Desaparecidos en Nuevo León podrían encontrarse detenidos en penales: Fundenl

martes, 16 de febrero de 2016
MONTERREY, NL (apro).- Desde el año pasado familiares de desaparecidos exigieron a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) que buscara en penales de la entidad a personas secuestradas, dado que tenían información de que podrían encontrarse indebidamente encerradas en esos espacios. Hoy, luego de la tragedia en el penal de Topo Chico, donde 49 reos perdieron la vida, vuelve a resurgir esa petición, sobre todo después de que el procurador Roberto Flores Treviño reconoció que entre los fallecidos del pasado miércoles 10 había cuatro internos sin registro, situación que consideró “irregular”. En entrevista, el vocero de Fundenl, Jesús González, recordó que el año pasado, durante la administración del priista Rodrigo Medina, presentaron una solicitud al entonces procurador Javier Flores para que efectuara una revisión, persona por persona, en cada uno de los tres penales que administra el estado: el Topo Chico, en esta capital, el de Apodaca y el de Cadereyta. Y es que desde entonces, dijo, tienen información de que algunos desaparecidos podrían encontrarse encerrados en alguno de esos Centros de Readaptación Social (Cereso), pero su solicitud de revisión fue ignorada. “Los procuradores de la administración anterior no nos hicieron caso. Nosotros les solicitamos directamente a ellos que hicieran una confronta, persona por persona, dentro de los penales, para saber quiénes están ahí, pero lo más que nos ofreció el último procurador de (Humberto) Medina, Javier Flores, fue revisar por medio de las huellas dactilares, pero no sirve, porque si hay una suplantación, es la misma registrada con las huellas que le tomaron. Y la revisión no se dio”, explicó. De acuerdo con González, la presencia de personas ingresadas subrepticiamente a los penales ocurre en ocasiones porque algunos elementos ministeriales atrapan a sospechosos y los encarcelan, para luego ver “cómo le hacen” para procesarlos. El activista expuso que en el proceso de transición, luego de que Jaime Rodríguez Calderón ganó la gubernatura, Fundenl entregó un plan de trabajo al actual procurador Roberto Flores Treviño, en el que de nueva cuenta se le pidió que hiciera la verificación de identidad de los internos, pero otra vez fueron ignorados. Tras la masacre en el penal regiomontano, el gobierno de Nuevo León inició la identificación de los fallecidos y de inmediato se logró la filiación de 40 cadáveres, pero nueve de ellos estaban sin nombre. De éstos, cinco terminaron calcinados y cuatro no contaban registro. Los primeros finalmente fueron identificados como: Angelino Sánchez Jaramillo, Morgan Jesús Rosales Villeda, Jaime Cabello Figueroa, José Ovalles Salas y José Juan Salazar Leija. En tanto, los que no tenían registro son: Roberto de Jesús Martínez Govea, Ricardo de Jesús Espinoza Beltrán, Juan Mario Pérez Herrera y Diego Enrique Martínez Ávila, pero no se ha esclarecido si formaban parte de la población penitenciaria. El procurador estatal informó que tras la muerte de los 49 internos se inició un juicio por los delitos de homicidio calificado contra la directora del reclusorio, Gregoria Salazar Robles; l subcomisario de Administración Penitenciaria, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, y el custodio José Reyes Hernández Aguilar. El gobierno nuevoleonés ordenó la reubicación de 233 internos en diversas cárceles del país para aliviar el hacinamiento en el penal de Topo Chico, donde elementos de la Policía Federal encontraron celdas “de lujo” con pantallas de plasma, baños sauna y cantinas, además de puestos y tendajos.

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