Diócesis de Matehuala rechaza tiradero tóxico entre SLP y Zacatecas

domingo, 28 de febrero de 2016
SAN LUIS POTOSÍ, SLP (proceso.com.mx).- El Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz AC entregará este lunes a las secretarías de Gobernación y Medio Ambiente (Semarnat) así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos un pronunciamiento colectivo firmado por el obispo de la diócesis de Matehuala, Lucas Martínez Lara, y varios sacerdotes en contra del confinamiento de residuos tóxicos que se pretende instalar en la localidad de Palula, en los límites con Zacatecas. Este pronunciamiento fue hecho público por un grupo de sacerdotes en Matehuala, quienes dijeron apoyar la oposición de habitantes de las comunidades aledañas a la instalación del tiradero industrial, que ya cuenta con la autorización de la Semarnat, indicó Ricardo Sánchez García, representante del Centro Samuel Ruiz. Se trata de un confinamiento operado en un predio particular adquirido a nombre de José Cerrillo Chowell –empresario propietario de minas también en la región– y la empresa Cerco de Ingeniería y Tecnología Sustentable, en el cual se pretende depositar los desechos de miles de industrias de la región, hasta el Estado de México. Ejidatarios, población indígena y otros sectores sociales de la zona han manifestado su desacuerdo y preocupación por los efectos de la próxima operación del confinamiento, particularmente en la contaminación de afluentes y escurrimientos superficiales. Por lo menos diez comunidades del altiplano potosino se ven amenazadas por el tiradero industrial. En su pronunciamiento, los obispos y sacerdotes de la diócesis de Matehuala y la provincia eclesiástica de San Luis Potosí expresan su oposición al proyecto pues, en estudios realizados por el Colegio de San Luis, se han constatado una serie de anomalías en los permisos otorgados. La manifestación de impacto ambiental de la Semarnat señala, por ejemplo, que en cinco años de operación del confinamiento se recibirán poco más de 3 millones de toneladas de residuos, y a partir del sexto año, se recibirá un millón de toneladas anuales. “Creemos que pudo deberse a errores humanos, pero si no fuera así, es porque se trata de engañar a nuestro pueblo”, dice el documento, que también ha turnado copia a los gobernadores de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, y de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, ambos priistas. El permiso de uso de suelo fue otorgado por el gobierno municipal anterior de Santo Domingo justo poco antes de concluir el trienio, en una sesión extraordinaria y secreta. Denunciaron que la empresa está circulando un boletín en el que maneja información falsa, al  afirmar que el confinamiento se ubicará en un ecosistema árido y semiárido y que no afectará aguas o arroyos ni impacta en la actividad agropecuaria, además de que “no hay zonas habitadas en un radio de 10 kilómetros”. “Estudiantes de la UNAM y del Colegio de San Luis verificaron la existencia de 40 pozos de agua en un radio de 30 kilómetros”, además de que los habitantes de las comunidades cercanas han afirmado que desarrollan sus actividades agropecuarias en un área que será impactada por el tiradero. “Es seguro que cada tonelada de residuos afectará los medios de vida de los campesinos de San Luis y Zacatecas”, indica el pronunciamiento, en el que también se resalta que no se efectuó la consulta social requerida para la autorización de la Semarnat. Por ello, hicieron un llamado a las autoridades para que revisen este proyecto y otros como el tiradero en Guadalcázar –también en la zona del Altiplano– “que sigue siendo un foco de contaminación tremendo” con residuos de industrias de los sectores automotriz, químico, metalmecánico, plaguicidas y por lo menos 170 toneladas de medicamentos vencidos del IMSS. Más de 20 mil toneladas de estos residuos fueron enterrados en un predio conocido como La pedrera por la empresa Metalclad “y al parecer se ha quedado en el olvido”, refirieron. La Pastoral social de la diócesis de Matehuala ha acompañado al grupo de ejidatarios que se organizaron para oponerse al confinamiento. Sin embargo, en contraparte –según denuncia la propia estructura católica– los empresarios interesados en que se instale el tiradero han ofrecido diversas dádivas a la población para ganar voluntades, como televisores, láminas y empleos. “Como sacerdotes y obispos de nuestras diócesis, nos comprometemos a dar seguimiento a los acontecimientos…y a estar caminando al lado de nuestro pueblo”, anunciaron, y llamaron a otros sectores y activistas a unirse para respaldar a los ejidatarios.  

Comentarios