Ordena juez reabrir investigación contra César Duarte por peculado

miércoles, 14 de diciembre de 2016
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El juez de garantía Eduardo Alexis Ornelas Pérez ordenó al MP de la Fiscalía General del Estado (FGE) que inicie una investigación exhaustiva, técnica y objetiva por presunto peculado contra el exgobernador César Duarte y el exsecretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral. Ornelas Pérez revocó el no ejercicio de la acción penal contra ambos señalados, luego de que el coordinador de la Unidad de Delitos contra Servidores Públicos declaró, el mes pasado, que fue coaccionado por el exfiscal de la Zona Centro, Sergio Almaraz, para determinar el no ejercicio de la acción penal sin que hubiese concluido la investigación ni desahogado las pruebas que solicitaba la parte acusadora. El juez ordenó además abrir una carpeta de investigación por desacato en contra del coordinador del MP que determinó no proceder con el caso, debido a que tuvo otras opciones para atender la denuncia. Duarte y Herrera estuvieron ausentes de la audiencia por motivos de salud, luego que el primero informó, a través de su abogado particular, Ricardo Sánchez Reyes Retana, que está convaleciente de una cirugía de cadera en Estados Unidos, y el segundo se encuentra enfermo, de acuerdo con su defensor particular Carlos Aguirre. De acuerdo con el cuadernillo 234/2016, la denuncia fue presentada el 25 de mayo pasado por Joaquín Medina Rosales, integrante del Congreso Nacional Ciudadano, y el expediente fue concluido el 23 de septiembre, diez días antes de que concluyera el gobierno de Duarte, mientras que el MP declaró el 29 de noviembre pasado, cuando se determinó impugnar el no ejercicio de la acción penal, que fue coaccionado para asumir esa determinación. El juez ya había diferido una audiencia el pasado lunes, debido a que ninguno de los imputados asistió por los mismos motivos de salud, pero ahora acreditaron a los defensores para representarlos y desahogar el trámite. El abogado de Duarte presentó un acta de notario en Estados Unidos que no estaba apostillada, pero finalmente se acreditó a Sánchez Retana como representante legal del exmandatario priista. Ornelas Pérez explicó en la audiencia que el denunciante solicitó que se reabra la investigación de la carpeta 1921616230, porque según el MP no se acreditaron los elementos de enriquecimiento ilícito y peculado, aun cuando hay evidencias de actos de corrupción, autoritarismo y abuso del cargo público. En la denuncia hacen alusión al fideicomiso de 65 millones de pesos que creó Duarte en el banco Banorte para luego depositar los recursos en el Banco Unión Progreso o Banco Progreso Chihuahua, con el fin de capitalizarlo, a pesar de que Herrera era director de la institución y, al mismo tiempo, secretario de Hacienda del gobierno estatal, tal como lo denunció también ante la PGR y ante la FGE, pero en otra carpeta de investigación, el abogado Jaime García Chávez. En la denuncia, el MP hizo referencia también a notas periodísticas en las que los funcionarios se evidencian en relación con los hechos que les imputan. La directora jurídica de la Secretaría de Hacienda, Abril Portillo, explicó que el anterior agente que llevaba el caso solicitó al Registro Público de la Propiedad información sobre César Duarte, su esposa Bertha Olga Gómez Fong, así como de sus hijos César Adrián, Bertha Isabel y Olga Sofía. Asimismo, pidió información del excolaborador de Duarte y hoy diputado federal también bajo proceso penal Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga y del exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera, al Banco Progreso, así como los depósitos que hicieron desde el gobierno hacia esa institución bancaria. También pidieron información a la exContraloría del estado y, aun con esa información, el MP determinó el no ejercicio de la acción penal, pero le faltó recabar información de otras actividades como las bancarias y un análisis comparativo de la inversión en Unión Progreso