PUEBLA, Pue. (apro).- El Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) denunció que hombres armados irrumpieron la noche del jueves en las instalaciones de la radiodifusora indígena Radio Tlayole en la comunidad la Cumbre, municipio de Tlacotepec de Porfirio Díaz, y dispararon contra el locutor Gerardo Rivera Juárez. La organización atribuyó esta agresión a directivos de la Minera Autlán para intimidar a la población de esa comunidad que se ha manifestado con un plantón contra el proyecto de esa empresa para construir una hidroeléctrica en la Sierra Negra de Puebla. “La radio comenzó operaciones hace apenas 15 días con programas enfocados a la protección del ambiente, por lo que dio cabida a las voces disidentes contra el proyecto de la hidroeléctrica Coyolapa – Atzalan, que se pretende construir en esta zona de la Sierra Negra”, explicó en un comunicado el MAIZ. “Mientras trasmitían los compañeros de la organización, Rigoberto Nieto González y Leonor Rivera Juárez, ingresaron con lujo de violencia dos sujetos que agresivamente comenzaron a golpear con saña a los dos locutores que en ese momento trasmitían”, agregó. Además, expuso que los agresores comenzaron a destruir los equipos de la radio, cuando la transmisión estaba en vivo por lo que los radioescuchas pudieron oír la agresión. Al darse cuenta del hecho, Gerardo Rivera Juárez acudió a la radiodifusora, pues su hermana estaba como locutora. “Al ingresar para defender a los compañeros fue agredido y herido de bala en el pecho”, refirió. El MAIZ acusó a directivos de la Minera Autlán de ser los autores intelectuales del intento de asesinato del también locutor indígena Rivera Juárez. Las comunidades de la región de Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, se integraron desde 2013 en un Consejo llamado Maseual, para declararse en resistencia contra las concesiones entregadas en su territorio para distintos proyectos extractivos y de explotación de sus ríos. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mil 527 hectáreas de esa región fueron concesionadas a diferentes empresas, sin consulta previa a las comunidades afectadas. En un cabildo abierto, los pobladores declararon al municipio de Cuetzalan “libre de proyectos de muerte” e interpusieron un amparo. El juzgado concedió la suspensión de plano para “salvaguardar sus derechos de posesión, propiedad o disfrute de sus territorios, aguas y sitios sagrados”.