PUEBLA, Pue. (apro).- El secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, confirmó que Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, muerto durante el desalojo policiaco de hace dos años y medio en Chalchihuapan, ya aceptó el pago por indemnización que recomendó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Aunque la activista Aracely Bautista denunció que la madre fue advertida por el gobierno estatal de que si no aceptaba el millón 700 mil pesos ofrecidos, el exedil de esa comunidad, Javier Montes, no sería liberado de prisión, Carrasco rechazó que la administración estatal haya recurrido a esas presiones. El funcionario estatal dio por cumplidas las 11 recomendaciones que emitió la CNDH por el caso Chalchihuapan y aseguró que la cantidad económica entregada a Elia Tamayo fue fijada por dicho organismo, de acuerdo con estándares internacionales. “No tengo ningún comentario qué hacer. Nosotros somos un gobierno apegado a la ley y se están cumpliendo las recomendaciones de la Comisión. Una recomendación concreta entre las 10 u 11 que se hicieron, fue que se cubriera una cuota, no de indemnización, es una cuota con criterios internacionales que la fijó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos", mencionó. Sin embargo, Bautista acusó a funcionarios del gobierno estatal de presionar a la mujer para aceptar el pago ofrecido, luego de que durante dos años y medio ha mantenido su demanda de justicia por el asesinato de su hijo. “En su momento (Elia) va a decir toda la verdad, pero le digo a la sociedad en general que la señora fue presionada. Tenemos una notita que un funcionario que me la puso en su escritorio. Él dijo que si la señora Elia no firma por automático, Javier (Montes) se queda en la cárcel, que el ministerio público apela la resolución y que él se queda en la cárcel. Así tal cual”, reveló Bautista. La también madre del exedil de Chalchihuapan –quien salió de prisión el pasado 4 de septiembre, tras casi dos años de estar encarcelado–, insistió en que desde que el niño fue herido de muerte durante el operativo de desalojo, Tamayo ha sido objeto de múltiples presiones por parte de la autoridad estatal. Hilario Gallegos, vocero del Centro de Derechos Humanos José Luis Tlehuatle Tamayo, reiteró que en su momento la propia Tamayo dará a conocer las presiones que le impuso el gobierno estatal para aceptar la indemnización. “Ella dirá los motivos por los que cobró, pero hubo presiones a través de la Secretaría para que ella aceptara”, afirmó. El activista aclaró que el gobierno estatal no puede dar aún por cumplida la recomendación de la CNDH, pues existen aún puntos sin cumplir como el procedimiento para fincar responsabilidades contra el entonces secretario de Seguridad del Estado, Facundo Rosas Rosas. También, dijo, falta por cumplir a cabalidad los puntos que se refieren a la indemnización de todas las víctimas, así como una disculpa pública que corresponda a la gravedad de lo ocurrido el 9 de julio de 2014. Aquel día, policías dispararon a quemarropa cartuchos de gas lacrimógeno contra la población, mismos que causaron la muerte del niño y heridas graves a otros ocho habitantes.