CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sandino Rivero Espinosa, integrante del grupo de abogados que lleva el caso de Nestora Salgado, informó que los jueces primero y segundo del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, ordenaron reponer los tres procesos que se le siguen a la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá. Los jueces que tienen a su cargo las causas penales 5/2014, 196/2013 y 48/2014 tomaron esa decisión ante las claras “violaciones al debido proceso, entre ellas la falta de notificación al consulado de Estados Unidos, toda vez que Nestora es ciudadana norteamericana”, puntualizó Rivero, miembro de la organización Defensa Estratégica en Derechos Humanos (DEDH). La determinación judicial implica dejar sin efecto todo lo actuado en las tres causas penales y recabar nuevamente la declaración preparatoria de la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, y en el término constitucional de 72 horas resolver su situación jurídica. De acuerdo con Rivero Espinosa, las declaraciones preparatorias de la activista se tomarán con “la asistencia de personal de la embajada de Estados Unidos, ya que en sus primeras declaraciones no se le dio a conocer su derecho a la asistencia consular, motivo suficiente para la reparación del procedimiento”. Detalló que el juez penal 67 del centro penitenciario de Santa Martha Acatitla será el encargado de tomar por exhorto las declaraciones preparatorias a partir de las 20:00 de este jueves. “Esto implica una oportunidad para su libertad en sus tres procesos, porque van a ser los jueces de Tlapa los que determinen si se confirma el auto de formal prisión o de libertad”, dijo el abogado. Luego de explicar que faltarían algunas órdenes de aprehensión por ser notificadas “y que seguramente se darán a conocer en estos días”, Sandino Rivero confió que en la corrección de los procesos penales se decrete la libertad de Nestora Salgado, dado que se presentaron pruebas de descargo en los últimos 12 meses “que no existían hace más de dos años, cuando los jueces resolvieron por primera ocasión su situación jurídica”. Y explicó que por el procedimiento de exhorto, la libertad o formal prisión se decidirá el próximo 1 de marzo. La exigencia de la liberación de Nestora Salgado concitó diversas movilizaciones de organizaciones nacionales e internacionales, debido a que se trata de una autoridad elegida por el sistema de usos y costumbres y reconocida por la legislación guerrerense en apego al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además de esas movilizaciones, la sociedad civil también exigió a los exgobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega el desistimiento de las causas penales, estrategia que, según Rivero, no funcionó, por lo que “hicimos una reposición del procedimiento a partir de la violación a su derecho fundamental (de Nestora Salgado), que no le fue respetado”.