PUEBLA, Pue. (apro).- Organizaciones civiles y ciudadanos denunciaron que el proceso de renovación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de Puebla se lleva cabo bajo con vicios de origen que parecen estar más bien orientados a elegir perfiles cercanos al gobierno del panista Rafael Moreno Valle. En una carta abierta, 21 organizaciones dejan en claro que la designación de los comisionados del órgano de transparencia “no abona a la confianza”, luego de una serie de irregularidades que se han cometido, antes y durante la publicación de la convocatoria que emitió el Congreso local para los aspirantes a integrarlo. Entre los firmantes se encuentran el Nodo de Transparencia de Puebla, Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi Puebla), Artículo 19, Mexicanos contra la Impunidad y la Corrupción, Centro de Estudios Espinosa Yglesias AC, México Evalúa, Capítulo Puebla de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Lado B y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos). Igual, aparecen nombres de periodistas, activistas, académicos y otras agrupaciones como Puebla Vigila, Comisión Anticorrupción de Coparmex-Puebla, Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Renacer Lagunero AC, entre otros. En el documento señalan que en principio el Congreso local desestimó la propuesta que presentó el pasado 12 de octubre un grupo de organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación superior y ciudadanos, en el sentido de conformar un panel de expertos que contribuyera a la evaluación de los aspirantes a comisionados. “Las organizaciones y ciudadanos firmantes lamentamos que el Congreso del estado haya desestimado la propuesta planteada inicialmente, que tenía como objetivo contribuir a generar las condiciones para que los nombramientos que emanen de este proceso contaran con legitimidad de origen y generaran la confianza ciudadana”, mencionan. Además, agregan que el Congreso de Puebla llevó a cabo una reforma al artículo 12 de la Constitución del estado, que no fue más que una armonización a la que estaba obligado desde 2014, pero que se llevó a cabo hasta ahora para “proteger el régimen de opacidad que ha existido durante la presente administración”. A partir de esta reforma, indican, se planteó la renovación del pleno del órgano de transparencia, lo cual tendría el propósito de dejar fuera a la comisionada Norma Estela Pimentel Méndez, quien se ha destacado por tener una postura crítica en las resoluciones en contra de los sujetos obligados, y pudo haber ocupado la presidencia de la CAIP. Igual se quejan de que la convocatoria emitida por el Congreso, el viernes 25 de noviembre, contempla los plazos insuficientes para la presentación de las candidaturas, lo cual dificultará que cualquier ciudadano pueda reunir la documentación solicitada. “Los periodos establecidos para la evaluación de los perfiles son reducidos, lo que abre la posibilidad de que los candidatos no sólo carezcan de la experiencia requerida, sino que se eligen perfiles cercanos al gobierno del estado, como ha sucedido en los últimos tres procesos de designación”, señalan los firmantes. “Por lo anteriormente expuesto”, puntualizan, “expresamos nuestra preocupación ante la posible cooptación del órgano garante, a partir de un proceso que nuevamente está viciado de origen y que no genera las condiciones necesarias para que los nombramientos que emanen de éste cuenten con legitimidad de origen, generando desconfianza ciudadana y nulificando la posibilidad real de independencia de un órgano constitucionalmente autónomo”. También aseguran que el proceso que se lleva para la designación de los comisionados no abona a la confianza, por lo que darán puntual seguimiento a los trabajos que realizará el Congreso en las próximas semanas. Desde el arranque de su sexenio, Moreno Valle ha sido acusado de intervenir en la designación de integrantes de la Comisión de Transparencia de Puebla, al grado de haber sido conformada durante su sexenio de manera mayoritaria por excolaboradores o exfuncionarios de su gobierno.