GUANAJUATO, Gto. (apro).- Con 25 votos a favor y 11 en contra, el Congreso local aprobó el informe de la Auditoría Superior del Estado (ASEG) que exonera al Ejecutivo de cualquier irregularidad en la adquisición de 600 hectáreas para la instalación de la empresa armadora Toyota. En tribuna, diputados del PRI, PRD y Verde Ecologista (PVEM) recordaron que ellos ya habían advertido que la auditoría no arrojaría información que reflejara anomalías, como la especulación inmobiliaria de la que ejidatarios acusaron al gobierno estatal y a la empresa inmobiliaria JAOS & SGB –conformada por exfuncionarios de la Procuraduría Agraria en el sexenio de Felipe Calderón–, conocida como “Toyotagate”. Mexicanos Unidos contra la Corrupción reveló que JAOS obtuvo ganancias cercanas a los 300 millones de pesos al anticiparse a la compra de predios –incluso con el registro de uno de los exfuncionarios como ejidatario– y posteriormente revenderlos al gobierno estatal, que las adquirió a un precio superior. La diputada Guadalupe Velásquez, del PRI, y los coordinadores parlamentarios del PVEM y el PRD, Beatriz Manrique y Gerardo Silva, respectivamente, señalaron las limitaciones de la ASEG para revisar todo el proceso de compra-venta, lo que impidió conocer los alcances de las posibles anomalías que a mediados de año hicieron públicas los ejidatarios y medios de comunicación. “¿Cómo es posible que Mexicanos Unidos contra la Corrupción haya distinguido la presunta cadena de corrupción y nuestro órgano especializado no haya notado tan evidente detalle?”, cuestionó Velásquez, quien refirió que la empresa inmobiliaria JAOS T& SGB se formó el mismo día en que se anunció la instalación de Toyota en Apaseo el Grande, donde se construye su planta actualmente. A su vez, Beatriz Manrique, del PVEM, sostuvo que la Auditoría Superior del Estado “revisó justo aquello en lo que no podía encontrar nada distinto a lo que se encontró”, como lo advirtió hace meses, cuando dijo que sería difícil que esta revisión despejara sospechas sobre el manejo de la tierra “y de quién y cómo le abrió la puerta a esos inversionistas para que fueran saurinos y adivinaran dónde comprar”. El perredista Gerardo Silva coincidió con Manrique al señalar que desde antes de que se aprobara la auditoría –solicitada por el gobernador Miguel Márquez cuando se conocieron las compras hechas a los exfuncionarios federales– se dudaba que la revisión esclarecería las dudas. “En aquél entonces manifesté: dudo mucho que tengamos resultados a través de esta auditoría, porque los trabajos de la misma no se iban a enfocar en la empresa que compró barato y vendió muy caro. No se va a esclarecer la operación. Me atrevo a decir: fraude”, soltó Silva. Añadió: “La empresa engañó a los campesinos porque sabía que ahí se instalaría la armadora de autos, y me atrevo a decir que el gobierno también lo sabía y se prestó al engaño que se hizo a los campesinos, autorizando la compra de terrenos, y hoy sabemos que incluso sin avalúo previo como lo establece la Ley de Contrataciones Públicas”. Por ello, a nombre del grupo parlamentario del PRD presentó una iniciativa para reformar la Ley de Contrataciones Públicas del estado, con el objetivo de que no se pague por un predio un precio superior al del avalúo realizado en la última compra-venta, para aquéllos inmuebles que hubieran sido enajenados en los tres años anteriores a la fecha de la operación. Con esta iniciativa, agregó, se pretende “terminar con el tráfico de influencias y de la información pública privilegiada que conlleva un intermediarismo voraz que vende muy caro lo que compró muy barato”. En contraparte, diputados de la mayoría panista defendieron el resultado del órgano fiscalizador.