Secretaría de Salud de Colima pierde amparo; debe reinstalar a trabajadora

viernes, 4 de noviembre de 2016
COLIMA, Col. (apro).- Después de cuatro años de litigio, la Secretaría de Salud (SS) de esta entidad perdió un juicio de amparo y deberá reinstalar a una trabajadora despedida de manera injustificada, a quien además tendrá que pagar los salarios caídos. En noviembre de 2012, la excoordinadora estatal de investigación de la dependencia, Alma Rosa Guadalupe Fernández Salinas, interpuso una demanda laboral por su despido después de 14 años de servicio ininterrumpido y de que, según dijo, en 2008 obtuvo la basificación a través de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS). Doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Colima, Fernández Salinas atribuyó su despido a la molestia del entonces titular de la SS, Agustín Lara Esqueda, por los periodos de incapacidad laboral que le otorgaban médicos del ISSSTE como consecuencia de dos accidentes de trabajo sufridos en la última década. En su demanda presentada ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), clasificada con el número de expediente 501/2012, la trabajadora narró que ingresó a laborar en la SS el 1 de noviembre de 1998 en el cargo de coordinadora estatal de investigación, puesto en el que permaneció hasta el 5 de octubre de 2011, cuando por órdenes de Lara Esqueda fue cambiada de adscripción al Instituto Estatal de Cancerología en la función de ginecóloga, pese a que inicialmente se le había informado que se desempeñaría como investigadora. Sin embargo, la naturaleza del trabajo realizado en esa nueva función le acarreó secuelas de una lesión cervical sufrida en febrero de 2003 tras una caída en el Hospital Regional Universitario mientras caminaba cargando un paquete de expedientes sobre un piso mojado, aunado a otro accidente en la muñeca derecha durante la práctica de una cirugía cesárea. Alma Rosa Fernández denunció que en los meses previos a su despido sufrió hostigamiento laboral, obstaculización de proyectos de investigación médica presentados ante la dependencia y bloqueo para asistir a eventos nacionales a los que era invitada, como el del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud en abril de 2012. El 25 de febrero de 2015, la JLCA emitió el laudo favorable a Fernández Salinas y condenó a la Secretaría de Salud del gobierno estatal a reinstalarla en las mismas condiciones en que desempeñaba sus labores en la plaza sindicalizada por tiempo indeterminado como médico especialista “A”, así como al pago de 901 mil 472 pesos por concepto de salarios caídos y otras prestaciones que se le adeudaban a la quejosa. Inconforme con la decisión de la autoridad laboral, la SS promovió el 24 de abril siguiente un amparo directo ante el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, clasificado con el número de expediente 372/2015. Sin embargo, en su sentencia del 1 de julio pasado el Tribunal Colegiado consideró fundado el laudo de la JLCA favorable a Fernández Salinas, debido entre otras cosas a que la parte patronal no sustentó el despido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), además de que “no cumplió con la carga de la prueba respecto de las formalidades de la rescisión laboral, puesto que no acreditó la o las causales que invocó”, por lo que el despido fue injustificado. Durante el acto de ejecución del laudo, realizado el pasado 26 de octubre, el representante legal de la SS, Álvaro Ramírez Castillo, anunció la oposición de la dependencia a la realización de la diligencia y anunció la promoción de un recurso de revisión. “Me opongo al auto de requerimiento de pago o en su defecto al embargo de bienes, así como a la reinstalación de Alma Rosa Fernández Salinas en las mismas condiciones en que supuestamente venía ejecutando sus labores en plaza con categoría de médico especialista A”, advirtió Ramírez Castillo, según quedó asentado en el acta. Aunque aseguró que “es deseo de mi representada (la SS) conciliar este asunto para que quede debidamente cumplido”, objetó la cantidad actualizada para el pago de salarios caídos y otras prestaciones, de un millón 452 mil 789 pesos, pues dijo que a esta cantidad tendría que descontársele algunas deducciones así como el ISR, pero solicitó “un plazo prudente de 15 días hábiles a efecto de dar cumplimiento al auto de ejecución que nos ocupa”. En lo que se refiere a la reinstalación de la trabajadora, adujo que era “material y físicamente imposible”, con el argumento de que “nunca ocupó ni ha ocupado una plaza de base, por lo que siempre estuvo ocupando plazas reservadas, o sea, plazas propiedad de otro trabajador”. Respecto de esto último, el abogado de Alma Rosa Fernández, Óscar Salvador Tagle Cárdenas, argumentó que las manifestaciones del apoderado de la SS carecen totalmente de fundamento, dado que en el propio laudo de la JLCA quedó reconocido que la trabajadora ocupaba un puesto de base como médico especialista “A”, lo que quedó firme tras la negación del amparo a la dependencia. Ante la postura del representante de la SS, el abogado de la trabajadora solicitó al presidente de la JLCA girar oficio al actual secretario de Salud, Carlos Salazar Silva, para que se reinstale a Fernández Salinas, con el apercibimiento de que de no hacerlo se le impondrán las medidas de apremio establecidas en la LFT, que incluso pueden llevar a su destitución del cargo. En relación con el pago de los salarios caídos, el abogado pidió al representante de la dependencia señalar bienes embargables, propiedad de la dependencia, para garantizarlo. Ante esto, el apoderado de la SS ofreció un inmueble ubicado en el fraccionamiento Primaveras del Real, en el municipio de Tecomán, número de escritura 12,809 ante la fe del notario Ramón Pérez Díaz, folio real 210775-1, con una superficie de 7 mil 282 metros cuadrados.

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