Urge ombudsman de SLP a Fiscalía estatal atender desapariciones

miércoles, 7 de diciembre de 2016
SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado, Jorge Vega Arroyo, urgió al procurador de Justicia Federico Garza Herrera a subsanar las carencias de protocolos y contar con una fiscalía especializada, un registro estatal y personal capacitado para la búsqueda e investigación en los casos de personas desaparecidas denunciados ante esa instancia. “Estamos rebasados como autoridad ante este fenómeno”, señaló el titular de la comisión. Según el registro federal de personas extraviadas o desaparecidas –mismo que es alimentado por las procuradurías de los estados– en San Luis Potosí oficialmente se conoce de 64 personas desaparecidas del 2006 al 2016; es decir, en los últimos diez años. Al presentar el Informe especial sobre el acceso a la verdad y la investigación efectiva en casos de personas desaparecidas en el estado, Vega Arroyo conminó al procurador Federico Garza Herrera a que se actúe de inmediato en la búsqueda de las personas que son reportadas como desaparecidas o no localizadas, en lugar de recurrir a los estereotipos de que “están con amigos” o de esperar hasta después de 48 ó 72 horas para iniciar una investigación. “A la Procuraduría no le compete juzgar, sino actuar. Que primero busque a las personas y después indague qué tipo de delito o qué acción penal ejercerá o no”, señaló el ombudsman potosino. Este informe fue elaborado en el transcurso de un año, por presión de los propios familiares de personas desaparecidas en el estado, de las cuales la CEDH tiene abiertos 42 expedientes de queja que involucran a 61 personas desaparecidas, iniciados por familiares que se inconformaron por el desempeño o la atención de la Procuraduría para atender estos casos. Las omisiones en que ha incurrido la PGJ potosina por la falta de protocolos, información sistematizada y atención especializada a estos casos han violentado los derechos de las personas desaparecidas y de sus familiares, dijo el ombudsman. “Nos percatamos de que estamos igual que a nivel nacional: dispersión en averiguaciones previas; no hay banco de datos, no hay grupos especializados para investigar, no hay peritos o información para el banco de genética…estamos solicitando una fiscalía especializada, se necesitan expertos para la búsqueda y localización de personas, eso requiere no sólo San Luis, sino todo el país”, dijo Vega Arroyo a Apro, después de la presentación del informe ante familiares de desaparecidos en un salón de posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis. Incapacidad de los MP Precisamente, familiares han expuesto en diversos foros y medios la incapacidad o la falta de experiencia del personal de las agencias ministeriales del estado para recibir e investigar los casos, como ha ocurrido con las desapariciones de cuatro jóvenes que trabajaban en la campaña del exgobernador Fernando Toranzo, o las desapariciones de la menor Zoé Zuleica Torres Gómez en diciembre del año pasado, y de la profesora de danza Cinthia Paola Castro Rodríguez, el 4 de octubre. Ante la inconformidad de algunos de los presentes en el informe por las cifras presentadas, el titular de la Comisión de Derechos Humanos aclaró que no pretende declarar una guerra de datos a la PGJ, y que su investigación se basó en los expedientes de queja que abrió el organismo, independientemente de las denuncias penales o el reporte de la Procuraduría de Justicia al Banco de datos de la PGR en la materia, con la finalidad de proponer acciones y de colaborar para una mejor atención de las denuncias. Como parte de las sugerencias, Vega Arroyo planteó en el informe dirigido al procurador Garza Herrera que se gestione el acceso a recursos del Fondo de seguridad para los estados, para emplearlos en equipar y capacitar a una Fiscalía especializada y a un grupo de la Policía Ministerial. En cuanto al protocolo, el informe perfila que éste debe incluir “la geolocalización de vehículos o dispositivos móviles; la consulta a Semefos, albergues, estaciones y centros de detención; la búsqueda de información en redes nacionales, así como la emisión de alertas en carreteras, financieras y con autoridades migratorias; establece además que debe tenerse contacto con los familiares de las víctimas, lo cual, en los casos expuestos en el presente Informe Especial, no se advirtió que se llevara a cabo, sobre todo en los casos recientes”. Más incertidumbre Así, de las 64 personas de San Luis Potosí desaparecidas e incluidas en el registro federal, una mayoría son jóvenes de entre los 16 y los 25 años y han desaparecido en la capital (43); en el municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez (12), Ahualulco (3), Matehuala y Tamazunchale (2 cada uno), así como en Villa de Reyes, Villa de Arriaga, Zaragoza, Coxcatlán, Tampacán, Salinas, Ciudad Fernández, Venado, Ciudad Valles, Matlapa y Rayón. Aunque la Comisión cuenta con otros casos no reportados por la PGJ en el registro federal, por los expedientes de queja iniciados: siete personas desaparecidas en Huehuetlán, uno en Tamasopo, uno en Tanquián, uno más en Tamuín y cuatro en Rioverde. Uno de los aspectos contenidos en el informe refleja las contradicciones o vacíos de la información oficial en las propias áreas de la Procuraduría de Justicia. Por ejemplo, la Unidad de inteligencia de la Policía Ministerial le informó a la comisión que no cuenta con una base actualizada de personas extraviadas y no localizadas, sino solamente 11 averiguaciones por desaparición forzada, mientras que la Unidad especializada en delitos de alto impacto “sólo reportó tres investigaciones en trámite en el periodo de 2009 a 2013”, y otras 20 averiguaciones relacionadas con personas desaparecidas del 2009 al 2015. En dos casos la CEDH emitió recomendaciones por dilación, integración irregular de la averiguación y omisiones en la práctica de diligencias, en agosto y septiembre del 2015; en uno de los casos, por el extravío de evidencia importante. Una de estas recomendaciones correspondió a la desaparición de los jóvenes Moisés Gámez Almanza, Luis Francisco Medina Rodríguez, Julio César Coronado Noriega y Marco Antonio Coronado Castillo, desaparecidos desde el 11 de octubre del 2009, días después de haber concluido su colaboración con el equipo de campaña del priista Fernando Toranzo, entonces gobernador electo. En la entrevista con Apro, el Ombudsman explicó que se está pidiendo que desde el ejecutivo se impulse una reforma penal para tipificar la desaparición entre particulares, a fin de diferenciarla de la desaparición forzada (por autoridades). “Ahorita se castiga la privación ilegal, la desaparición forzada (o el secuestro) pero queremos que se establezca la figura que haga diferencia con la desaparición forzada”, señaló. “En SLP estamos a tiempo para reforzar prevención, pero también reacción para actuar ante una denuncia de desaparición”, concluyó Vega Arroyo.

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