Activista de Nuevo Laredo denuncia amenazas del Ejército, tras exhumaciones

martes, 27 de diciembre de 2016
NUEVO LAREDO, Tamps. (apro).- Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), denunció que es objeto de amenazas del Ejército, mediante mensajes que hacen alusión a su persona, en páginas que él sospecha que son manejadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El activista de Tamaulipas dijo que en días recientes ha padecido hostigamiento, después de que consiguió que la Procuraduría General de la República (PGR) exhumara cadáveres de varias personas que, de acuerdo con sus familiares, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en un incidente violento ocurrido en esta ciudad el pasado 3 de septiembre. Ramos detalló que, luego de que en diciembre peritos del ministerio público federal desenterraron los cuerpos de cinco de los ocho fallecidos a balazos para su análisis, la página Nuevo Laredo al Rojo Vivo (http://nuevolaredoenvivo.webnode.es/) y la cuenta en Facebook con el mismo nombre han publicado mensajes intimidatorios. “A consecuencia de esta denuncia que promovimos con los familiares, he recibido ataques en redes sociales. He recibido amenazas con personas que tienen perfiles reales y otras con perfiles falsos, en la página que se llama Nuevo Laredo Frontera al Rojo Vivo. Es una página operada por el Ejército”, denunció Ramos. Explicó que, formalmente, la Sedena no es responsable del portal y su respectiva cuenta en Facebook, aunque sí se percibe su origen castrense por los contenidos que ahí se muestran. “Oficialmente no la maneja la Sedena, pero suponemos que son militares. Ingresa a la página, revisa la información que se publica ahí y te vas a dar cuenta que es operada por Sedena. Las amenazas me han llegado por ahí y por la misma, pero en Facebook”, detalló. El activista dijo que ya denunció el hecho al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humano y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), pero no ha obtenido respuesta favorable ni ha recibido, hasta ahora, ningún tipo de ayuda. La página tiene como única referencia de su procedencia una leyenda al final que remite a Grupo Nuevolaredoenvivo, con el año del 2012. Además, exhibe los logotipos de la Sedena y Secretaría de Marina, con sus respectivos números telefónicos y correos para hacer denuncias anónimas. Incluso, tiene fijo un anuncio que señala “Sedena: la Secretaría de la Defensa Nacional da seguimiento y observa los comentarios y denuncias que la ciudadanía vierte en este chat”. Practican necropsias Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), explicó que el pasado 10 de diciembre, médicos forenses llegaron a esta ciudad para ahondar en la denuncia que presentaron familiares por una posible ejecución extrajudicial en un evento ocurrido en el kilómetro 13 de la Carretera Nuevo Laredo-Monterrey. En ese lugar perecieron Edwin Cruz García, Ismael Coli Canela, Francisco Marcelino Ibarra Pantoja, Ángel Hernández Torres, Leonardo Rendón Aguilar, Fernando Alonso Hernández, Juan Pablo Herrera Jáquez y Ricardo René Pineda Gallegos. Por una bala perdida murió una mujer ajena a los hechos. Inicialmente, se reportó que el hecho fue un enfrentamiento, pero los familiares denunciaron que aunque estas personas se habían rendido, fueron perseguidas y asesinadas por los militares (Proceso 2086). El activista explicó que tras las muertes, dos de los cuerpos masculinos fueron incinerados. Los peritos llegaron a esta capital a hacer seis exhumaciones, pero sólo pudieron practicar pruebas en cinco cadáveres, pues uno fue enterrado en un panteón distinto al que inicialmente fue reportado. Entre el 10 y el 13 de diciembre, los especialistas analizaron los restos de cuatro cuerpos sepultados en el Panteón Municipal Nuevo y uno en el Panteón del Norte, dijo el presidente del CDHNL. Según su explicación, inicialmente, los familiares se mostraban renuentes a la realización del procedimiento pericial, pues estaban irritados por la pérdida y renuentes a volver a pasar por el dolor de enfrentar otro proceso relacionado con las investigaciones. “A los familiares se les explicó cuál iba a ser el procedimiento. Al principio estaban molestos por el dolor de desenterrar a sus familiares. Pero luego entendieron, por una explicación que les dio la autoridad, que esto era necesario para avanzar en las investigaciones y dieron su autorización. Y se les aclaró que los cuerpos no serían llevados a otra ciudad”, dijo. Los cadáveres fueron extraídos de las fosas y transportados a una funeraria local, donde fue efectuada la segunda autopsia por agentes de la PGR en presencia de personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); luego los regresaron a su final morada terrestre. Durante las diligencias, los peritos estuvieron protegidos por elementos de la Policía Federal y de la estatal Fuerza Tamaulipas hasta que terminaron su trabajo. Luego regresaron a la Ciudad de México para revisar las evidencias. El próximo 15 de enero entregarán un reporte completo a los familiares de los resultados de las necropsias, dijo Ramos.