con otros bancos como Bancomer y Santander. Portillo explicó que el MP violentó los derechos de las víctimas y ofendidos, porque no desahogó ni investigó de manera exhaustiva el caso de Duarte y Herrera. Asimismo, denunció que el anterior MP declaró que recibió la orden de su jefe inmediato, el fiscal de la Zona Centro, para que emitiera un acuerdo de no ejercer acción penal, pese a que no se tomó en cuenta la opinión de él como investigador. Tampoco indagaron el patrimonio de César Duarte antes de ser gobernador ni del año 2011 al 2015, ni el patrimonio total al concluir sus funciones y el actual, y sólo se concretaron a atender su declaración patrimonial. “Sólo dieron por cierto lo que dijeron ellos”. “No lo solicitaron a las dependencias gubernamentales para conocer sus movimientos bancarios, no pidieron información sobre su percepción de ingresos ni de egresos, no investigaron cómo manejaban los recursos materiales y humanos en la gestión de Jaime Herrera ni de César Duarte; no pidieron la declaración de personas que trabajaban en las secretarías y tenían injerencia en el manejo de los recursos; nada se investigó, sólo se concretaron a los bienes que ellos declararon para no ejercer la acción penal”, denunció Abril Portillo, directora jurídica de la Secretaría de Hacienda. La funcionaria, en su calidad de coadyuvante, agregó que, para archivar el expediente, evitaron también investigar a la Unión Ganadera División del Norte o Financiera División del Norte SA (cuyo fundador es César Duarte y durante su sexenio fue presidente Carlos Hermosillo); a la sociedad financiera de objeto múltiple Akala ni a Unión de Crédito Progreso. “No aportaron información de sus actividades de la empresa Pavimentos y Servicios de Parral ni Hidroponia de Parral, con el fin de conocer la proporción del patrimonio de César Duarte Jáquez en esas empresas”, agregó. Portillo dijo que la denuncia debió ampliarse porque así lo exigía la naturaleza del caso, y no sólo atenerse a los 65 millones de pesos del fideicomiso señalado. El encargado del despacho de la Consejería Jurídica del gobierno estatal, Pedro Joaquín Olivas Jiménez, también como coadyuvante, dijo que los niveles de corrupción en la entidad son estratosféricos, por los desfalcos que se han evidenciado, por lo que resulta inaceptable que no hayan ido al fondo de la investigación. El agente del MP que lleva el caso, Francisco González, confirmó las omisiones que hubo en la investigación en la administración pasada. En tanto el abogado de Duarte hizo referencia a la investigación que lleva la Unidad de Análisis Financiera de la PGR contra el exmandatario, Herrera y Hermosillo, por los mismos delitos, justificó que su cliente ha demostrado en las más de mil fojas del expediente que su patrimonio lo ha obtenido a lo largo de 30 años como empresario ganadero. También aseguró que el exgobernador no incrementó su patrimonio durante su sexenio al frente del estado de Chihuahua. El fiscal Francisco González explicó que no se trata de la misma denuncia, puesto que son diferentes denunciantes, e insistió en la necesidad de reaperturar la carpeta de investigación, ya que el mismo Duarte, en agosto de 2016, en entrevista ante medios de comunicación, aceptó que su patrimonio asciende a 100 millones de pesos, cuyo origen tiene que aclarar. El defensor del exgobernador insistió en que el juez no tomara en cuenta la declaración del anterior MP, quien dijo fue coaccionado para cerrar la investigación, debido a que se trata de otra administración. El funcionario de la Consejería Jurídica agregó que sí había conflicto de intereses en el caso y era posible dicha coacción, pues una hija de Duarte y un hijo del ex fiscal general, Jorge Enrique González Nicolás, son pareja sentimental, relación que, según él, vicia el caso, pero el defensor de Duarte pidió no tomar en cuenta ese detalle. El abogado de Herrera Corral se basó en que ya hay más denuncias contra su cliente por los mismos delitos, por lo que de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales de