CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Diputados locales aprobaron por mayoría la Ley de Zonas Económicas Especiales que envió el gobernador Héctor Astudillo Flores para utilizar recursos públicos en proyectos de inversión privada de la industria minera y marítima, ubicados en zonas controladas por el narcotráfico. El coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, advirtió que en caso de que el gobierno de Astudillo no asuma su responsabilidad para recuperar el control territorial de las franjas de la entidad controladas por la delincuencia, depurar las corporaciones policiacas y erradicar la corrupción, "el potencial económico no va a florecer y tampoco habrá los resultados esperados". Luego, aseguró: “¿Quién va a invertir donde existe inseguridad? Sólo empresarios y políticos con vínculos directos con el crimen que pacten acuerdos para no ser molestados como hostigan al resto de la sociedad y miembros del sector productivo que son obligados a pagar cuotas". En marzo de este año, en su edición 2054, Proceso público el reportaje titulado “Inversión millonaria en territorios del narco en Guerrero”, en el que se dio a conocer que el diagnóstico del gobierno de Astudillo Flores responsabilizó a las administraciones anteriores, además de la ineficaz estrategia federal. Desde ese entonces se declaró incompetente para revertir los efectos de la incidencia delictiva en la entidad. Por el contrario, el mandatario estatal se concentra en atraer inversión privada para detonar magnos proyectos de desarrollo industrial, sobre todo minero y portuario, cuyo principal problema es que se enfocan en zonas controladas por el narco. El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED) del gobierno estatal, presentado ante el Congreso local en febrero pasado, destaca la construcción del puerto La Unión, obra anunciada desde 2007 por el entonces presidente panista Felipe Calderón en la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca. En ese sitio se encuentra la polémica termoeléctrica Plutarco Elías Calles, concebida como “una extensión” del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Igualmente, se planea establecer un eje minero que abarca municipios de las regiones de Tierra Caliente, Costa Grande Montaña, Centro y zona Norte, entre ellos Coyuca de Catalán, Zirándaro, Cutzamala, San Miguel Totolapan, Arcelia, Teloloapan, Buena Vista de Cuéllar, La Unión, Eduardo Neri, Mochitlán y Quechultenango, indica el documento, cuya copia obtuvo Proceso. Esta franja, donde el gobernador Héctor Astudillo pretende impulsar dos de sus más importantes proyectos, es controlada por la delincuencia organizada. Ahí, la confrontación entre bandas criminales ha exhibido también los nexos de políticos y autoridades de los tres niveles de gobierno y del Ejército con el narcotráfico. Luego de 10 meses, el gobernador envió al Congreso la iniciativa de ley para homologar la normatividad local al marco jurídico federal y consolidar sus proyectos estratégicos de desarrollo, así como disponer de los recursos federales destinados a las Zonas Económicas Especiales. No hay garantía de seguridad En una sesión fast track realizada este martes, la mayoría de los diputados locales del PRI y sus aliados del PRD, PAN, PT, PVEM y MC votaron a favor. Mientras que la representante de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez lo hizo en contra, con el argumento de que este esquema beneficia a inversionistas privados y no a la población sumida en la peor crisis de inseguridad, desempleo y violencia. Ricardo Mejía, coordinador de MC, indicó que “mientras no se les arrebate el territorio a los delincuentes y la población deje, con razón, de estar atemorizada, los criminales seguirán multiplicándose como una plaga depredadora que siembra terror, muerte y colapsa la vida económica”. El presidente de la comisión de Seguridad, señaló en tribuna que el artículo octavo de la citada ley enviada por el Ejecutivo, refiere que los gobiernos estatal y municipal tienen la obligación de garantizar la seguridad pública para establecer y desarrollar la inversión en las Zonas Económicas Especiales. No obstante, recordó que la mayoría de las policías de los 81 municipios de la entidad no han sido depuradas y sus elementos han reprobado los exámenes de control y confianza. Es el caso de Acapulco, Zihuatanejo, La Unión y Petatlán, donde se pretende destinar los recursos de este programa para la ampliación del puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ricardo Mejía Berdeja dijo que a la fecha las corporaciones municipales y la estatal no se encuentran a la altura de la necesidad social y de la problemática que las regiones del estado enfrenta. "Para Movimiento Ciudadano, la debilidad institucional y la corrupción de las policías, en especial las municipales, afectan el desarrollo económico de la entidad", expresó el diputado local.