Sostiene minera de Slim que ocupación en Salaverna era ilegal

sábado, 24 de diciembre de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Minera Tayahua, propiedad de Carlos Slim, precisó que el terreno de Salaverna, en Zacatecas, es de su propiedad y la ocupación por pobladores en esa zona era ilegal. La aclaración de la minera se da luego que pobladores de esta localidad zacatecana denunciaron ayer que corporaciones estatales encabezadas por personal de Protección Civil (PC) del estado efectuaron el desalojo de predios para favorecer a la minera. Al respecto, en una carta aclaratoria, la minera señala que con base en diversos estudios, se demostró que en Salaverna hay fallas naturales, por lo que habitar el lugar representa un riesgo. “Minera Tayahua mantiene su oferta de ayudar a las 17 familias que ilegalmente se mantenían Salaverna, para mudarse al Fraccionamiento Nuevo Salaverna, donde la empresa les entregará una vivienda con Título de Propiedad”, señala el documento. Además, asegura que en Nuevo Salaverna se construyeron escuelas, una biblioteca digital, una clínica familiar del IMSS, una iglesia y casa del peregrino. Ayer por la mañana, algunas viviendas de la zona fueron derribadas con maquinaria. Antecedentes Los habitantes de Salaverna habían recibido un ultimátum de las autoridades en abril pasado, cuando PC adujo que un estudio elaborado por la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), determinó que la zona donde está asentada la comunidad se encuentra presuntamente afectada por una falla geológica y se corre el riesgo de que se registren derrumbes por las obras de exploración y explotación realizadas por la minera. En ese entonces, el titular de Protección Civil, Felipe Muñoz Ruvalcaba, señaló que la propia minera estaba en disposición de apoyar a los pobladores de Salaverna en la reubicación de sus viviendas en otro sitio. “Es un buen apoyo, ¿por qué negarse?”, dijo el funcionario en aquella ocasión. En declaraciones a La Jornada Zacatecas, el delegado municipal de Salaverna, Roberto de la Rosa, manifestó que prevalece la incredulidad sobre la presencia de la falla geológica, y acusó al gobierno estatal de orquestar el desalojo mientras los habitantes de la localidad no estaban, porque precisamente habían sido citados a una reunión con funcionarios estatales en la capital para el viernes 23 por la mañana. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y el Frente Popular por la Soberanía acusaron al gobierno del estado de hacer la tarea para ayudar a la minera del magnate a ampliar su zona de operación, mientras los habitantes de Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya mantienen un litigio para exigir les sea reconocida la propiedad de 4 mil 650 hectáreas, un territorio que han ocupado por decenas de años. En días pasados se realizó una medición y deslinde por parte de personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) como parte de las diligencias dentro del conflicto de tierras. Y hoy aparecieron bulldozers y trabajadores para demoler las viviendas. El lugar fue delimitado y no se permitió el acceso de personas a las viviendas. Personal de Protección civil informó a quienes trataban de impedir el desalojo que los pobladores serían reubicados aún en contra de su voluntad, por el supuesto riesgo que corren ante la presencia de la falla geológica. Según el Frente Popular, la minera de Slim pretende operar en esa zona una mina a cielo abierto. “Es totalmente contradictorio que a Protección Civil sólo le interese desalojar a los habitantes y le tenga sin preocupación la vida de cientos de mineros que continúan trabajando en la parte subterránea de la mina… Esta medida seguramente ha sido tomada con el aval del gobierno del estado, puesto que recientemente el gobernador personalmente trató de convencer al presidente municipal de Mazapil para que aceptara el desalojo de los habitantes que aún permanecen en Salaverna, lo cual no aceptó”, refirió el Frente. En tanto, integrantes del movimiento y pobladores de Salaverna se plantaron afuera de la Casa de Gobierno para exigir al mandatario Alejandro Tello una explicación y el cese de las demoliciones. La dirección de Protección Civil emitió un comunicado en el que informó que de una veintena de viviendas en Salaverna, por lo menos 16 presentaban riesgo de colapsar, por lo que se procedió a la demolición.

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