CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de Justicia de Sinaloa confirmó la detención de dos hombres por su presunta participación en la masacre de 13 personas en la zona serrana de San Ignacio, ocurrida la mañana del pasado sábado. Mario López Valdez, gobernador del estado, informó en conferencia de prensa que en las próximas horas podría ser capturado un tercer responsable que aparentemente se encuentra herido como resultado de la emboscada en las inmediaciones de la comunidad Tepehuajes, cerca de los límites con Durango. Según información del diario Noroeste, el procurador Marco Antonio Higuera Gómez aseguró que a los dos detenidos les aseguraron un fusil AK-47 y que cada uno portaba una pechera con cargadores. Dijo que ambos fueron entregados a la Procuraduría General de la República (PGR) acusados de portación de armas de uso exclusivo del Ejército. El funcionario añadió que solicitarán a un juez la orden de aprehensión contra estas personas por su presunta responsabilidad en la matanza ocurrida en San Ignacio, donde murieron ocho hombres y cinco mujeres. Actualmente, dijo, existen dos testigos que sobrevivieron a la masacre, quienes rinden su declaración al respecto. Según el informe de las autoridades, en el lugar de la detención fueron encontrados 402 cartuchos --141 pertenecientes de rifles AK-47, 252 de AR-15 y el resto para pistola 9 milímetros--; además de dos explosivos y dos vehículos: una camioneta Chevrolet doble rodada modelo 1984 --en cuyo interior había tres cadáveres-- y una Tacoma 2014 con placas de Sinaloa con reporte de robo. Higuera Gómez informó que una de las víctimas era familiar de Librado Gamboa Ruelas, tras de quien la autoridad tenía cinco órdenes de aprehensión. Se trata del presunto líder de la gavilla que disputa la zona contra Ramón Gallardo Campista El Gato. En junio del año pasado su familia dijo que éste murió durante un ataque a una camioneta Hummer; no obstante, el supuesto cuerpo no ha sido encontrado, razón por la que la Procuraduría no ha reconocido oficialmente su muerte. Según el titular de la PGJE, desde 2004 existe una rivalidad entre los grupos delincuenciales de esa zona. Ante ello, el gobernador López Valdez anunció que reforzarán la seguridad en la zona serrana con personal del Ejercito Mexicano, la Marina  y policías ministeriales.