A 5 años de ejecución de normalistas, sigue la impunidad: Centro Tlachinollan

lunes, 12 de diciembre de 2016
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- A cinco años de la ejecución extrajudicial de los normalistas de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, el crimen sigue impune y representa la antesala de la masacre y desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014, señaló el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández. Sobre el doble asesinato registrado el 12 de diciembre de 2011, cuando policías federales y estatales reprimieron a balazos una protesta de normalistas de Ayotzinapa al sur de esta capital sobre la autopista Del Sol. El antropólogo dijo que no hay detenidos y ninguna autoridad de ese entonces ha sido sancionada por su omisión o participación ante el uso irracional de armas de fuego. Este lunes marcharon en esta capital estudiantes, padres de los 43 normalistas desparecidos y activistas para conmemorar el quinto aniversario del asesinato de Echeverría y Herrera, durante un desalojo realizado por agentes federales y estatales armados. En ese hecho también murió el trabajador de una gasolinera Gonzalo Rivas. El contingente se desplazó por las céntricas calles de esta capital del lado norte al extremo sur hasta llegar al punto conocido como El Parador del Marques y bloquearon los cuatro carriles de la autopista durante más de tres horas. Los manifestantes realizaron un mitin y una ceremonia religiosa en el lugar donde se encuentran las cruces de los dos normalistas asesinados en 2011. Exigieron justicia y castigo a los responsables del doble crimen. Abel Barrera, del Centro Tlachinollan, reprochó el hecho de que hasta el momento ninguna autoridad haya sido sancionada y advirtió que este hecho se convirtió en la antesala de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La impunidad y corrupción gubernamental, agregó, han fomentado la violencia que impera en la entidad. Por ello, dijo que los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa exhiben una campaña de exterminio contra los jóvenes que exigen un cambio de política pública tendiente a silenciar a los sectores sociales disidentes.