PUEBLA, Pue. (apro).- En el lapso de unas horas se cometieron dos feminicidios en Puebla, con los que ya suman 79 crímenes de este tipo en lo que va de este año. Y mientras organizaciones gubernamentales insisten en que es necesario decretar la alerta de género en esta entidad, el número de asesinatos de mujeres sigue a la alza. La mañana de este martes fue localizado el cuerpo de una mujer de 55 años que estaba semidesnuda y presentaba disparos de arma de fuego en el cuerpo y su cabeza. Su cadáver fue arrojado a la autopista México-Puebla, a la altura de San Rafael Tlanalapa. La víctima fue identificada como Georgina Suárez, originaria de la población de San Lucas Atoyatenco, sin que hasta ahora se reporten indicios del responsable de su asesinato. Horas después, en una casa de la colonia Historiadores, en esta ciudad, fue encontrada sin vida otra mujer de 35 años, a quien asesinaron a golpes y se presume que el responsable fue su pareja sentimental. La mujer fue hallada muerta por su hijo, en el interior de su casa. Se presume que la fémina fue asesinada en medio de una discusión con su pareja. Apenas el 23 de noviembre, Guadalupe Hernández Santos, de 60 años, fue encontrada asesinada a puñaladas en el interior de su domicilio en la colonia El Ocotal, en Huauchinango. Otro caso reciente es el de Celeste Márquez, una joven abogada de 26 años que fue ejecutada a balazos por dos hombres el pasado 3 de noviembre en Xicotepec de Juárez, en presencia de su madre y su hijo de ocho años. Esto ocurre cuando falta un mes para que se cumpla el plazo que otorgó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) al gobierno de Puebla para que cumpla con 11 recomendaciones que emitió para abatir los índices de violencia contra las mujeres que se registran en esta entidad. Aunque el gobierno del estado asegura que existe un avance en el cumplimiento de esas recomendaciones, organismos como “Todos para Todos”, encargado de la solicitud para la alerta de género en esta entidad, aseguran que hasta ahora las acciones para combatir la violencia por parte de la autoridad estatal han quedado en “simulación”.