que la impunidad y la falta de prevención son los problemas más importantes que hacen que las situaciones de violencia se multipliquen. “No existen programas de prevención. Si bien la seguridad corresponde ahora al gobierno del estado, con el Mando Único, los municipios también debieran implementar programas de sensibilización y prevención. La Secretaría de Educación del estado tampoco implementa ninguna medida”. Pero, además, las medidas que dicta la AVG son muy claras, dice. No se ha integrado un banco de datos respecto de la violencia contra las mujeres, “de hecho no existe ninguna base de datos que sea confiable. Nosotras hemos integrado una, con base en las publicaciones de los medios de comunicación, y a partir de los elementos que se ofrecen en la prensa determinamos si reúne las características para ser considerado como feminicidio”. Tampoco se ha establecido el programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres para los funcionarios públicos. “La fiscalía de atención a delitos contra las mujeres tiene el mismo personal, no hay inversión ni equipamiento”, lamenta la coordinadora del Cocofem. Y más: Desde el sector educativo no se ha hecho nada para “establecer e impulsar una cultura de no violencia contra las mujeres”, como dice la declaración del 10 de agosto de 2015. No existen campañas permanentes para la disuasión o reeducación de los agresores. En algunos municipios se ha hecho, pero si no va acompañada de otras acciones, no funciona, dice. En el ámbito de la seguridad de las mujeres, agrega, no se ha difundido “suficientemente” lo que significa la Alerta de Violencia de Género; tampoco se han diseñado o ejecutado estrategias para los espacios públicos a través de patrullajes, operativos y demás, como lo establece el documento. Y hay lugares donde no existe el alumbrado público, por ejemplo, por lo que esas zonas se convierten en idóneas para la violencia. Y si hablamos de la justicia o la reparación del daño, sostiene la activista, las mujeres enfrentan los mismos escenarios de revictimización previo a la Alerta. Por ejemplo, detalla, los funcionarios siguen minimizando los casos de maltrato y violencia física, entonces “¿para qué levanto la denuncia, si lo van a perdonar?”, es la frase que utilizan los funcionarios públicos para justificar la falta de cuidado en la integración de los expedientes. El hecho de que la propia Fiscalía no cuente con bases de datos actualizadas en torno a los casos de violencia de las mujeres, también es una falta a las medidas a que obliga la AVG en Morelos. “Hace unos meses solicitamos al gobierno que nos informe el estado que guardan las investigaciones que se derivan de las denuncias y de los procesos que se han iniciado, las condenas, etcétera, y no nos informaron”. Al preguntarle qué argumento les dieron para no proporcionarles el dato, respondió: “Me salieron con que por ley no pueden informarme de eso, por secrecía. Pero no entienden, yo no les pedí nombres de los acusados, indiciados, imputados. Lo que quiero son las cifras globales, para saber cómo va el tema de la justicia, pero no me dieron nada. Impugné y ahora vamos a ver qué informa el gobierno del estado”. Mientras tanto, han transcurrido 330 días del año y 53 feminicidios, según el Cocofem, lo que hace un promedio de un feminicidio cada seis días, aunque la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso local, la panista Norma Alicia Popoca Sotelo, dijo hace unos días que en lo que va de 2016 se han cometido 79 casos de feminicidio en la entidad. Esto hace, con mucho, que 2016 sea el año más violento para las mujeres, “y todavía falta diciembre, mes en el que tradicionalmente se cometen más actos de violencia contra las mujeres, por lo que estaríamos ante un número sin precedentes de feminicidios ante la complacencia, negligencia o complicidad de las autoridades estatal y municipales”, concluye Preciado Bahena.