Chihuahua, no se puede acusar a nadie del mismo delito dos veces, y agregó que la representación social se basó en el Código Nacional de Procedimientos Penales para acusarlos, por lo que el caso está viciado de origen. “Se alude constantemente a los medios de comunicación y a hechos notorios. Es sabido que el 23 de septiembre de 2014 una organización ciudadana formuló una denuncia que conoce la PGR y dio pauta a la averiguación previa, se integra por la Unidad de Análisis Financieros a los mismos y por los mismos hechos. El 28 de noviembre anterior esa organización social, que dirige Jaime García Chávez, acude y pone la misma denuncia por esos mismos hechos a la Fiscalía General del Estado. Alude a los mismos tipos penales y se abre una carpeta de investigación”, insistió Carlos Aguirre. Luego agregó que ese hecho se investiga, desde hace 27 meses, por lo que representaría un acto ilegal si se abre de nuevo la investigación en el fuero común. También justificó que invertir en Unión Progreso era válido, puesto que el gobierno estatal lo hace desde los años noventa, ya que en algunos casos ofrecía la menor tasa de interés. El fiscal del caso respondió que la ley prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo delito, pero en este caso no se ha judicializado la acusación y no se trata de un mismo expediente ni de acusadores. Asimismo, informó que el agente del MP federal, Raúl Ángel Castellano Sánchez, emitió un oficio el pasado 28 de junio en el que indica que el Ministerio Público local puede conocer de esos hechos, debido a que los cargos de enriquecimiento ilícito y peculado también son del orden del fuero común. “No se contraponen los hechos, motivo de la carpeta de investigación”, aseveró. Abril Portillo insistió en que no debieron cerrar la carpeta, porque en cuatro meses, de la denuncia a la determinación del no ejercicio de la acción penal, es imposible desahogar las pruebas en un caso tan complejo, toda vez que la Federación lleva 27 meses con el expediente y aún no lo consigna. El juez resumió que el 23 de septiembre determinaron archivar el caso de la denuncia presentada el 26 de mayo pasado, y aunque el excontralor Raúl Chávez Espinoza presentó datos de los ejercicios fiscales 2012 al 2014 del gobierno de Duarte y que el exgobernador presentó su declaración patrimonial de 2010 al 31 de agosto de 2016, no es suficiente la investigación. Asimismo, refirió que los denunciados aportaron cuentas de Bancomer y Banamex a nombre de Jaime Herrera, en el periodo de 2012 a 2016; así como 421 depósitos que hicieron al Banco Unión Progreso con recursos del gobierno estatal, entre otros. Sin embargo, omitieron solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y tampoco hubo una auditoría realizada por expertos para determinar si desviaron recursos públicos. “La indagatoria fue unilateral y, por el contexto, se debió ahondar en la información de los imputados. No se practicó de manera exhaustiva ni técnica, se condicionó a parámetros de monopolio del Ministerio Público”, advirtió el juzgador. Igual reiteró que no se investigaron las otras empresas e instituciones financieras en las que tiene injerencia el ex gobernador ni se ahondó en el cúmulo de actividades empresariales con las que ambos aumentaron su patrimonio. Alexis Ornelas retomó los oficios y acciones que realizó al anterior MP, así como las solicitudes de los coadyuvantes, y explicó que a los defensores no les asiste la razón, debido a que no se trata de los mismos delitos de otras carpetas de investigación, puesto que no se denuncian delitos sino hechos, y corresponde al MP tipificar los ilícitos. Por esos motivos, se ordenó la reapertura del caso de Duarte y Herrera, mientras que el lunes pasado, otro juez de garantía, Octavio Armando Rodríguez Gaytán, ordenó reabrir otro caso en contra del diputado federal y colaborador cercano de Duarte, Carlos Hermosillo Arteaga, por los mismos delitos, pero acusado por el exalcalde de Parral, Gustavo Villarreal Posada.

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